El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar en su comparecencia como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por posible trafico de influencias y corrupción en los negocios. El jefe del Ejecutivo se ha acogido a la dispensa legal del articulo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), el cual le exime de declarar contra su esposa. Y eso que el jefe del Ejecutivo trasladó por escrito al magistrado -en la carta en la que solicitó sin éxito que su declaración fuese por escrito- que su "voluntad" era "colaborar con la Administración de Justicia, siempre en el marco del estricto cumplimiento de la Constitución Española y la Ley".

El instructor pretendía que diera su versión sobre las reuniones que mantuvo Begoña Gómez en el Palacio de La Moncloa con el empresario Juan Carlos Barrabés, a dos de las cuales, según este ultimo asistió el jefe del Ejecutivo.

En la comparecencia en Moncloa han estado presentes además de Peinado, como parte de la comitiva judicial, el fiscal del caso, José Manuel San Baldomero; la defensa de Begoña Gómez, que ejerce el letrado Antonio Camacho; los abogados de los otros dos investigados, el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache; y, en representación de todas las acusaciones populares -Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa, Hazte Oír y Movimiento de Regeneración Política de España-, la abogada de la formación de Santiago Abascal, Marta Castro.

Sánchez, "impávido y altanero" ante el juez

La letrada de Vox, Marta Castro, ha asegurado tras la comparecencia que el presidente del Gobierno se ha mostrado "impávido y altanero, cómo se le suele ver en el Congreso" y ha anticipado que el silencio del jefe del Ejecutivo "tendrá consecuencias" procesales.

Castro ha asegurado que Sánchez, que se ha acogido a la dispensa legal que le exime declarar contra su mujer, "en ningún caso" podía escudarse en esa eximente "en relación con los otros dos imputados", el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

La letrada ha afirmado que ahora las acusaciones populares tendrán que "analizar el alcance de esta no declaración" teniendo en cuenta que como testigo estaba "obligado a declarar y a decir la verdad".

La declaración se ha llevado a cabo, ha explicado, en "un despacho habilitado al efecto" y se ha prolongado durante apenas 20 minutos.

Como ordenó el juez, la comparecencia ha sido grabada. Una cuestión esta de la que, a diferencia de su esposa, Sánchez no ha hecho casus belli, pues su petición a Peinado se ha centrado en que en razón de su cargo le autorizase a declarar por escrito. Begoña Gómez sí intentó sin éxito en sus dos comparecencias ante el instructor que Peinado se limitase a grabar el audio de su declaración, sin grabación de imágenes, algo a lo que el juez no accedió en ninguno de los dos casos.

Desde que el instructor acordó la citación como testigo de Pedro Sánchez siempre ha estado sobre la mesa la posibilidad de que el presidente del Gobierno se ampare en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para no declarar, puesto que este exime de la obligación de testificar al cónyuge de la persona investigada. De hecho, obliga al juez a avisar al testigo de que "no tiene obligación de declarar en contra" de su pareja, dejándole claro no obstante que "puede hacer las manifestaciones que considere oportunas" sobre los hechos objetos de investigación.

"En ningún caso" puede imputarle

Por su parte, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha asegurado al término de la declaración de Pedro Sánchez que el juez "en ningún caso" puede imputar al presidente del Gobierno en la causa en la que investiga a su mujer por un posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El letrado ha afirmado que aunque el instructor es "imprevisible" y no es capaz de anticipar "ningún tipo de pronóstico", "en ningún caso podría ser investigado" porque en su opinión, ha reiterado, "no se está investigando absolutamente nada" en este procedimiento, por lo que "no cabe esa opción".

Camacho ha apuntado que Sánchez estaba "absolutamente tranquilo" y que la comparecencia ha durado apenas dos minutos. El tiempo que Peinado ha tardado -ha explicado- en preguntar a Sánchez si tenía alguna relación personal con alguno de los investigados y contestar el presidente del Gobierno que es esposo de Begoña Gómez. Entonces, el instructor le ha preguntado si se acogía a la dispensa del artículo 416 de la Lecrim y ante si respuesta afirmativa, el magistrado ha puesto punto y final a la comparecencia.

Para el letrado, resultaba "innecesario" tomar declaración a Sánchez y "afectar al funcionamiento de una institución esencial del Estado". Camacho ha insistido en que después de que la Fiscalía Europea asumiese la investigación de las adjudicaciones a Barrabés que contaron con la recomendación por escrito de Begoña Gómez, el procedimiento "se quedó sin objeto" y ha recordado que ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid la decisión del instructor de investigar todas las actuaciones de la esposa de Sánchez desde que este es presidente vinculadas a su relación con el empresario. "No tenemos duda de que el control de los órganos superiores funcionará", ha dicho.

Asimismo, el abogado se ha quejado de que Peinado ha llevado cabo la declaración saltándose la normativa procesal pues, ha reiterado, esta debió producirse "por escrito". Respecto a la grabación de la comparecencia ordenada por el juez, Camacho ha expresado su confianza en que esas imágenes "no se difundan".

Petición de nulidad de la comparecencia

Las acusaciones populares tienen intención de pedir a la Audiencia Provincial de Madrid que anule la declaración de Pedro Sánchez por no permitir el juez que estén presentes en la comparecencia cuatro de los cinco letrados que ejercen la acción popular. Así lo ha puesto de manifiesto a las puertas de Moncloa el abogado Javier María Pérez-Roldán, de Hazte Oír, que asume que el juez ratificará su decisión de permitir solo a la letrada de Vox asistir a la testifical en representación del resto de acusaciones. "Si le toma declaración solicitaremos a la Audiencia Provincial la nulidad de la misma". Si la Sala les diese la razón, ha recalcado, la comparecencia "se tendría que repetir".

En esa misma línea, Luis María Pardo, abogado de Iustitia Europa, ha recordado que un auto del pasado día 3 el juez Peinado acordó que las acusaciones populares estuviesen presentes "en todas las diligencias". Para el letrado, impedirles asistir "de manera sorpresiva" vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva.

Minutos antes del comienzo de la comparecencia de Pedro Sánchez ante el juez, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé aseguraba a las puertas del Palacio de la Moncloa que el presidente del Gobierno estaba "nervioso porque tiene que declarar ante el juez" y destacaba que "por primera vez en la historia se tomará declaración a un presidente del Gobierno en el Palacio de Moncloa". Ahora, ha recalcado, "no podrá hacer lo que hace en el Congreso de los Diputados, que es burlarse de quien le hace las preguntas, que es callar o que es mentir".

Según Buxadé, Sánchez debía explicar "a cuántas sociedades cotizadas y reguladas por el Estado llamó para que su mujer pudiese tener una reunión con ellos", esclarecer "qué se cocía en esas reuniones en el Palacio de Moncloa" y explicar "cómo reaccionaron esas sociedades cotizadas y reguladas ante la llamada del señor Sánchez".

"¿Cómo es posible que dirija una cátedra universitaria alguien que ni siquiera es licenciada y cómo es posible que dé clases de captación de fondos públicos la mujer del primer hombre que reparte fondos públicos en este país?", se ha preguntado antes de denunciar que la Fiscalía ejerce en esta causa de "abogado defensor de Sánchez".

El juez rechazó la declaración por escrito

En la resolución en la que acordó citarle como testigo, el juez Peinado calificó de "útil y pertinente" la comparecencia del "esposo de la investigada" para intentar arrojar luz a un posible "tráfico de influencias en cadena". El instructor se refería expresamente a la necesidad de desbrozar esa supuesta influencia y la relación de la investigada "con una autoridad" como aspectos troncales de ese delito.

El artículo 412 de la Lecrim exime de "concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar", entre otras autoridades, al presidente del Gobierno, a quien permite declarar por escrito sobre hechos de los que haya tenido conocimiento "por razón de su cargo". En caso contrario, señala que la declaración se llevará a cabo "en su domicilio o despacho oficial".

Es precisamente esa apreciación la que ha enfrentado al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tanto con Pedro Sánchez, que le pidió por carta testificar por escrito, como con la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez, que recurrieron la citación, por considerarla innecesaria, y reclamaron que, en caso de seguir adelante con la diligencia, permitiese al presidente del Gobierno declarar por escrito.

Pero Peinado cerró desde un primer momento la puerta a esa posibilidad, argumentando que la presencia de Sánchez en esas reuniones de Begoña Gómez con Barrabés no se produjeron en su condición de jefe del Ejecutivo, sino como esposo de la investigada.

Los ataques a Peinado, incluso desde el propio Gobierno de Pedro Sánchez, hicieron reaccionar ayer a la principal asociación de jueces, que ha alertado por escrito a la Comisión Europea y ha exigido que cese la ofensiva contra el magistrado y las "críticas furibundas" por su actuación judicial.