Fiscalía

Anticorrupción pide al juez del "caso Koldo" que impute a dos altos cargos de Transportes

Solicita al instructor que cite como investigados al subsecretario Jesús Gómez García, al director de Personal de ADIF, Michaux Miranda, y al exresponsable de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares

El exministro José Luis Ábalos sale tras ofrecer una rueda de prensa en la que ha anunciado que mantiene su acta de diputado por Valencia en el Congreso y que pasará al grupo mixto,
El exministro José Luis Ábalos sale tras ofrecer una rueda de prensa en la que ha anunciado que mantiene su acta de diputado por Valencia en el Congreso y que pasará al grupo mixto,Alberto R. RoldánLa Razón

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del "caso Koldo" que cite como investigados a dos altos cargos del Ministerio de Transportes, el subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, Jesús Gómez García, y al director de Personal de ADIF Michaux Miranda. Además, reclama al magistrado Ismael Moreno que impute también al exsecretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares.

Del informe de la UCO, mantiene el fiscal, se desprende que Jesús Gómez García, Álvaro Sánchez Manzanares y Michaux Miranda "podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas, sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos".

Respecto a la adjudicación del contrato de suministro de mascarillas por parte de ADIF, dice la Fiscalía, fue Miranda "quien asumió un papel relevante para que los trámites legales fueran cumplimentados por ADIF y la contratación pudiera llevarse a término". El análisis de los correos intervenidos ha revelado, aseguran los agentes, que aunque su equipo de trabajo le avisó de que la contratación de Soluciones de Gestión "suponía un mayor riesgo" por la "solvencia o el riesgo de impago" frente a la oferta de otra de las empresas candidatas, Innjoo, Michaux Miranda "recibió instrucciones para contratar con Soluciones de Gestión".

En cuanto a la supuesta implicación de la Subsecretaría de Transportes que dirigía Jesús Gómez en la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas, Anticorrupción pone de relieve su "situación jerárquica", su dependencia de Ábalos y "la vinculación directa" entre Gómez y Koldo García. Unas adjudicaciones por parte de Puertos del Estado y ADIF que, añade, "son lideradas" por Álvaro Sánchez Manzanares y Michaux Miranda, "dos personas que gracias a las intervenciones telefónicas y a la actividad operativa han podido vincularse directamente con Koldo García".

Los agentes ponen de manifiesto que los correos electrónicos analizados revelan que Jesús Gómez "parece ejercer como correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores". Y llaman la atención sobre el hecho de que, en su declaración policial como testigo, afirmó que no participó de manera directa o indirecta en la adjudicación de los contratos bajo sospecha, "afirmación se ha revelado alejada de la realidad". Además, resalta, tal y como consta en los informes policiales "mantuvo varios encuentros" con Koldo García.

Todos ellos han sido señalados por la Unidad Central Operativa (UCO) en varios informes. El último, en el que señalaba que a través de su entonces asesor Koldo García, el exministro de Transportes José Luis Ábalos tuvo «conocimiento» de las adjudicaciones investigadas para el suministro de material sanitario en plena pandemia.

En ese informe, la Guardia Civil apuntaba también a un alto cargo del Ministerio de Economía, Javier Sánchez Fuentefría, en la actualidad director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y ex director General de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, respecto a quien sin embargo la Fiscalía no pide su comparecencia como investigado, aunque sí como testigo.

La UCO determinó que hay indicios de que ejerció de que Gómez actuó como «correa de transmisión entre la esfera próxima del ministerio y los entes adjudicadores». Y respecto a Michaux Miranda, director general de Gestión de Personas de ADIF, aseguraba que siguiendo instrucciones de Transportes fue el encargado a través de su departamento de «gestionar» la adjudicación a favor de Soluciones de Gestión.

En cuanto a Sánchez Fuentefría, que entonces era director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, la UCO atribuye a su departamento «un papel clave» en la contratación de Soluciones de Gestión.

La petición de comparecencias de la Fiscalía no se paran ahí, pues también insta al juez a llamar como testigos a Francisco Toledo, presidente de Puertos del Estado entre marzo de 2020 y diciembre de 2021, y a otros dos cargos del organismo público: Aránzazu de Miguel, jefa del área de Contratación y Gerencia de Riesgos, y María Belén Caballero, jefa de departamento de Contratación. De ADIF, Anticorrupción quiere que testifiquen su presidente, Isabel Pardo de Vera; Martín José Navarro, director de Recursos Humanos; Jesús Ángel Díaz, jefe del área de Recursos Humanos, Soporte y Alta Velocidad; Guillermo Martínez, secretario general y secretario del Consejo de Administración.

También como testigo propone que declare, además de Sánchez Fuentefría, Daniel Belmar, subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y medios para la Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La Fiscalía señala que la investigación ha puesto de manifiesto que por parte de Puertos del Estado la gestión de la contratación de Soluciones de Gestión, la empresa de la "trama Koldo", fue "liderada" por Sánchez Manzanares, entonces secretario general de Puertos del Estado, puesto en el que fue cesado a raíz de su supuesta implicación en los hechos investigados. Sánchez Manzanares, afirma Anticorrupción, "tenía una estrecha relación con Koldo García" (que era asesor y hombre de confianza de Ábalos en Transportes), "evidenciada no sólo por las intervenciones telefónicas y los seguimientos policiales, sino también por los correos remitidos entre ambos".

El fiscal Luis Pastor también apunta que se ha acreditado que los responsable de Soluciones de Gestión "tenían conocimiento de que iban a resultar adjudicatarios de un contrato, al menos tres días antes" que el propio organismo que efectuaba la adjudicación, Puertos del Estado. Y se refiere a un correo de Sánchez Manzanares a su equipo en el que le no solicita "localizar una mercantil para el suministro de mascarillas, sino articular la compra de manera legal, circunstancia que viene a reforzar que la selección de la empresa ya se habría realizado" por parte del Ministerio de Transportes, que es "quien imparte las instrucciones".