Alerta de los jueces por la carga de trabajo: casi la mitad de las jubilaciones son ya voluntarias

Casi la mitad de los jueces que se jubilaron el pasado año, el 47,47%, lo hicieron de forma voluntaria, una tendencia que agudiza la situación que vive la carrera judicial por el progresivo aumento de la carga de trabajo motivado por el incremento de la litigiosidad y la insuficiente oferta de nuevas plazas. En el horizonte, los 1.600 jueces que se jubilarán hasta 2031 -de los casi 5.500 ahora en activo- lo que según la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) enfrente a la judicatura a un "alarmante problema" ante el riesgo de no poder garantizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

La segunda asociación judicial más representativa ha elaborado un estudio sobre las jubilaciones en la carrera judicial que arroja unos datos inquietantes: cada cuatro días se jubila un juez en España (en 2023, 99 en total, 47 de forma voluntaria). Y ese porcentaje de jueces que optan por abandonar la carrera voluntariamente se ha disparado respecto a 2022: del 31,4 por ciento entonces al 47,47% del pasado ejercicio.

¿Los motivos? Según ese estudio, más allá de razones personales, quienes han dado ese paso aluden también a la "desazón porque no ven horizonte a una Justicia que está cada vez más desbordada y a una carga de trabajo creciente ante la que no se está poniendo remedio".

Sergio Oliva, portavoz de la AJFV y responsable del estudio, asegura que el Ministerio de Justicia "es conocedor de esta grave situación, pero no ha esbozado siquiera una solución para hacer frente al desafío histórico de las jubilaciones masivas". Oliva denuncia que en nuestro país los tribunales están "sobrecargados". Las cifras hablan por sí solas: pese a que la tasa de litigiosidad -que mide los asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes- continúa creciendo (entre el 143,8 y el 147,5% el pasado año, muy por encima del 128,3% de 2018), en España hay 11,26 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a la media europea de 17,6.

Reproche al Gobierno

"Ante este grave fenómeno", se queja la asociación judicial, el Gobierno " no ha adoptado ninguna decisión significativa en forma de incremento de plantilla de jueces y unidades judiciales, que permita mitigar, siquiera sea mínimamente, el sobreesfuerzo que ello supone para quien tiene que dar respuesta a estos nuevos asuntos".

Según cálculos del propio CGPJ, para la próxima década se precisa la incorporación de cerca de 6.500 nuevos jueces, lo que implicaría la convocatoria de entre 310 y 320 plazas anuales hasta 2032. Sin embargo, la última convocatoria de jueces –del pasado noviembre- ha sido de 120 plazas, que según Oliva "son manifiestamente insuficientes".

El estudio señala tres causas del aumento de las jubilaciones "que se entrelazan y se retroalimentan": el envejecimiento de la carrera judicial, la creciente sobrecarga de trabajo y "la ausencia de una carrera profesional bien definida, donde se reconozca la experiencia y la competencia para continuar ejerciendo como juez".

"Resulta obvio que si las mismas manos tienen que resolver en el mismo tiempo más asuntos, el resultado será que se podrá dedicar menos tiempo a los mismos", apunta el estudio, que incide en que la sobrecarga de trabajo "no solo afecta a la calidad de la administración de Justicia, sino que tiene un impacto directo en la salud y el bienestar de los jueces, lo que puede precipitar sus jubilaciones voluntarias" o anticipadas. "La presión constante y la falta de recursos adecuados para hacer frente a esta carga de trabajo contribuyen al agotamiento y la fatiga de los jueces", recalca la AJFV.

"No caben las cábala políticas"

Y en cuanto a la falta de incentivos profesionales, asegura que cuando los jueces "no tienen un camino claro de desarrollo profesional que reconozca su experiencia y competencia, es más que probable la búsqueda de otras oportunidades profesionales" o que se planteen la jubilación "como una opción atractiva" pues esa falta de incentivos "puede desmotivar a los jueces experimentados".

El aumento de las jubilaciones "no solo pone en peligro la calidad de la justicia en un país democrático -advierte la asociación judicial- sino que también plantea desafíos significativos para garantizar la estabilidad y la integridad de la judicatura en el largo plazo". Y alerta de que "está en riesgo la tutela judicial efectiva de la ciudadanía". "Y con esto no caben las cábalas políticas. Las medidas que se tomen en respuesta a este desafío determinarán la integridad de nuestro sistema judicial", subraya.

Para hacer frente a este problema, la AJFV reclama como medidas prioritarias la elaboración de un plan estratégico que incluya el aumento de la plantilla, la creación de más unidades judiciales, la disminución de la carga de trabajo y "el diseño de una verdadera carrera profesional".