La proposición de ley de amnistía beneficia a 382 personas condenadas, procesadas o investigadas en procedimientos relacionados con el proceso soberanista en Cataluña, de los que únicamente 73 son agentes de las Fuerzas de Seguridad. A la cabeza, los líderes del desafío independentistas que mantuvo en jaque al Estado de derecho y que culminó con la intervención en Cataluña y el cese en bloque del Gobierno de Puigdemont. Estas son las principales causas beneficiadas por la ley de amnistía que defiende el Gobierno:

Puigdemont y el resto de procesados fugados de la Justicia española

Tras seis años de batalla judicial desde el extranjero, Carles Puigdemont verá despejado su horizonte judicial, porque la ley de amnistía que ha pergeñado el Gobierno obliga a archivar las tres causas que tienen pendientes: en el Tribunal Supremo por el «procés», en el Tribunal de Cuentas por el desvío de tres millones de euros de dinero público para el 1-O y en la Audiencia Nacional por sus supuestos vínculos con los graves altercados con que Tsunami Democràtic respondió en la calle a la sentencia que condenó a los líderes soberanistas.

El documento registrado ayer en el Congreso también abre la puerta al regreso de Puigdemont pues obliga a dejar sin efecto una posible euroorden o una orden de detención internacional relacionada con el «procés».Ahora mismo, Llarena mantiene activa una orden nacional de detención contra Carles Puigdemont, aunque la OEDE para reclamar a Bélgica su entrega está paralizada tras la pugna del eurodiputado con la Justicia europea sobre su inmunidad, que confirmó la concesión del suplicatorio por parte del Parlamento Europeo.

De Junqueras a Turull: los líderes independentistas condenados por el «procés»

El proyecto de ley de amnistía que promueve el PSOE beneficia a los dirigentes independentistas condenados a prisión por el Tribunal Supremo (TS), con Oriol Junqueras, a la cabeza. Indultados de la pena de cárcel, a algunos de ellos –como al líder de ERC, los exconsellers Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva– les resta por cumplir la pena de inhabilitación que les impide presentarse a las elecciones. Pero en su caso, no se liberarían de forma inmediata de ese impedimento legal, pues el Tribunal Supremo tiene un plazo máximo de dos meses para ejecutar la amnistía. No obstante, fuentes jurídicas apuntan que puesto que la proposición de ley obliga a que los procedimientos se archiven con una resolución judicial firme, puede darse el caso de que transcurra ese plazo sin que el Tribunal Supremo haya resuelto los recursos planteados, o que la aplicación quede suspendida cautelarmente por decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si Llarena o la Sala de lo Penal plantea una cuestión prejudicial para dirimir una posible vulneración del derecho europeo.

El juicio en el Tribunal de Cuentas por desvío de fondos, en la cuerda floja

La norma que quieren aprobar el Ejecutivo y sus socios también desbarata el proceso de exigencia de responsabilidad contable que puso en marcha el Tribunal de Cuentas contra Puigdemont, Junqueras, Artur Mas y una treintena de ex altos cargos de la Generalitat, cuyo juicio se celebra el próximo lunes. Al extender los efectos de la ley al ámbito contable, este proceso –en el que se reclama a los encausados entre tres y cinco millones de euros por el dinero público utilizado en la organización del 1-O y en promocionar el «procés» en el extranjero– queda descafeinado. Y es que una posible sentencia condenatoria, si es que se produce antes de la entrada en vigor de la norma, sería papel mojado porque no se aplicaría salvo que en ese momento la resolución fuese ya «firme y ejecutada (una posibilidad muy incierta puesto que contra la decisión del organismo contable cabe interponer un recurso de revisión o de casación ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, lo que demoraría aún más los plazos).

Investigaciones por terrorismo: los CDR y Tsunami Democràtic

Aunque la proposición de ley excluye expresamente de su aplicación las causas por delitos de terrorismo, especifica que sucederá así «siempre y cuando haya recaído sentencia firme», algo que no ha sucedido en la causa de los Comités de Defensa de la República (CDR) ni en la de Tsumami Democràtic. En el primer caso, los doce supuestos ex integrantes de la rama más violenta de los CDR están pendientes de juicio. Y en el segundo, el juez Manuel García Castellón mantiene investigadas por terrorismo a una decena de personas, entre ellas Puigdemont y la secretaria general de ERC Marta Rovira (también fugada, aunque en su caso en Suiza). En este procedimiento, la Fiscalía retiró su acusación por terrorismo tres días después del 23J y acaba de pedir al instructor que deje la causa en manos de los juzgados de Barcelona, al reducir los hechos a meros desórdenes públicos (tras la derogación del delito de sedición).

Además de los actos de terrorismo con sentencia firme, la propuesta de ley de amnistía deja fuera de su aplicación aquellos con resultado de muerte. De ahí que la resolución en la que el juez García Castellón vincula la toma del aeropuerto del Prat instigada por Tsunami Democràtic con la muerte de un ciudadano francés haya hecho saltar las alarmas entre los investigados.

La investigación del «caso Voloh» al jefe de gabinete de Puigdemont

Otra de las investigaciones afectadas es la que instruye el juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, el conocido como «caso Voloh», que indaga en la utilización de fondos públicos del independentismo para alimentar la maquinaria del «procés». En esta causa está imputado el jefe de gabinete de Carles Puigdemont, el historiador Josep Lluís Alay, otro de los grandes beneficiados de la ley de amnistía, pues también se encuentra investigado en la causa de Tsunami Democràtic, como le sucede al exconsejero de la Generalitat de ERC Xavier Vendrell.

Las condenas a Artur Mas y Francesc Homs por la consulta del 9N

Era una de las exigencias del independentismo para amparar a Artur Mas: que el manto de la impunidad cubriese también las actuaciones de los políticos catalanes y de la propia Generalitat para organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014. Al retrotraer los efectos de la ley al 1 de enero de 2012, las condenas del Tribunal de Cuentas al expresident y al que fuera consejero de Presidencia Francesc Homs –que tuvieron que restituir al erario público más de cinco millones de euros– quedarán anuladas.

La «fontanería» del proceso soberanista: Jové y Salvadó, escuderos de Junqueras

La medida de gracia también obligará a dar carpetazo a la investigación judicial, solo pendiente de conocer la fecha de juicio, a la intendencia del «procés» en la Consejería de Economía que dirigía Oriol Junqueras: Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, que deben rendir cuentas ante la Justicia por los preparativos del referéndum ilegal.

Los agentes investigados y procesados por su actuación el 1-O

La proposición de ley de amnistía anulará las condenas y archivará los procedimientos aún abiertos contra 73 miembros de las Fuerzas de Seguridad por su actuación el 1-O. El texto puntualiza que el hecho de amnistiarles «no supone demérito o reproche alguno para los colectivos concernidos» ni implica la «criminalización» de los agentes.