Sánchez abre el «melón constitucional» con los aforamientos

Contraataca a la oposición con una reforma «exprés» para eliminar los «privilegios» que busca la imputación de Casado y desviar la atención de su tesis y el adelanto electoral. Necesita los votos del PP para sacarla adelante.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tenía agendado ayer un acto difícil: valorar 100 días de un Gobierno que, en tan poco tiempo, ha sufrido la dimisión de dos ministros, la polémica en torno a la validez de su tesis doctoral y la permanente barrera para sacar adelante cualquier iniciativa parlamentaria con una exigua representación de 84 diputados en manos del respaldo, en su mayoría, de partidos que quieren fraccionar España.

No se trató nada de eso. Desde primerísima hora de la mañana, Moncloa informó a los medios de que Sánchez haría un «anuncio importante» en el acto «Avanzamos», que comenzó a mediodía en la Casa de América entre alrededor de 200 asistentes de distintas áreas sociales, desde responsables de medios de comunicación, dirigentes de empresas del IBEX, el sector de la Educación y el conjunto de sus ministros con las únicas ausencias de las titulares de Defensa, Margarita Robles, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La expectación estaba servida y la iniciativa no tardó en llegar: «Quiero anunciarles que el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos». El presidente del Gobierno desvía así el foco mediático de su tesis hacia el del presidente del PP, Pablo Casado, ya que la medida afectará a miembros del Gobierno, diputados y senadores, y en casos que no guarden relación con el ejercicio de sus funciones públicas. A tal fin, se modificarían los artículos 71.3 y 102.1 de la Carta Magna. Las pasadas palabras de la portavoz del Gobierno, Adriana Lastra, a Casado, volvieron a la palestra: «De no ser aforado estaría ya imputado». Una reforma «exprés» que, si supera el trámite parlamentario, espera ver la luz en un plazo de 60 días. Pero la estrategia de Sánchez de poner nervioso al adversario político abre un escenario parlamentario convulso. El líder del Ejecutivo necesita el apoyo inicial de tres quintos de cada una de las Cámaras y sus socios de investidura ya afilan los colmillos. Sánchez necesita el apoyo del PP para sacar la reforma, Cs ha tendido la mano por ser una iniciativa que lleva en su programa electoral y Podemos también, pero con requisitos previos, como la celebración de un referéndum o que el Rey Juan Carlos forme parte del «saco» de afectados. Como cabía esperar, los partidos secesionistas no han mirado más allá de las fronteras de su comunidad: «Si la Constitución española se puede modificar de urgencia por el tema de los aforamientos, también lo pueden hacer con el derecho a la autodeterminación o el derecho a tener una vivienda digna, se nos ocurren muchos temas», afirmó la portavoz de ERC, Marta Vilalta, declaraciones compartidas por el presidente del PDeCAT, David Bonvehí. «Nos parece indigno que no haya dicho nada del problema político catalán». En este contexto, Sánchez tendrá difícil sacar su nuevo proyecto sin conceder cesiones a sus aliados de Gobierno.

Según informaron fuentes del Ejecutivo, será necesario modificar otras leyes, como la Ley Orgánica del Poder Judicial para precisar el aforamiento en jueces, fiscales, defensor del pueblo o miembros del Tribunal de Cuentas. En cuanto a los parlamentarios autonómicos aforados por sus respectivos estatutos de autonomía, desde el PP ya ha comenzado la descarga de artillería contra el Jefe del Ejecutivo por «blindar» a los acusados del proceso independentista ante el Tribunal Supremo, por lo que desde el Ejecutivo defienden que «no tiene sentido que se mantengan también en las comunidades autónomas», pero no se aclara de momento cuál será el procedimiento a seguir. El Gobierno quiere poner en marcha su iniciativa lo antes posible y en el Consejo de Ministros se presentará un anteproyecto de Ley de la reforma Constitucional que sea debatido en las Cámaras después de recabar los informes del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Del análisis de estos puntos dependerán los futuros consensos para que la iniciativa prospere, el debate está sobre la mesa y la atención sobre la inestabilidad de su Ejecutivo desviada. Si, como todo apunta, no supera los tres quintos de cada una de las Cámaras, se buscará un acuerdo para la creación de una Comisión en la que diputados y senadores redactarán un texto que voten Congreso y Senado. En caso de que tampoco se alcance el pacto para este asunto, la Cámara Baja debe aprobar la reforma por mayoría de dos tercios, pero tener a su vez el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara Alta. «Esperamos contar con el respaldo del conjunto de la Cámara», llamó ayer la atención el presidente del Gobierno al resto de fuerzas políticas. «Que los ciudadanos vuelvan a creer en la política creo que es el reto común que tenemos todos y cada uno de los partidos políticos».