Terrorismo

“La dirección de ETA sabía el alcance y la magnitud de un crimen como este”

Un informe de la Guardia Civil de 2001, clave para sentar en el banquillo al exjefe de ETA «Josu Ternera» por su «participación activa» en el atentado

José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera", en una de sus comparecencias ante la Justicia francesa
José Antonio Urrutikoetxea, "Josu Ternera", en una de sus comparecencias ante la Justicia francesaYOAN VALATAgencia EFE

Enero de 2024 es la fecha fijada por la Audiencia Nacional para juzgar al exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera», por su supuesta responsabilidad en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza. Pero antes, la Justicia francesa deberá autorizar la entrega a España del exresponsable del «aparato político» para que rinda cuentas en los tribunales por estos hechos. «Josu Ternera» está reclamado por cuatro causas (el país vecino ya rechazó su entrega por una de ellas) y en la actualidad está agotando sus última vías de recursos, lo que ha demorado el pronunciamiento sobre esa extradición.

A la espera del plácet francés, en España no ha podido evitar su procesamiento y la posterior apertura de juicio oral por estos hechos. Un camino hacia el banquillo en el que ha resultado clave un informe de la Guardia Civil de junio de 2001 que precipitó su citación como imputado ante el Tribunal Supremo (entonces era diputado de Euskal Herritarrok en el Parlamento vasco y gozaba de aforamiento). Pero el exdirigente etarra no compareció y se dio a la fuga, perdiéndose su pista desde finales de 2002 hasta mayo de 2019, cuando fue detenido en los Alpes franceses.

Ese informe policial –que su defensa ha combatido hasta ahora sin éxito, cuestionando incluso la imparcialidad de la Guardia Civil para elaborar un informe sobre un atentado que afecta directamente al Instituto Armado– concluye que como integrante de la cúpula de ETA, Urrutikoetxea tomó «parte activa» en las tres fases que culminaron con el atroz atentado: la decisión, la preparación y la ejecución de la acción criminal.

Integrante del comité ejecutivo de ETA

La Guardia Civil incide en ese informe –incorporado a las diligencias judiciales– que Urrutikoetxea era miembro del «comité ejecutivo» de ETA, como responsable del «aparato político», «durante el proceso que concluye con el atentado contra la casa cuartel». Los agentes señalan que formó parte de la cúpula de ETA entre 1975 hasta su primera detención en Francia en enero de 1989, asumiendo en un principio las riendas del «aparato internacional» y, desde la detención de Eugenio Etxebeste, «Antxon», en 1984, pasando también a dirigir el «aparato político».

El informe incide en que el atentado –el primero con coche bomba contra una casa cuartel del Instituto Armado– «es fruto del proceso mecánico que se da en ETA y que necesita de una decisión (fase de decisión) del órgano competente, una transmisión de los medios necesarios (fase de preparación) y una ejecución posterior (fase de ejecución)».

La Guardia Civil atribuye la creación del «comando Argala» en 1978 al comité ejecutivo de la banda terrorista del que entonces formaba parte «Josu Ternera».

El atentado, mantiene el informe, se produce en una «coyuntura» muy concreta: como reacción a la detención de «Santi Potros» y para negociar en Argel con el Gobierno desde «una posición de fuerza». En ese contexto, la cúpula etarra «decidió ejecutar una acción terrorista de envergadura» de efectos «demoledores en cuanto a víctimas y daños».

La cúpula sabía “el alcance y magnitud” del atentado

Para la Guardia Civil no hay duda de que la dirección de ETA «conocía el alcance y la magnitud de un crimen como este, ocasionado mediante una cantidad enorme de explosivo y contra unas instalaciones donde habitualmente residen familiares de los agentes».

Urrutikoetxea, según los autores del informe, participó de forma colegiada en «la toma de decisión» de cometer un atentado de envergadura, en la «selección del objetivo» y en dar la orden de hacerlo al «comando Argala», a cuyos miembros la dirección etarra facilitó el coche bomba, otro vehículo preparado con un «zulo» para poder llevar las armas y material explosivo fabricado con elementos químicos «comprados con dinero de la banda terrorista».

En su declaración por videoconferencia el 17 de marzo del pasado año, «Josu Ternera» se desmarcó del atentado. «No tengo ninguna relación con los hechos de los que se me acusa», aseguró el exjefe de ETA, quien dijo no entender por qué se le procesaba «nuevamente por lo mismo» (en relación a la investigación por lesa humanidad abierta en la propia Audiencia Nacional por la que Francia ha denegado su entrega).

La Fiscalía pide para él 2.354 años de prisión

Su abogado, Gonzalo Boye, argumentó que el exjefe de ETA ya había sido condenado en Francia en 1990 por terrorismo, pero ni el instructor ni la Sala de lo Penal acogieron esa tesis y le recordaron que nunca fue condenado en el país vecino por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza.

El letrado niega que «Josu Ternera» reivindicara el atentado e insiste en que no hay indicios contra él para responsabilizarle del mismo porque incluso en el caso de que en 1987 formase parte del comité ejecutivo de ETA este hecho «no implicaría ninguna participación directa» en el mismo. Además, su defensa hace hincapié en que en su prolija declaración Henri Parot en ningún momento señala a «Josu Ternera». Solo le menciona en relación al asesinato de la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle, cuando afirma que «Pakito» justificó la acción porque solicitaba «penas muy duras» contra los etarras «y además estuvo en París en el interrogatorio a Yosu (sic) Ternera».

El exdirigente etarra tendrá que hacer frente a las declaraciones del etarra arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa y de los ex integrantes de ETA Juan José Rego Vidal –condenado por intentar atentar contra Don Juan Carlos en Mallorca– y Elena Beloki. Rego Vidal afirmó que en las fechas del atentado Urrutikoetxea controlaba la banda terrorista «de manera absoluta».

La Fiscalía pide para «Josu Ternera» 2.354 años de cárcel como inductor y cooperador necesario de once delitos de asesinato consumado y otros 88 en grado de tentativa (tantos como heridos en el atentado), una petición de condena que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) elevan a 2.776 años de cárcel al contabilizar 94 heridos por la explosión del coche bomba.