Ábalos mantiene la demanda contra el primer denunciante del "caso Koldo": la vista previa, el 4 de marzo

El próximo 4 de marzo se celebrará en los Juzgados de Plaza de Castilla la vista previa por la demanda presentada por José Luis Ábalos contra el primer denunciante de las adjudicaciones del "caso Koldo", el abogado zaragozano Ramiro Grau, según confirman fuentes jurídicas. El exministro de Transportes reclama al letrado 70.000 euros de indemnización por la publicación de siete artículos en los que el abogado criticaba esos contratos para la adquisición de mascarillas en plena pandemia, lo que considera una vulneración de su derecho al honor.

Gracias a esas adjudicaciones del Ministerio de Transportes (a través de Puertos del Estado y de Adif) y de la Secretaría de Estado de Seguridad, en marzo y abril de 2020, de los servicios de Salud de los Gobiernos balear y canario (en esas fechas con Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, y el ahora ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres al frente, respectivamente) y del Ministerio de Sanidad que dirigía Salvador Illa (por medio del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Ingesa) Soluciones de Gestión, la empresa en el epicentro de la "trama", pasó en un año (de 2019 a 2020) de facturar cero euros a 53 millones.

Así lo ha determinado, según esas mismas fuentes, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 35 de Madrid, el magistrado César Tejedor, que ha convocado esa vista previa (paso previo a la celebración del juicio) en la que no deben acudir Ábalos ni el abogado demandado, sino sus representaciones letradas para proponer la prueba que consideren necesaria. En todo caso, si el magistrado considera que con la prueba aportada en la demanda y en la contestación a la misma es suficiente, puede incluso dictar sentencia tras esa audiencia pública sin celebrar un juicio cuya celebración, previsiblemente, se demoraría meses.

Denunció los "chanchullos" de Ábalos

El exministro de Transportes -acorralado por la investigación de la Audiencia Nacional al que fuera su mano derecha, Koldo García Izaguirre, supuesto conseguidor de la "trama" en la adjudicación de esos millonarios contratos en pandemia- esgrime en su demanda que Grau vulneró su derecho al honor en siete artículos publicados en distintos medios digitales, entre ellos "Chanchullo del dinero público. Ábalos y José Ángel Escorial, la extraña pareja" y "Chanchullo del dinero público", ambos publicados en abril de 2020. El abogado aragonés afirmaba, por ejemplo, que "Ábalos compró ocho millones de mascarillas defectuosas, parece ser que a un precio muy superior a su valor de mercado" y se refería a él como "una de las personas más prepotentes e incompetentes del actual Gobierno".

Grau ya ha ganado en los tribunales tanto a la empresa Soluciones de Gestión como al que fuera su administrador, Ángel Escorial, que al igual que hizo después Ábalos le demandaron por supuesta vulneración del derecho al honor, que no apreciaron en el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid ni en el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Zaragoza, cuyos titulares desestimaron ambas demandas en marzo y julio del pasado año.

Grau asegura a LA RAZÓN que con estas demandas le querían "poner la mordaza" y hace hincapié en que su intención no es llegar "a ningún acuerdo" con Ábalos sino que espera "que se dicte sentencia a mi favor", como ha sucedido en las dos anteriores ocasiones.

Dos jueces no vieron vulneración del derecho al honor

En la última demanda desestimada, en la que los responsables de Soluciones de Gestión le reclamaban una indemnización de 50.000 euros, el juez enmarcó los artículos en el derecho a la información y a la libertad de expresión.

La empresa de la "trama" denunció lo que consideraba "ausencia de veracidad" en las afirmaciones respecto a la contratación de material sanitario defectuoso y con sobreprecio, pero el titular del Juzgado de Primera Instancia número 60 destacó en su sentencia la "especial relevancia" de la distinción entre la información y la expresión. "La veracidad es predicable de la primera, mas no así de la segunda -precisó-. La libertad de expresión por su propia naturaleza, al afectar a meros juicios de valor, opiniones o impresiones, no puede estar sujeta a ese requisito".

Según el magistrado, ninguno de artículos cuestionados contenían "expresiones de entidad suficiente" para constituir una vulneración del derecho al honor" de la demandante.

Cuatro meses antes, la Justicia también desestimó la demanda que, por los mismos motivos, interpuso el exadministrador de Soluciones de Gestión contra Grau. La sentencia determinó que no existió vulneración del derecho al honor, ya que la información cuestionada era de "interés público", "veraz" y "proporcionada". Además, incidía en que resultaba "noticiable" que la empresa adjudicataria "fuera una empresa que no tenía relación con el sector y cuya cifra de negocio en el año anterior había sido 0".

La resolución señalaba que el artículo de opinión se hacía eco de "noticias de prensa publicadas con anterioridad en varios periódicos digitales nacionales de primera categoría" (como El Mundo, Vozpópuli o Heraldo de Aragón) "y nunca desmentidas por nadie".

Se trataba, en definitiva, de una noticia "de indudable interés público", sobre todo en unos meses en los que "estaba vigente el estado de alarma y decretado el confinamiento general de la población", por lo que resultaba "especialmente importante la fiscalización de la actividad de las administraciones públicas por parte de los medios de comunicación".