El pleito ante la Audiencia Nacional por los regalos recibidos por Pedro Sánchez a lo largo de su Presidencia del Gobierno está ya visto para sentencia. Una vez aportados los planteamientos del demandante de la información acerca del detalle y destino de estos presentes, el letrado Guillermo Rocafort, la Abogacía del Estado considera que «procede desestimar un recurso planteado en unos términos que exceden su objeto, (...), sin que proceda convertirlo en una suerte de causa general». Una respuesta similar a la que dio el abogado de Begoña Gómez al solicitar el archivo de la causa contra la mujer del presidente del Gobierno al quejarse de una «investigación universal». Y es que en palabras de su abogado, Antonio Camacho, e incluso de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, la aludida está sufriendo una «investigación prospectiva [aquella que se inicia de forma indeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas], proscrita en un sistema procesal democrático».

Respecto a los obsequios objeto de este contencioso, el abogado del Estado añade en el escrito de conclusiones que el demandante se «refiere a información que no obra en poder de la Administración», por lo que atenderla precisaría «una acción previa de reelaboración» que no va a acometer –dice que están «prohibidas por el artículo 13 de la Ley de Transparencia»– «para satisfacer la pretensión de la parte actora de ser informada de la posibilidad del disfrute de los regalos» o de «la supervisión por parte de la Dirección General del Patrimonio del Estado para garantizar» su «integridad y mantenimiento».

De la misma manera, afirma, «precisaría una acción previa de reelaboración la comunicación a la Agencia Tributaria a efectos de declaraciones fiscales y tributación» y «la existencia de un seguro por daños o pérdidas por los mencionados bienes», puesto que «se refieren a trámites de un procedimiento que aún no se ha iniciado». Y ello porque «los regalos institucionales hechos a la Presidencia del Gobierno se incorporan al Patrimonio de la Administración General del Estado mediante un procedimiento que comienza con el cese en el cargo».

La Abogacía del Estado asegura no tener el detalle de los regalos, pero «eso no es cierto», a juicio del reclamante, porque «sí han reconocido» que hacen «anotaciones simples» de los presentes que llegan al presidente, a las que se califica como «valoraciones personales de un funcionario sin competencias evaluadoras», actuación que «tiene únicamente eficacia interna» y que «no se incorporará a la decisión final», según el abogado del Estado.

El protocolo entre la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y el Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno –firmado «durante el pleito y tras la reclamación» de Guillermo Rocafort–, «evidencia» para el abogado «que antes no había control y por otro lado es una excusa para intentar acreditar en sede judicial que ahora el tratamiento de esos regalos es reglado, esto es, sometido a unas reglas que no existían», apunta el interesado. El abogado del Estado dice que este protocolo comprende el examen «de la colección de bienes y obsequios institucionales de la Presidencia del Gobierno, almacenados en el complejo de La Moncloa», por lo que «no se entiende, por tanto, de dónde concluye la parte actora que este convenio no sea aplicable a los regalos obtenidos por el actual presidente del Gobierno».

La Abogacía del Estado mantiene su posición de que debe ser al finalizar el mandato de Pedro Sánchez cuando sus regalos sean trasladados a Patrimonio del Estado, lo que a juicio de Rocafort no sería ajustado a Derecho, por cuanto la ley obliga a inventariarlos de forma inmediata así como a trasladarlos a Patrimonio del Estado cuando se efectúan, «que es lo que hace Casa Real con los regalos que recibe».

No obstante lo anterior, aprovechando que hay un convenio de documentación de esos regalos con Bellas Artes, Guillermo Rocafort ha pedido al Ministerio de Cultura, por medio de la Ley de Transparencia, el detalle de todos los bienes regalados a Pedro Sánchez hasta el momento e inventariados, «al objeto de poder certificar si ese convenio es papel mojado o bien realmente se está realizando alguna actividad en ese sentido». Dicho convenio, a juicio de Rocafort, va en contra de la Ley por cuanto que esta no plantea excepciones, como es preceptivo para todos.

En cuanto al inventario, la respuesta del Gobierno incurre en una contradicción. Afirma no contar con ninguna relación de regalos, al tiempo que reconoce que los objetos que recibe el presidente «requieren de una labor de clasificación previa, revisión y valoración» para después desarrollar un expediente administrativo que tendrá lugar cuando cese en el cargo. Es decir, que cuando se vaya Sánchez, el Ejecutivo posterior tendrá que inventariar los regalos recibidos mientras haya sido presidente.

En la Ley de Transparencia no aparece ninguna condición expresa que establezca la imposibilidad de facilitar esa información en momentos o plazos concretos. La normativa recoge que los altos cargos de la Administración no aceptarán «para sí» regalos que superen «los usos habituales, sociales o de cortesía». Y que en caso de ser de mayor relevancia institucional, se incorporarán al patrimonio de la Administración Pública.

Entre los últimos presentes recibidos por Sánchez está el del presidente de Aragón, Jorge Azcón, que obsequió a su homólogo del Gobierno central con tres cintas de la Virgen del Pilar. La de España, la de Aragón y la del cachirulo por la que cientos o miles de zaragozanos hicieron cola frente a la Basílica.