Podemos eleva la presión sobre Moncloa con enmiendas para regular los alquileres en los Presupuestos

La ley de vivienda sigue bloqueada en el Congreso de los Diputados. Y amenaza ahora con tensionarse de nuevo en medio de la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, que ayer pasaron su trámite en el Congreso, con una mayoría holgada.

Los morados presentaron medio centenar de enmiendas al anteproyecto de ley que emana del Consejo de Ministros, con el objetivo de introducir mejoras en la norma para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional y regular los alquileres en zonas determinadas de mercado tensionada. Unidas Podemos peleó para que estas enmiendas fueran aceptadas por los socialistas y esperaban que formaran parte de la negociación para el acuerdo de Presupuestos Generales del Estado, pero los socialistas desoyeron a sus socios al entender que vivienda no podía ser de nuevo el “broche” de las cuentas públicas para 2023.

Entonces, los morados confiaron en que la negociación desencallara con ERC, quien presionaba al Ejecutivo para dar vía libre a las reclamaciones en materia de vivienda. De momento, en el panorama actual, la ley sigue atascada, al entender los socialistas que son los morados quienes bloquean la ley al haber presentado enmiendas a la misma.

Con el objetivo de presionar a su socio, Unidas Podemos ha registrado junto a ERC y EH Bildu enmiendas a los Presupuestos para regular los alquileres y prohibir los desahucios de forma estructural, dos de las medidas que más reclaman a su vez los colectivos sociales, según fuentes parlamentarias.

Los grupos parlamentarios piden también imponer obligaciones sociales a los grandes tenedores para garantizar el Derecho a la Vivienda. Las enmiendas exigen la regulación integral de los precios de los alquileres de todas las viviendas en las zonas tensionadas mediante la intervención en el mercado y como único mecanismo eficaz para condenar la subidas abusivas.

Además, los grupos parlamentarios solicitan prohibir de forma definitiva los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y cumplir así con los compromisos internacionales ratificados por España en materia de Derechos Humanos.

Por último, se imponen una serie de obligaciones sociales para corresponsabilizar a los grandes tenedores de vivienda en la garantía del derecho a la vivienda en nuestro país, como el ofrecimiento de alquileres sociales a familias de sectores vulnerables como requisito para poder interponer cualquier acción judicial de reclamación de rentas, hipotecas o de recuperación de viviendas.