La renovación pendiente del TC: el candidato del Senado optará a estar 12 años en el tribunal

La ardua renovación del Tribunal Constitucional (TC) no servirá, sin embargo, para que el Pleno de la institución esté completo. El órgano plenario seguirá estando compuesto por once magistrados, y no doce, como sucede desde el pasado julio, cuando el magistrado Alfredo Montoya, tras más de un año de baja por problemas de salud, decidió finalmente renunciar a su cargo.

Su sustituto debe elegirlo el Senado, pero esa designación aún tardará en producirse. El pasado septiembre, la Cámara Alta abrió el procedimiento para que los parlamentos autonómicos remitan a sus candidatos, de entre los cuales los senadores deben decantarse por el sustituto del magistrado conservador.

Tal y como informó este periódico, la Mesa del Senado determinó que las cámaras autonómicas disponían de plazo hasta el pasado 11 de octubre para presentar a los aspirantes. Pero, posteriormente, ese plazo se amplió, primero al 12 de diciembre y después hasta el próximo 14 de febrero, según confirman fuentes de la institución, que señalan que hasta el momento solo las Cortes de Aragón han cumplido con el trámite. Apostaron por el magistrado José Ricardo de Prada, muñidor del párrafo de la sentencia del «caso Gürtel» que dio por probada la «caja B» en el PP y que precipitó la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Pero más allá de los candidatos, el retraso en la designación tiene consecuencias en el Tribunal Constitucional. La primera, que hasta su incorporación los magistrados conservadores se tendrán que conformar con una exigua minoría de cuatro representantes frente a los siete progresistas. La segunda incide directamente en el tiempo que permanecerá en el TC el elegido por el Senado.

Próxima renovación en marzo de 2026

Si, como todo apunta, el sustituto de Montoya no es nombrado antes de marzo de 2023, su mandato será inferior a tres años (frente a los nueve por el que son elegidos los jueces del Constitucional, que se renueva por tercios cada tres años). Porque en marzo de 2026 se producirá la siguiente renovación del Constitucional, en esta caso a cargo de la Cámara Alta, que debe elegir a cuatro magistrados, que sustituirán a los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, al conservador Ricardo Enríquez y al futuro sustituto de Montoya.

Si el elegido por el Senado se incorpora al TC con menos de tres años de mandato por delante, puede optar a un nuevo mandato, éste sí de nueve años, por lo que permanecería en el puesto doce años en total.

Pese a que el artículo 16.4 de la ley orgánica que regula el funcionamiento del TC deja claro que ningún magistrado puede ser propuesto al Rey para otro período tras expirar su mandato, contempla una excepción: que «hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años». Con esas premisas, podría permanecer en el cargo hasta marzo de 2035.

El procedimiento en el Senado se alarga

No parece fácil que el Senado pueda elegir al recambio de Montoya antes de marzo porque, cuando todos los parlamentos autonómicos hayan remitido a sus aspirantes, el Senado ha de convocar la Comisión de Nombramientos, ante la que comparecerán los candidatos. Su decisión deberá ser ratificada por el Pleno de la Cámara Alta.

Una votación en la que se requiere una mayoría de 3/5 que, ineludiblemente, obliga a ponerse de acuerdo a PSOE y PP. Lo normal sería que el sustituto de Montoya sea un magistrado conservador, pero el veto de los vocales conservadores del CGPJ al magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, candidato progresista para el TC (a quien señalaban como una apuesta de Moncloa), puede pasar factura al PP y complicar la elección en la Cámara Alta.

Uno de los nombres que saltó a la palestra para acceder al TC a través de esta vía fue el del expresidente del Tribunal Supremo y del CGPJ Carlos Lesmes, quien dimitió de sus cargos el pasado octubre ante el bloqueo en la renovación del Consejo del Poder Judicial y la imposibilidad de éste de cubrir las vacantes judiciales. Lesmes dejó claro que rechazaría llegar al TC a propuesta del Gobierno para evitar suspicacias respecto a una posible recompensa por su empeño en desbloquear la renovación del Constitucional en el CGPJ, y fuentes próximas al magistrado precisaron entonces que esa renuncia incluía también una designación por el Senado.