El Gobierno se da hasta marzo para aprobar la Ley de Vivienda

La Ley de Vivienda da este martes un paso más en su tortuosa tramitación parlamentaria. Una de las normas que el Gobierno tiene en cartera desde que arrancara la legislatura sigue varada en el Congreso de los Diputados pese a los infructuosos esfuerzos de las dos patas de la coalición, que se juegan su crédito político con una cuestión icónica que prometieron a su electorado resolver: el acceso asimétrico a lo que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución (artículo 47).

De hecho, desde el sector de Unidas Podemos se utilizó esta legislación como condición imprescindible para prestar su apoyo a los dos primeros Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, tres años después su excesiva ambición en este sentido, se presentó una nutrida batería de enmiendas que hizo saltar por los aires los términos de lo pactado con el PSOE, volvieron a bloquear la Ley de Vivienda.

Este martes, la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso nombrará a los miembros de la ponencia encargada de redactar el informe sobre el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, al que se incorporarán unas 400 enmiendas de las 866 presentadas por los grupos parlamentarios. Una vez constituida, el calendario comienza a acelerarse. La ponencia deberá tener listo el dictamen antes de quince días, aunque ese plazo podría prorrogarse, ya que todavía no está cerrado entre el PSOE y sus socios el acuerdo que garantice la aprobación de la ley en el pleno.

Fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN se dan hasta el mes de marzo para aprobar la norma. Avanzan que, el hecho de que se haya activado el trámite parlamentario -comisión y ponencia- es, en sí mismo, un buen síntoma de cómo evoluciona la negociación interna. Una negociación para la que desde el sector morado se apela a la discreción, con el fin de que sea “exitosa”, conscientes de lo que hay en juego. La ley de vivienda es “fundamental para nuestro país de cara a regular los pecios del alquiler y garantizar un parque público de vivienda”, ha asegurado el coportavoz de Podemos y secretario tercero de la Mesa del Congreso, Javier Sánchez Serna.

Los socialistas se abren a aceptar algunas de las peticiones de sus socios en lo relativo a la regulación de los alquileres en las zonas que se declaren tensionadas, de manera que puedan afectar a los nuevos contratos y no solo a los vigentes. Esto evitaría que los propietarios retiren del mercado sus viviendas para luego volver a arrendarlas sin que les afecte el control de rentas. Los sindicatos de inquilinos aseguran que esto es lo que está ocurriendo con el límite del 2 por ciento aprobado por el Ejecutivo, en los paquetes de medidas anticrisis derivadas de la guerra de Ucrania, como medida extraordinaria en la revisión anual de los contratos para combatir el impacto de la inflación.

Otro de los puntos de fricción que se han limado en los últimos días es la definición de los “grandes tenedores”, admitiendo algunas de las enmiendas presentadas por los grupos. Fuentes gubernamentales reconocen que están dispuestos a “revisar” y “concretar” lo que se entiende por “gran propietario”, basculando de los 10 inmuebles que se habían establecido, a una horquilla inferior, hasta llegar a los cinco, en función de la comunidad autónoma y siempre que dichos inmuebles se encontrasen en la misma zona tensionada. También a ampliar el criterio a personas físicas y circunscribirlo únicamente a propietarios constituidos como persona jurídica.

Los tiempos con los que juega el Gobierno son, en esencia, los que marcan los procesos electorales de los que está jalonado este 2023. En Moncloa asumen que en febrero el Congreso de los Diputados entrará en una suerte de coma legislativo del que será difícil rescatar cualquier normativa por la competencia electoral que surgirá entre los que ahora se dicen socios, pero que en mayo serán rivales y pugnarán por electorados frontera. Por ello, asumen que cualquier acuerdo se debe cerrar en los albores del curso legislativo sin esperar a que se acerquen más las urnas.

Un año después

La ponencia se constituye ahora, un año después de que el Gobierno enviara al Congreso el proyecto de ley para su tramitación urgente y su nombramiento supone un avance significativo en uno de los procesos de negociación más complejos que ha afrontado el Ejecutivo de coalición esta legislatura para cumplir su compromiso de regular los precios del alquiler. Un compromiso pactado por PSOE y Unidas Podemos en su programa de gobierno (“poner techo a las subidas abusivas”), que concita el rechazo prácticamente unánime del sector inmobiliario y que ha provocado fuertes tensiones entre los dos partidos durante los últimos tres años por la diferente visión que tienen en política de vivienda.