El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado este jueves que la Comisión Europea tiene “cero preocupación” por la salud del Estado de Derecho en España por la tramitación de la ley de amnistía. Bolaños ha realizado estas declaraciones tras haber mantenido sendas reuniones con el comisario de Justicia Didier Reynders y la vicepresidenta de Valores y Transparencia Vera Jourová en la capital comunitaria. Estas palabras del ministro contrastan con el discurso pronunciado por Reynders en el Parlamento Europeo de Estrasburgo en el que, si bien evitó pronunciarse sobre si la nueva ley española contraviene la legislación europea, sí aseguró que el Ejecutivo comunitario realizaría a partir de ahora un análisis “con detenimiento, de forma independiente y objetivo”. Posteriormente, Reynders aclaró que la Comisión Europea esperará el fin de la tramitación de esta ley para analizar posibles enmiendas. Según Bolaños, el Ejecutivo comunitario sabe que la proposición de ley es “absolutamente conforme” a la Constitución, al derecho de la Unión Europea y también a sus valores. Sobre la reunión de este jueves, el comisario de justicia se ha limitado a señalar en un mensaje en la red X que había sido un “muy buen encuentro” y que “el diálogo continuará con las autoridades españolas”.

Según el ministro, durante las dos reuniones con los cargos comunitarios, la mayor parte del tiempo ha estado dedicado a analizar el bloqueo del Consejo de Gobierno del Poder Judicial, una parálisis que cumple cinco años este próximo lunes y a la que Bolaños ha culpado de manera exclusiva al Partido Popular, al que también ha acusado de jugar “con el buen nombre de España para hacer política

Según el titular de Presidencia, la Comisión Europea le ha mostrado una “preocupación máxima” por este tema ya que afecta a la normalidad institucional y al derecho de los ciudadanos a la tutela judicial. Sobre los próximos pasos que dará el Gobierno para terminar este bloqueo, Bolaños se ha mostrado dispuesto a dialogar con la nueva cúpula del Partido Popular, fuerza la que ha hecho un llamamiento para recuperar “la normalidad institucional”.

Por el momento, el Ejecutivo comunitario se ha mostrado prudente sobre la nueva ley de amnistía. Tras pedir información detallada a nuestro país antes de que el texto viera la luz, el Gobierno de Pedro Sánchez envió el pasado 14 de noviembre la proposición de ley, que comenzó a ser estudiada por los técnicos comunitarios. Tras ser anunciado el nuevo Gobierno, Bolaños llamó por teléfono a Reynders y Jourová para explicarles que la ley de amnistía es un asunto de política española y que no se está poniendo en entredicho el respeto al Estado de derecho.

Posteriormente, la Comisión Europea tuvo que salir al paso de las informaciones que apuntaban a una evaluación preliminar por parte del Ejecutivo comunitario a favor de la nueva normativa. En todo caso, ahora Bruselas está estudiando si en el articulado de la ley de amnistía existe algún elemento que ponga en cuestión los intereses financieros de la Unión Europea y el respeto al Estado de derecho. Las instituciones comunitarias se han dotado de un mecanismo sobre el Estado de derecho que condiciona el desembolso de los fondos europeos a que se pongan en cuestión los intereses económicos de la Unión, lo que ha llevado a castigar a Polonia y Hungría por su deriva autoritaria. El artículo 2 del borrador de la ley de amnistía remitido al Congreso hace una mención expresa a que no se ponen en peligro estos intereses financieros y ahora Bruselas debe estudiar si esta promesa es cierta.

Además, la Comisión Europea también está examinando si la ley de amnistía abarca los denominados casos de “lawfare”, lo que se entiende como la utilización espuria de los mecanismos de la justicia para la cacería política. Aunque en el acuerdo político entre Socialistas y Junts abre la puerta a que las comisiones parlamentarias puedan examinar este tema, lo que podría poner en cuestión la separación de poderes, la ley de amnistía tan sólo se refiere a los actos que están vinculados de manera directa o indirecta al proceso independentista y no se menciona de manera expresa el “lawfare”.

En el Parlamento Europeo, Reynders aseguró que la Comisión Europea analizará también los pactos del Gobierno con el resto de formaciones. En su rueda de prensa este jueves, Bolaños ha descartado que estas comisiones parlamentarias vayan a afectar a los procedimientos judiciales y que cualquier actividad delictiva que se ponga de manifiesto durante estas investigaciones parlamentarias se denunciará ante la Fiscalía.

Aparte de la posibilidad de congelar los fondos europeos, la Comisión Europea puede activar el artículo 7, el denominado en los pasillos comunitarios como botón nuclear, que puede desembocar en su último estadio en la pérdida del derecho de voto del Estado miembro concernido. Hasta ahora, tan sólo se ha pulsado este botón nuclear en el caso de Polonia y Hungría, después de que la Comisión Europea hubiese abierto numerosos procedimientos de infracción a los dos países al constatar una violación sistemática del Estado de Derecho. El artículo 7 es un procedimiento que puede ser activado tanto por el Ejecutivo comunitario como por la Eurocámara.