La Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, de archivar la pieza sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid entre 2007 y 2011 para los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González.

La sección cuarta de lo Penal ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE este martes, en el que desestima el recurso que interpuso la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) contra el auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente a procesamiento) del juez.

En dicho auto, de octubre de 2022, el magistrado propuso juzgar al exconsejero madrileño Francisco Granados, al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez y a otros seis investigados por la presunta financiación irregular del partido en las elecciones autonómicas de 2011 y contratos de posicionamiento online de altos cargos.

El magistrado dejó entonces fuera de la causa a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, en sintonía con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, fundamentalmente debido a la prescripción y a la falta de indicios sólidos. Un año antes, el juez ya había sacado de la causa a la también expresidenta Cristina Cifuentes.

La Sala afirma en su auto que "no consta" que la expresidenta madrileña y del PP de Madrid Esperanza Aguirre "haya utilizado los poderes que tenía adjudicados en su condición" de presidenta de Fundescam, de modo que "no sólo puede concluirse que no hubo un uso indebido de los fondos de la fundación" por Aguirre, sino que de una conversación telefónica que mantuvo con Ignacio González, los magistrados deducen que "ignoraba cuales eran las funciones de la indicada fundación".

En dicha conversación, que la acusación adujo en su recurso y el auto reproduce, ambos hablaban del "funcionamiento" de Fundescam y su supuesta utilización "como medio de financiación del partido popular madrileño" y en un momento determinado, Aguirre afirmó: "Que nos hayamos saltado el límite del dinero electoral para la campaña, pues, puede, pero desde luego Fundescam no ha pagado”.

Tras años de investigación, de los 79 imputados, el magistrado sólo vio indicios para sentar en el banquillo a ocho.

Lo que ocurre con Aguirre y González es que los delitos de falsedad electoral vinculados a las elecciones autonómicas de 2007 y 2008 estarían prescritos, de modo que el juez decidió no enviarles a juicio.

Además, recuerda la Sala, el juez no vio indicios del delito de malversación con respecto a González "al no existir dato alguno incriminatorio del plan confabulador de la élite del partido popular en pro de su financiación".