Didier Reynders, belga, nacido en Lieja en 1958, se ha convertido en una pieza clave para los principales problemas que actualmente afectan al Poder Judicial en España. Son conflictos domésticos, pero podría desempeñar un rol fundamental en los relacionado con la ley de amnistía y con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Él mismo ha destacado la renovación de los vocales como un asunto prioritario. Se trata del órgano constitucional sobre el que recae el gobierno de los jueces y que el 4 de diciembre cumplió cinco años con el mandato caducado. Esto, a su vez, tiene repercusiones en el nombramiento de jueces y magistrados que no pueden realizar, por ejemplo, en el Tribunal Supremo, donde ya hay 24 plazas sin cubrir, 86 vacantes en total en toda la cúpula judicial. Sin duda, es una situación anómala que impide el correcto funcionamiento de la Justicia.

Ante la propuesta de Alberto Núñez Feijóo que aceptó Pedro Sánchez sobre un rol de supervisión de las negociaciones desde Bruselas para que no solo se renueve el consejo, sino también para que se cambie el sistema de elección de las plazas que corresponden a magistrados (el propio Reynders ha insistido en que deben ser los jueces los encargados de elegir a estos vocales), aún no hay respuesta oficial. Sin embargo, el comisario de Justicia ya se había ofrecido a desentrabar las negociaciones el año pasado, cuando estuvo en España.

La falta de nombramientos de los miembros del CGPJ es prioritario, también lo dijo en Madrid, en octubre, aunque con el Gobierno en funciones. Reynders parece haber impuesto el criterio que expresó en aquella ocasión: renovación inmediata, primero; y después, reforma del sistema de nombramientos para evitar que el Poder Judicial pueda verse debilitado por las injerencias de la política y por la consecuente falta de independencia. Hay impaciencia en Europa para que se ponga fin a esta anomalía lo antes posible y así quedó de manifiesto en el último informe anual sobre el Estado de derecho de la UE, en la que se puso el énfasis en sus efectos en el Tribunal Supremo y en todo el sistema judicial.

Por otra parte, está la aprobación y aplicación de la ley de amnistía, de la que se cuestiona no solo su apego a la Constitución de 1978, sino también que sea acorde con los principios que protege el Tratado de la Unión Europea (TUE) y su defensa del Estado de derecho. Aunque la vía europea que más se menciona es la del planteamiento por parte de los jueces de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), también hay quienes creen que puede haber una solución de corte más político. Y ahí podría intervenir nuevamente Reynders.

No solo los representantes políticos, sino también algunas organizaciones de la sociedad civil, han dirigido su mirada al comisario europeo de Justicia en busca de una solución ante la futura ley que, sostienen, es contraria a los principios del Estado de derecho que protege y defiende Europa. Para los más críticos, el hecho de que haya desmentido a través de su portavoz las declaraciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre que la ley de amnistía genera «cero preocupación en la Comisión Europea», es una señal positiva de que no se dejará llevar por las estrategias de comunicación del Ejecutivo. Otras fuentes destacan que el tono de este desmentido delatan que la amnistía sí preocupa en la Comisión. Y esperan que el comisario de Justicia dé algún toque de atención a España sobre la norma. Algunos expertos, incluso, apuestan por que, llegados a un momento extremo, impulse la apertura de un recurso de incumplimiento en base al Reglamento de condicionalidad, que impediría acceder a fondos europeos. Sería una medida de corte político extremo, pero no descartan que se produzca, siempre y cuando Reynders lo decida.