Begoña Gómez comprobará finalmente en qué queda su ofensiva procesal –secundada por la Fiscalía– para frenar la investigación contra ella por parte del juez Juan Carlos Peinado por un posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La esposa de Pedro Sánchez estará muy atenta a lo que determinen los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que se reúnen hoy para deliberar y decidir si archivan la causa, en la que además de Begoña Gómez están imputados el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés, a quien la mujer del presidente del Gobierno recomendó por escrito en sendas adjudicaciones públicas.

Aunque la resolución no se conocerá hasta pasados unos días, las fuentes consultadas apuntan a una posible estimación parcial del recurso –al igual que sucedió el pasado mayo con las primeras peticiones de archivo sobre la mesa– en la que, sin embargo, la Sala rechace dar carpetazo a la investigación de Peinado. Lo que sí es seguro es que los magistrados intentarán dictar la resolución por unanimidad.

De los cinco integrantes de la Sección 23, una se ha apartado por razones obvias –Pilar Llop, exministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez–, por lo que serán los otros cuatro los que deberán constituir la Sala: Enrique Jesús Bergés, María del Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo y José Sierra. Solo tres integrarán el tribunal, pues la Audiencia de Madrid no ha considerado que el asunto requiera de la presencia de cinco magistrados, como sucede, por ejemplo, cuando se decide sobre la prisión de un encausado. «Es un asunto ordinario», señalan esas mismas fuentes.

Aunque, como sucedió hace casi cinco meses, la Sala acote la investigación de Peinado pero le permita seguir adelante con la instrucción, el aval (con o sin letra pequeña) al magistrado significaría un duro revés para la estrategia procesal de Begoña Gómez, y dejaría además en evidencia a la Fiscalía (que en demasiadas ocasiones ha asumido un papel más propio de la defensa). Y es que los recursos del abogado de la esposa de Pedro Sánchez están repletos de reproches a Peinado, a quien incluso ha denunciado por prevaricación el matrimonio, el delito más grave que se puede atribuir a un juez, en la medida en que supone extender la sombra de la sospecha sobre decisiones judiciales supuestamente espurias, es decir, adoptadas a sabiendas de que son injustas. La equilibrada imagen de la Justicia despojada de la venda en los ojos y con la balanza trucada, o algo así.

El pasado mayo, la Audiencia de Madrid no vio motivos suficientes para ordenar el archivo de la causa, aunque acotó el rumbo de la instrucción, algo que pese a todo desde la Fiscalía y la defensa de la esposa del jefe del Ejecutivo se interpretó como una pequeña victoria. Los magistrados orillaron una primera parte de la denuncia de Manos Limpias, por considerarla «inverosímil o con datos erróneos». En cuanto a su supuesta intervención en el rescate de Globalia (por sus reuniones con Javier Hidalgo, consejero delegado de la compañía, que patrocinó el IE África Center que dirigió Gómez, y el empresario Víctor de Aldama, vinculado al grupo empresarial y uno de los principales comisionistas de la «trama Koldo»), la Sala dejó claro que se trataba de una «simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales» (aunque deslizó un reproche por la falta de «controles administrativos previos» que garantizasen una mayor transparencia). De este modo, la Audiencia madrileña ciñó la investigación a las ayudas a Innova Next, la empresa de Barrabés, profesor en el máster de la cátedra de Begoña Gómez, donde sí apreció «datos objetivos suficientes» que legitimaban la actuación judicial.

Pero una vez que la Fiscalía Europea asumió la investigación de esos contratos por nutrirse de fondos comunitarios, la defensa de Begoña Gómez se quejó de que la causa estaba vacía de objeto y de que Peinado estaba llevando a cabo una investigación prospectiva. Lo cierto es que a partir de entonces –aunque el magistrado llegó a pedir un informe a la SEPI sobre el rescate de Air Europa y las adjudicaciones bajo sospecha a Barrabés– la instrucción viró hacia la cátedra de la esposa de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense, hasta el punto de que Peinado decidió imputar al rector Goyache, a quien ya había tomado declaración como testigo (y, por tanto, con la obligación de decir la verdad).

Pero si la Sala se niega a archivar la investigación y respalda a Peinado, Begoña Gómez tiene un «plan B» para intentar, al menos, apartar al magistrado de la causa: la querella presentada contra el juez por prevaricación y revelación de secretos. El detonante fue la citación como testigo de Pedro Sánchez, obligado a declarar en el Palacio de la Moncloa en lugar de hacerlo por escrito, al considerar el instructor que los hechos por los que iba a ser interrogado (el presidente se acogió a la dispensa legal que le eximía de testificar contra su mujer) no los había conocido por razón de su cargo. Se trataba de las reuniones de su esposa con Barrabés en la residencia presidencial, a una de las cuales asistió brevemente el propio Sánchez, que también se vio con Barrabés en Moncloa en una cita con empresarios por asuntos de innovación.

Tras esa comparecencia, tanto el presidente del Gobierno (a través de la Abogacía del Estado) como Begoña Gómez se querellaron contra el magistrado, dos denuncias a la espera de un pronunciamiento sobre su admisión a trámite (la Fiscalía ya ha apoyado la del jefe del Ejecutivo). Si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) da su visto bueno a la denuncia de la esposa de Pedro Sánchez, la investigación puede dar un vuelco porque Peinado se vería forzado a apartarse del procedimiento al admitirse una denuncia contra él por una persona a la que investiga.

El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el juez debe abstenerse si es "denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal". En el caso de la querella de Sánchez, el caso es bien distinto, en la medida en que el líder del PSOE no es parte en el procedimiento (declaró como testigo), por lo que una posible animadversión o apariencia de parcialidad no justificaría que Peinado se apartase.

Pero en caso de verse obligado a archivar la causa, Peinado también podría seguir investigando a Begoña Gómez, pues hace solo unos días el TSJ de Madrid le instó a asumir una querella de Hazte Oír contra ella por apropiación indebida por el software que desarrolló en el máster en la Complutense. Unos hechos fuera del objeto de la causa (el mismo juez se negó en principio a asumirlos al desconectarlos de su procedimiento) y que, por tanto, serían ajenos a la decisión de la Audiencia de Madrid.