Alaya apunta a una financiación ilegal de PSOE e IU a base de «mordidas»

La jueza del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, apunta a una red de financiación ilegal de PSOE e IU en la «trama Madeja».

La jueza del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, apunta a una red de financiación ilegal de PSOE e IU en la «trama Madeja». Alaya acusa a los dos partidos que gobernaron el Ayuntamiento hispalense durante dos legislaturas –de 2003 a 2011, con Sánchez Monteseirín como alcalde– de recibir sobornos pagados por la empresa Fitonovo, eje central de la «operación Enredadera». La magistrada habla de mordidas mensuales de entre 30.000 y 60.000 euros entre 2006 y 2009 –época en la que José Antonio Viera, aforado e investigado por los ERE, era secretario general del PSOE de Sevilla y Susana Díaz, su número 2 con mando en plaza– en compensación por los contratos logrados en el consistorio de Sevilla. El secreto de sumario fue levantado ayer tras 17 meses. Según relata Alaya, el ex concejal socialista Manuel Gómez Lobo, concertado con el ex asesor Domingo Enrique Castaño, indicó al dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, que «la facturación se realizaría, para maquillar la operación, a nombre de una empresa instrumental de Fitonovo, Klevin, para evitar que se apreciara la vinculación de las obras con la adjudicación de contratos de mantenimiento a la entidad Fitonovo».

En la declaración de Gómez Lobo, a la que accedió este periódico, se le atribuye la petición al dueño de Fitonovo del pago de las obras en la sede del PSOE de la Macarena. «Del mismo modo, como compensación por el incremento importante de Fitonovo en la facturación en el Ayuntamiento de Sevilla por la adjudicación creciente de contratos, a requerimiento del imputado se abonó por Fitonovo al Partido Socialista en fecha 9 de mayo de 2007 la suma de 30.000 euros», expone la jueza. «Los pagos con el mismo objeto, pagos al Partido Socialista, se sucederían entre 2006 y 2009 en diferentes cantidades que oscilarían entre 30.000 euros y 60.000 euros, con la denominación en la Caja B de Fitonovo de «Langostinos Maera», aludiendo a una reunión de periodicidad mensual que habría en dicho establecimiento a la que acudían Manuel Gómez Lobo y Rafael González Palomo de Fitonovo», explica Alaya. Gómez Lobo se acogió a su derecho a no declarar tras exponerle la jueza los numerosos contratos en los que Fitonovo pudo verse favorecido.

La jueza también acusa a IU de recibir mordidas por 155.00 euros en dos pagos, uno de 70.000 euros el 30 de marzo de 2010 y otro de 85.000 euros el 18 de febrero de 2011, a cambio de once expedientes para instalar césped artificial en campos de fútbol de la capital hispalense adjudicados por el Instituto Municipal de Deportes –competencia de IU– por 6,9 millones. Entonces era concejal de Deportes José Manuel García, hasta ayer portavoz de IU en el Ayuntamiento y que ha dimitido a causa de su imputación por cohecho, malversación y prevaricación. Según Alaya, García actuó «en connivencia con otros dirigentes como Rodrigo Torrijos» para recibir para IU «determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo de contratos». García alegó en su declaración que cuando era concejal, entre 2008 y 2011, se siguieron los «procedimientos legales establecidos» y en los contratos menores se invitaron a, al menos, tres empresas. García también explicó que cuando Fitonovo consiguió 11 de los doce contratos se temió que no tuviera capacidad para ejecutarlos, pero finalmente cumplió con los plazos. Presuntamente, el también imputado en la «trama Enredadera» Antonio Miguel Ruiz Carmona, ex asesor de IU en el Ayuntamiento, fue la persona que recibió los sobornos, según la contabilidad B de Fitonovo. El primer pago de 70.000 euros se efectuó en una caja de zapatos, según declaró el dueño de la propia empresa.

Alaya acusa a Torrijos, ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, de haber «intervenido decisivamente, como dirigente de IU, en la petición de determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo de los contratos de obras relativos a once campos de fútbol». Torrijos negó «rotundamente» su vinculación con los hechos. La UCO habla en su informe de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, exacciones ilegales, alteración del precio en subastas y concursos públicos y falsedad en documento mercantil. Según la Guardia Civil, «el pago de comisiones por la adjudicación de contratos era práctica habitual» y «existían instrucciones desde la dirección de la empresa para pagar las comisiones que fueran necesarias para ‘‘sacar los contratos adelante’’». La Benemérita habla de una organización que contactaba con «funcionarios corruptos» y se servía de una contabilidad B para los pagos.