El líder de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado este martes que al final vamos a tener un dictador en España, tras conocer que la Abogacía General del Estado ha presentado una querella contra el magistradoJuan Carlos Peinado por prevaricación. Así lo indicó Abascal en sus redes sociales, después de que la Abogacía General del Estado presentara hoy una querella por prevaricación contra Peinado "en defensa de la dignidad" de la institución de la Presidencia del Gobierno de España, por "el injusto proceder" de este instructor en la causa abierta a Begoña Gómez, esposa de Sánchez.

"Pedro Sánchez pretende que la corrupción que le rodea ni siquiera pueda ser juzgada. Para ello, va a iniciar una cacería contra los jueces que se atrevan a velar por la ley y, en esa circunstancia, el señor Feijóo le ha entregado el gobierno de los jueces. Vamos a tener otro Maduro en España y el PP es responsable directo de hacerlo posible", señaló Abascal.

La querella presentada por la Abogacía General del Estado tiene lugar después de que Sánchez optara por no declarar como testigo acogiéndose al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite no declarar contra el cónyuge, en la causa abierta contra Gómez por tráfico de influencias y prevaricación que investiga el juez Peinado.

La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, quien pudo entrar en el Palacio de La Moncloa en nombre de las acusaciones, apuntó que Sánchez estuvo "impávido y altanero" en la comparecencia de esta jornada ante el juez que investiga a su mujer.

Copia de la querella

Vox solicitó este martes al Congreso de los Diputados la copia de la documentación "previa y necesaria" para que la Abogacía General del Estado se querelle por prevaricación en nombre del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez.

En concreto, el partido de Santiago Abascal solicita la documentación relativa a la autorización que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes debe otorgar para la interposición de una querella por la Abogacía General del Estado. Asimismo, Vox pide también el informe previo de la Dirección General de lo Contencioso, exigido por el artículo 31 del Real Decreto 649/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en el ámbito de la Abogacía General del Estado.