El Senado debatirá y votará este martes la reforma de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales, una iniciativa que puede acabar beneficiando a etarras condenados en Francia. En concreto, la iniciativa ha introducido una enmienda que permite a los terroristas descontarse las penas que cumplieron en Francia y acelerar su salida de presión. Ese escenario ha hecho al PP reaccionar: la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha avisado este lunes que, si se confirma el "engaño" del Gobierno de Pedro Sánchez para acortar penas a presos de ETA, su formación actuará para que no se consume este "ultraje".

De momento, pese a la mayoría absoluta que ostenta en el Senado, el PP ya no tiene margen para tumbar la reforma de la Ley y devolverla al Congreso. Los populares, por mucho que voten en contra este martes, no van a poder impedir que se publique inmediatamente después en el Boletín Oficial del Estado y entre en vigor. Las leyes solo regresan del Senado al Congreso cuando han sufrido algún cambio y, en este caso, eso ya no es posible porque durante la tramitación en Comisión no se han introducido enmiendas.

El Gobierno ha colado a través de una enmienda un cambio legal que permitirá rebajar penas de cárcel a 41 etarras, según ha adelantado "El Confidencial". En este sentido, tanto PP como Vox y UPN dieron su apoyo al conjunto de la ley en septiembre, que ya incluía esa enmienda por dentro porque se incorporó en la Ponencia, y eso es lo que ha hecho desencadenar las críticas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra estas formaciones por no estar atentas a los efectos que pueden producir los cambios legales que cuela el Gobierno.

En concreto, la enmienda está impulsada por Sumar y deroga la "Disposición Adicional única de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea": es decir, derogando ese precepto, se habilita la aplicación del descuento de penas impuestas en otros países a condenados con anterioridad al 15 de agosto de 2010 y, en ese periodo temporal, es donde entran numerosos etarras. En concreto, la Disposición Adicional, aprobada en 2014, exime de aplicar la Ley a "las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010".

Ese precepto legal se ideó para evitar que se beneficiaran los etarras y su derogación ha sido una reivindicación lejana de Bildu, que ha conseguido ahora, en plena negociación de los Presupuestos con el Gobierno. De esta manera, tanto esa reforma legislativa, acordada bajo la máxima discreción y jugando al despiste porque ha sido impulsada por Sumar, como la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana (con la rebaja de sanciones por desobediencia y resistencia a la autoridad o la eliminación de las pelotas de goma), parece que se han convertido en el peaje del Gobierno a pagar para conseguir aprobar las Cuentas de 2025 y resistir.

La Ley que se reforma está aprobada desde 2014 y fue impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. La norma nació como una transposición de directiva europea en materia de cooperación judicial entre los Estados de la Unión Europea y tenía la intención de acabar con el doble cumplimiento de penas por el mismo delito que algunos delincuentes cumplían en dos país comunitarios distintos. Para evitar que esa Ley beneficiara a los etarras condenados en Francia, el Gobierno del PP incluyó esa disposición para que no pudiera aplicarse a condenados con penas impuestas antes del 15 de agosto de 2010.

Núñez ha asegurado que van a estudiar "todas las herramientas" a su alcance de "confirmarse que el Gobierno ha engañado a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y ha aprovechado para beneficiar" a esos presos de ETA. "Si se confirma ese ultraje, esa indecencia a la que ha sometido a este Parlamento, y el engaño a todos los grupos parlamentarios, desde luego que desde el PP vamos a estudiar todas las herramientas políticas, jurídicas y parlamentarias para evitar que esto se consume", ha abundado en declaraciones a los medios en el Congreso.

Tras las palabras de Núñez, también se pronunció el portavoz del PP, Borja Sémper, quien ha considerado "amarga" la "sensación" que ha dejado el procedimiento legislativo de una Ley que va a beneficiar a etarras. A juicio de Sémper, la tramitación parlamentaria ha estado "adulterada" porque ha estado "sujeta a artimañas" y ha advertido con este tipo de acciones del Gobierno, luego "las leyes salen mal", algo que ha ocurrido ya con errores de gran magnitud en la Ley del "sí es sí" o la Ley de Paridad desde que el PSOE está en la Moncloa. "Nos preocupa mucho esta jugarreta para que a través de una enmienda los etarras vean rebajadas las penas y se le descuenten las que cumplieron en Francia", ha aseverado Sémper.

En cuanto a las medidas que se podrían poner en marcha, Sémper, en la misma línea que Núñez, aseguró que las "están analizando". "No descartamos ninguna medida para que lo que tenga el impacto necesario", ha añadido, aunque realmente, la única vía que queda será el Tribunal Constitucional ya que tampoco hay mucho margen para presentar un nuevo cambio legal porque lo que se aprueba ahora será ya de aplicación irremediable.