La provincia de Cádiz, donde ocurrió la tragedia de Barbate en la que fallecieron dos guardias civiles tras ser atacados por una potente narcolancha, es un punto caliente del tráfico de drogas en Andalucía que, además, tiene que lidiar con el colapso de los tribunales. Se trata de la provincia en la que más droga se incauta, con el 50% del hachís y el 78% de cocaína que se intervino en toda Andalucía en 2022, tal como recoge los datos publicados en la última Memoria de la Fiscalía, aunque poco a poco su actividad se ha ido conectando con la que se da en Huelva. La falta de coordinación y la escasez de recursos para los órganos jurisdiccionales es una de las debilidades de la costa andaluza para la persecución de los narcos.

Sobre las iniciativas que se han puesto en marcha para poner remedio a esta situación, desde la Fiscalía General del Estado explican a LA RAZÓN que la no tiene autonomía presupuestaria. "En esto depende totalmente del Ministerio de Justicia", señalan estas fuentes, que aclaran que solo pueden exponerle las necesidades, pero nada más. Este periódico intentó ponerse en contacto con el Ministerio de Justicia en el día de ayer, pero no obtuvo respuesta.

Los datos que compila el documento son reveladores. En 2022, último año publicado, hubo una sensible reducción de las cantidades de hachís intervenidas, casi la mitad de lo incautado en 2021. Con la cocaína ocurrió lo contrario, pues las incautaciones aumentaron un 78,4%.

También informe de la actividad de la Fiscalía en esta provincia, donde el número de diligencias previas disminuyó un 21%, aunque se dobló el número de sumarios y creció el número de diligencias urgentes. La cantidad total de escritos de acusación en Cádiz fue de 711, en procedimientos de distinto tipo, no solo relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Pero dentro de la geografía andaluza, hay otras áreas que también están protagonizando un repunte de la actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas. El informe alerta del notorio crecimiento de las incautaciones de hachís en la provincia de Huelva, que se sitúa en segundo lugar después de Cádiz. No es de extrañar: sus 122 kilómetros de costa son un enorme atractivo para los narcos que quieren esquivar la presión policial del Campo de Gibraltar y optan por trasladar a esta zona sus operaciones.

Aquí se están proliferando las organizaciones criminales que funcionan a modo de cooperativas ilícitas que cuentan con miembros propios y un entramado de mecánicos, pilotos, tripulaciones, collas para la descarga, encargados de guarderías, etc.

Los efectos de la mayor presión en el Campo de Gibraltar también han impactado en Málaga, donde crecieron las incautaciones de narcolanchas como la de la tragedia de Barbate y de hachís, una zona que, como señala el informe, ya está marcada por la presencia de organizaciones extranjeras dedicadas tanto al narcotráfico como al blanqueo de los fondos obtenidos. Allí sí hubo un refuerzo, con un nuevo delegado en Marbella, que se incorporó en abril de 2022.

En el caso de las provincias de Almería y Granada, la Memoria de cuenta de numerosas causas por grandes incautaciones de cannabis en plantaciones exteriores y cultivos "indoor". También hay un número relevante de procedimientos sobre "enormes complejos empresariales” que, bajo la apariencia del cultivo del cáñamo con escasos beneficios económicos, “encubren producciones enormes de cánnabis con concentraciones de THC nunca vistas”, concluye.

Colapso en las fiscalías

Los obstáculos para que la Justicia haga su trabajo en Andalucía, especialmente en las provincias con mayor actividad del narco, son notorias. El informe da cuenta del estancamiento de algunas causas relevantes de blanqueo en el Puerto de Santamaría, en la misma Barbate o en Chiclana. Todo ello como consecuencia de la sobrecarga de los juzgados y de los cambios de funcionarios y jueces titulares.

A ello se añaden las dilaciones y retrasos en la celebración de juicios orales, algunos de los cuales están pendientes desde 2011, asegura el texto de la Fiscalía. Las dificultades se dan por la duración excesiva de la fase intermedia y, en las causas más complejas y con mayor número de acusados y de letrados, debido a los problemas para coordinar las agendas de señalamientos de varios días.

También se pone el acento en el colapso de los juzgados y las fiscalías de Algeciras, Cádiz y Huelva, derivados del incremento de los operativos policiales desarrollados en el marco del Plan Carteia, creado por la Guardia Civil en 2019 para reforzar la vigilancia de toda la costa andaluza.

En este caso, la Memoria destaca la falta de coordinación y sostiene que “se puso en marcha sin prever, en ninguna de sus fases, la necesidad de reforzar fiscalías, juzgados y tribunales” y acusa que se realizó "sin tener en cuenta que el éxito de la lucha contra la droga no se agota con el aumento de detenciones e incautaciones, sino con las condenas de los autores y la recuperación de las ganancias ilegalmente obtenidas”. Esta problemática ha derivado en “graves retrasos en las instrucciones de las causas”, una situación que es más acusada en los procedimientos por blanqueo.

Y es que faltan refuerzos y recursos. Así queda de manifiesto cuando señala las numerosas dificultades para el enjuiciamiento de la “enorme cantidad de procedimientos que deben ser atendidas por el mismo número de juzgados, fiscales y tribunales”.

En la Memoria también se destaca el incremento de la carga de trabajo en la Fiscalía de Área de Jerez, un fenómeno que relaciona directamente con las actuaciones y alertas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido “al crecimiento de acciones de narcotráfico en Sanlúcar de Barrameda”, señala el texto.

Narcolanchas: colaboración con Portugal

En la Memoria también se menciona la represión del delito de contrabando de las embarcaciones de alta velocidad (EAV), conocidas como narcolanchas, similares a la que el viernes arrolló la zodiac de los guardias civiles. La Fiscalía señala que estas naves se consideran “género prohibido” desde octubre de 2018.

Sin embargo, el documento recuerda que para que esta medida sea eficaz, se requiere “un urgente trabajo conjunto con Portugal”. Esto porque las embarcaciones se desplazan a al país vecino, aprovechando la frontera, porque los modelos de narcolanchas no están prohibidas en su territorio. La coordinación, pues, con las autoridades portuguesas es clave para que este tipo de delincuencia no encuentre en su territorio una suerte de “refugio” para los navíos que se utilizan para transportar cargamentos de drogas.

En definitiva, la Memoria de la Fiscalía se centra en los fenómenos que se dan en la costa andaluza, especialmente en las zonas “calientes” para el tráfico de estupefacientes. Y deja patente que la falta de coordinación y la escasez de recursos para los órganos jurisdiccionales son una debilidad en la persecución del narcotráfico y del blanqueo, una realidad que se conoce, pero que no se remedia.