Los escritos de Fiscalía sobre la malversación esperarán a que el fiscal general unifique criterio

La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado lleva semanas estudiando cómo afectará la reforma de la malversación a las causas por corrupción que están en marcha o que van a ser juzgadas. La modificación de las penas en el Código Penal no entra en vigor hasta mañana, pero ya ayer se conoció la primera causa por la que la Audiencia Nacional ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si cree que es necesario revisar las peticiones de condena a la baja. Tanto este, la respuesta a este, el «caso Acuamed», como los escritos de calificación de algunos otros como el «caso Kitchen»o un fleco sobre el 1-0 que queda en Cataluña tendrán que esperar a que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, envíe un escrito para unificar criterio.

El Gobierno aseguró en diciembre que no se iban a reducir penas a condenados por desviar dinero público, pero distintas voces de la lucha contra la corrupción alertaron entonces de que no estaban midiendo las consecuencias porque un cambio legal de estas características iba a afectar, irremediablemente, a plazos de prescripción, a condenas vigentes y a aquellas investigaciones en curso. Así que desde que el 23 de ese mes se publico en el BOE la modificación (con un plazo hasta su aplicación de 20 días), el Ministerio Público ha estado analizando la afectación que podía tener en sus archivos.

Una de las primeras conclusiones a la que han llegado es que no se verán afectadas causas anteriores a 2015 porque, entienden, la reforma del Ejecutivo ha devuelto el Código Penal a la situación de ese año antes que el PP eliminara el ánimo de lucro para condenar por malversación. Fuentes fiscales avanzan que de la lectura del nuevo texto parece que se ha despenalizado todo lo que tiene que ver con la administración desleal en el patrimonio público y así lo plasmará García Ortiz en un escrito, previsiblemente un decreto para darle la mayor «celeridad» posible y poder actuar de forma homogénea en todo el territorio. Esto mismo hizo cuando se puso el marcha la reforma por la ley del «solo sí es sí» y pidió a todos los fiscales que, por norma general, no se pidieran bajadas de penas a los agresores sexuales. De todas formas, la interpretación última quedará, como siempre, en manos de los jueces.

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ya tiene sobre su mesa el primer escrito de un juez preguntando si quiere retocar las penas del «caso Acuamed» a la luz de la nueva tipificación penal. El magistrado de refuerzo del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, acordó el pasado 29 de diciembre prorrogar la causa que investiga si la empresa pública Acuamed fue el epicentro de un fraude millonario en la contratación de obras hidráulicas. Anticorrupción acusaba a los imputados por delitos de cohecho, prevaricación y malversación y había solicitado la transformación de la causa sumario, un trámite que se hace para acordar penas más altas. «Lo cierto es que la reforma podría suponer una revisión del escrito del Fiscal, en la medida en que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede o no la transformación de sumario», señaló el juez Gadea.

Por otro lado, los fiscales Anticorrupción están volviendo sobre otras causas para decidir si la reforma puede afectar a escritos de acusación que todavía no se hayan juzgado. Fuentes fiscales aseguran que, en principio, las condenas que se pedían en el caso «Kitchen» pueden encajar en el delito de malversación tal y como está ahora redactado: «la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consistiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas», pero avisan de que tendrán que mirarlo con lupa. La trama «Kitchen» consistió en utilizar los recursos del Ministerio del Interior en la etapa del presidente del PP Mariano Rajoy para destruir documentación que comprometía a la Caja B del partido y atesoraba Luis Bárcenas. Si se malversaron caudales en ese caso no fue para el enriquecimiento de ninguno de los políticos, sino para borrar las huellas de la corrupción y, por lo tanto, está por ver si las penas podrían verse aligeradas.

La Fiscalía delegada en Cataluña también está pendiente de presentar su escrito de acusación contra los excargos de ERC Josep María Jové y Lluís Salvadó, procesados por malversación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su papel en la organización del 1-0 desde la Consejería de Economía. También caben dudas en cuanto a la interpretación que harán los tribunales en casos como la trama «Púnica», o incluso los ERE de Andalucía.