Tras la reciente retirada por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de los cuatro escudos franquistas de la fachada de su sede, en el Palacio de Santa Cruz de Madrid, la cartera de José Manuel Albares ha enviado un telegrama a embajadas y consulados en el que insta a la eliminación de todo vestigio franquista en sus instalaciones, conforme a lo estipulado por la nueva Ley de Memoria Democrática.

Son instrucciones «de obligado cumplimiento» por las que no podrán usarse «enseres y elementos de cualquier naturaleza que contengan símbolos contrarios a la memoria democrática». Esto incluye «elementos de ropa de cama, cristalería oficial, vajilla, cubertería y servicio de mesa destinados a las residencias oficiales amuebladas con cargo a los presupuestos» de Exteriores.

Además, en todas aquellas embajadas, representaciones permanentes y consulados en los que haya «elementos consistentes en retratos, escudos, insignias, placas y otros objetos» que conforme a la ley puedan considerarse como franquistas deberán notificarlo a la Dirección General del Servicio Exterior antes del 1 de febrero de 2023, ofreciendo una «descripción física, con fotografías y la indicación de la exacta ubicación». A continuación, la Dirección General del Servicio Exterior hará llegar «instrucciones específicas» a las legaciones donde existan estos bienes, «una vez se decida su destino por el órgano competente» dado que, según explica el ministro, «podrían constituir fuentes secundarias de interés para el Centro Documental de la Memoria Histórica [ubicado en Salamanca] u otros archivos y museos».

Albares recuerda en el telegrama que la nueva ley considera «elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación (...) de la sublevación militar y de la Dictadura» y de quienes dirigieron y participaron «en el sistema represivo».

El ministro también aclara que su retirada, que deberá correr a cargo de Exteriores al ser la institución titular o propietaria de estos inmuebles, no será obligatoria solo en caso de que se trate de «elementos con singular valor artístico que formen parte de un bien integrante del Patrimonio Histórico Español» o por razones arquitectónicas «cuando el elemento sea fundamental para la estructura del inmueble».

Uno de los vestigios que puede verse señalado es parte del pavimento de la Embajada de España en Roma. La legación diplomática permanente más antigua del mundo recoge la herencia de la diplomacia pionera, nacida en 1480 con Fernando el Católico, y el suelo de una de sus dependencias está adornado con el Águila de San Juan de los Reyes Católicosque Franco adoptó en 1938 y fue oficial en la bandera nacional, con algunas modificaciones, hasta 1981. Es un emblema que ya ha sido retirado en otros edificios oficiales, como ayuntamientos que lo mostraban en vidrieras, por ejemplo, o en los propios escudos del edificio de Exteriores en Madrid.

En principio, buena parte de los elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática que había en embajadas y consulados ya deberían haber sido retirados, a tenor de lo que señala Albares. El titular de Exteriores incide en que a raíz de la Ley de Memoria Histórica de 2007 ya se había indicado a través de circulares e instrucciones de servicio que los «modelos antiguos» con esta simbología tenían que ser sustituidos, «remitiendo a los Servicios Centrales del Ministerio las piezas del modelo antiguo».

Además, se remite a sendos telegramas remitidos el 18 de diciembre de 2018 y el 25 de noviembre de 2020 por sus predecesores en los que «se dictaron una serie de instrucciones sobre los juegos o piezas de vajillas y cristalerías históricas, lápidas conmemorativas, escudos de fachada y elementos similares», informa Ep.