Anticorrupción se inclina por no rebajar las penas de «Kitchen» por una malversación similar a la del «procés»

La Fiscalía Anticorrupción planea no rebajar la solicitud de penas del «caso Kitchen» tras la nueva rebaja por malversación asemejando los argumentos a los que han servido al Tribunal Supremo para mantener la petición de procesamiento por una malversación agravada a los fugados del «procés». Según ha confirmado LA RAZÓN, los fiscales del caso trabajan en un escrito que va a mantener la misma línea que tenía antes de que entrara en vigor la reforma del Código Penal del Gobierno que abarata los castigos cuando los funcionarios públicos desvían el dinero y en lugar de quedárselo, lo destinan a otro fin público. Además, la Audiencia Nacional ha pedido a la Policía que señale qué material debe ser expurgado de la causa que mantiene procesada a la antigua cúpula del Ministerio del Interior.

No hace ni una semana que entró en vigor la nueva malversación [artículo 433 del Código Penal] que acorta la cárcel para el funcionario que «diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente a la que estuviere destinado», es decir, que atenúa el castigo para quien no se lo meta en el bolsillo o busque enriquecerse sino que lo destine para otro fin. El Gobierno, que pactó con ERC esta reforma, lo planteó en tales términos para que los autores de la arquitectura independentista en Cataluña se acogieran a esta malversación más benévola (de uno a cuatro años de prisión) y no llegaran hasta los 12 años entre rejas que contempla la ley cuando se sustraen más de 250.000 euros de las arcas públicas. Pero el asidero que ha encontrado el Tribunal Supremo es coincidente con el que trabaja la Fiscalía Anticorrupción en sus casos, según las fuentes consultadas, lo que daría al traste con la interpretación propuesta desde el Ejecutivo.

Concretamente, una de las líneas de investigación de la macrocausa sobre el comisario José Manuel Villarejo, la conocida como «Kitchen», indagó en un mal uso de los fondos reservados para sostener una estructura parapolicial que espiara al extesorero del PP Luis Bárcenas y le sustrajera documentos que comprometían a la «caja B» del partido. El exministro del Interior, su exsecretario de Estado de Seguridad y un plantel de comisarios y policías, incluido Villarejo, están a la espera de saber cuántos años pide la Fiscalía para sentarse en el banquillo. El escrito de acusación lleva meses configurándose y se había especulado con la posibilidad que la rebaja de la malversación pudiera afectar a estos hechos.

Fuentes consultadas indican que no será así porque el dinero público desviado, aunque no sirvió a nadie para enriquecerse, no fue a parar a un fin público legal, sino a un ilícito. Es decir, no se sustrajo dinero de Interior que iba destinado a pistolas para emplearlo en coches policiales, sino que se tejió un plan para ocultar información del partido, algo ilegal. Este criterio es coincidente con el que el juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha llevado con los fugados del «procés» y con el que, con bastante probabilidad según exponen otras fuentes, llevarán los fiscales del Alto Tribunal en su propuesta para los líderes condenados por el referéndum del 1-O.

En el escrito por el que Llarena mantiene las órdenes de detención del expresident Carles Puigdemont y otros tres fugados, el magistrado hace una exposición razonada de por qué la malversación en su tipo agravado sigue plenamente vigente a pesar de la reforma. Lo sucedido en el «procés», dice, «no se trata de un supuesto en el que se produjera un trasvase presupuestario entre finalidades públicas legítimamente administradas, sino de la aplicación de los fondos públicos a sufragar la decisión personal de contravenir el ordenamiento jurídico y cometer un delito». Bajo este mismo planteamiento, lo ocurrido en el Ministerio del Interior también se podría incardinar en el delito más grave, quedando el nuevo artículo redactado por el Gobierno para determinados supuestos muy limitados. En cualquier caso, todo está supeditado a lo que diga el fiscal general del Estado en un escrito que remitirá «en los próximos días» para unificar criterios sobre este ilícito económico.

Expurgo

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha dado traslado a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para que señalen qué debería expurgarse del procedimiento antes de dar acceso a las partes, según confirman fuentes de la investigación. Hasta que las partes no tengan en su poder todo lo relativo al «caso Kitchen» la Fiscalía Anticorrupción no tiene intención de presentar su escrito de petición de penas porque teme que las defensas luego pidan nulidades de cara al juicio y que toda las pesquisas se vaya al traste.

Hay material de la segunda entrada y registro al comisario Villarejo, en su celda en 2020, que se mantiene en otra línea de investigación (pieza 28) y que afecta a este caso. Los fiscales refieren a esta información en su documento de acusación y, por tanto, no quieren presentarlo sin que antes los abogados y los imputados puedan saber de qué se trata. Así las cosas, la Policía debe decir qué material se puede poner a disposición de las partes y cuál debe permanecer en secreto y, una vez se pronuncien, el juzgado tendrá que proceder a la limpieza de estos documentos. Será entonces cuando los fiscales presenten su escrito y la Audiencia Nacional pueda señalar una fecha para juicio.