Daniel Belmar, ex subdirector general de Planificación y Gestión de la Secretaría de Estado de Seguridad, aseguró en la Audiencia Nacional el pasado 19 de septiembre en su declaración como testigo que fue un comisario de confianza del ministro Fernando Grande-Marlaska, quien le remitió a Soluciones de Gestión para la compra de un millón de mascarillas que debían devolver al Ministerio de Transportes y Adif porque se las habían adelantado ante la escasez de material sanitario en pandemia. "Él tiene acceso directo al ministro y al secretario de Estado, y habla por boca del ministro y del secretario de Estado", dejó claro cuando fue cuestionado por los motivos por los que siguió sus indicaciones y se puso en contacto con Soluciones de Gestión, la empresa de la "trama Koldo".

Belmar, cuya imputación acaba de rechazar el juez Ismael Moreno -así lo solicitó Vox por las contradicciones entre la versión que dio al juez y lo que declaró a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil-, recordó que "fue directamente" José Antonio Rodríguez González, alias "Lenin", director general de Coordinación y Estudios, quien le puso en contacto con la empresa de la trama a través del empresario Iñigo Rotaeche, imputado en este procedimiento. Así consta en el vídeo de su comparecencia, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

"Hicimos un expediente de emergencia por cuatro millones de euros", recordó. "Era un material que desconocíamos. Ni sabíamos quiénes eran los suministradores ni qué tipo de mascarillas. Tuvimos que hacer un curso acelerado para no comprar todo esto a ciegas", explicó. "Mi sorpresa es que no encuentro a nadie. ", aseguró. Cuando se lo comunica a José Antonio Rodríguez González, alias "Lenin", el comisario de máxima confianza del ministro Grande-Marlaska, este le traslada que "en Fomento están comprando".

Tras comprar un millón de mascarillas a una empresa que acabó desistiendo porque "perdían dinero con nosotros", el alto cargo explicó que se encontraron "en un callejón sin salida", por lo que recurrieron a Adif y Transportes que "nos adelantaron un millón de mascarillas que teníamos que devolverles".

Como no encontraban proveedores para devolver ese material a Transportes, se puso en contacto de nuevo con "Lenin", entonces director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, que le remitió a Soluciones de Gestión y se puso en contacto con la empresa recomendada a través de Iñigo Rotaeche.

Tras cerciorarse de que estaba al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, dijo, "nos suministró el millón de mascarillas que teníamos que devolver a Transportes y Adif".

"¿Sabe la persona del Ministerio de Transportes que designó a Soluciones?", le preguntó el fiscal. "Fue directamente José Antonio (Rodríguez González) quien dio el nombre de Iñigo y me dio el teléfono para llamarlo". "¿Sin indicarle quién se lo podía haber facilitado?". "No".

A preguntas del abogado de Hazte Oír, una de las acusaciones populares, que le mencionó que en su declaración ante la Guardia Civil se refirió a la existencia de una reunión interministerial celebrada en la sede de Fomento en la que se habrían decidido las empresas adjudicatarias, el ex alto cargo se retractó. "Yo les dije que no. No sé qué interpretaron. Desde luego yo no estuve en ninguna reunión, desconozco si hubo alguna reunión y de haberla quién pudo asistir y si se levantó algún acta. No sé por qué interpretó eso la UCO". "¿No leyó antes de firmar si el acta se correspondía con sus palabras?", se interesó el letrado Javier María Pérez-Roldán. "Sí, pero jamás dije eso porque no lo puede decir. Desconozco eso", intentó zanjar la controversia.

Belmar, que asumió que él era el "responsable de la ejecución" del contrato para la adquisición de las mascarillas, explicó que el material sanitario se entregó a la Policía y que no acudió a la recepción de las mascarillas. "Van de Transportes y Adif a recoger la parte del millón de mascarillas y de Policía con camiones recogen las nuestras para llevarlas a la Escuela Nacional de Protección Civil". "No pude asistir. Estaba yo solo", dijo.

Tras dejar claro que la Ley de Contratos "prohíbe los pagos adelantados" y que no se produjo ningún abono anticipado antes de la recepción de las mascarillas -"yo por ahí no hubiese entrado"-, contó que Raminatrans era la empresa "que recepcionaba la mercancía y la repartía". Fue, admitió, Iñigo Rotaeche quien la eligió.

A la letrada de Vox, Marta Castro, le reiteró que no tuvo que consultar con Transportes o Adif para la tramitación del contrato. "La Subdirección era experta en hacer contratos. Asesoramiento, ninguno. Llevo haciendo contratos desde 2009", subrayó. Preguntado por la persona que fue a recibir las mascarillas para la Policía Nacional, el testigo dijo no recordarlo.

Alberto Durán, abogado del PP, que también ejerce la acusación popular, pidió a Belmar que explicase por qué a la Subsecretaría que dirigía, que él mismo calificó como "muy pequeñita", le "sobraba dinero para hacer esa compra" de material sanitario. "Muy sencillo. A raíz del Covid toda la actividad se paraliza, estábamos a principios de año y teníamos sobrante".

El letrado se sorprendió de que, pese a no depender del comisarió próximo a Marlaska, "usted le escucha y hace caso de lo que le dice". "La Dirección General de Coordinación y Estudios coordina las necesidades de Policía y Guardia Civil y tenía la información de las necesidades", explicó. "Nadie impone nada". "Y él le dice que hable con no sé quién ¿y usted le hace caso?", insistió el abogado del PP. "Claro, porque el tiene acceso directo al ministro y al secretario de Estado y él habla por boca del ministro y el secretario de Estado". El testigo aclaró que esas instrucciones no se la dieron por escrito. "Las órdenes verbales también existen", replicó.

Belmar volvió a negar que conociese la existencia de una reunión interministerial y que se levantase acta de esos encuentros, como consta en su declaración ante la UCO. "Yo esa reunión ni la conozco ni he estado en reuniones".