La Fiscalía pide 2.354 años de prisión para “Josu Ternera” por el atentado contra la casa cuartel

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide que se condene al ex dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, “Josu Ternera”, a 2.354 años de prisión por su supuesta responsabilidad en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987, en el que fueron asesinadas once personas, entre ellas seis menores de edad. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) reclama por los mismos hechos 2.492 años de cárcel, una petición de condena que la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) eleva a 2.776 años, dado que ambos colectivos añaden a los 88 heridos que reconoce el Ministerio Público otros seis que en su día no fueron incluidos en sentencia.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal Pedro Rubira sostiene que “Josu Ternera” -que en la actualidad se encuentra en Anglet, en el País Vasco francés, en libertad sin control telemático, a la espera de que Francia decida sobre su entrega a España- perteneció “ininterrumpidamente al máximo órgano decisor de ETA”, el comité ejecutivo, desde 1975 hasta su detención en Bayona el 12 de enero de 1989. Primero, recuerda, como responsable del “aparato internacional”, hasta que en 1984 sustituyó a Eugenio Etxebeste, “Antxon”, al frente del “aparato político”, asumiendo la competencia sobre ambas ramificaciones de la banda criminal.

De hecho, subraya que Urrutikoetxea ha sido “uno de los máximos dirigentes de ETA que se ha mantenido a la cabeza de la organización terrorista durante un periodo más dilatado en el tiempo”.

El fiscal atribuye a “Josu Ternera”, en calidad de inductor y cooperador necesario, once delitos de asesinato consumado y otros 88 en grado de tentativa (tantos como heridos en el atentado).

Parot y el arrepentido Soares Gamboa, testigos

El representante del Ministerio Público pide en su escrito de acusación que declaren en el juicio como testigos los etarras Henri Parot, Juan José Rego Vidal y el arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa. A estos dos últimos pide que se les aplique la ley de protección de testigos.

El fiscal relata que, en 1978, el comité ejecutivo de ETA decidió la creación del “comando Argala”, con el objetivo de llevar a cabo “acciones terroristas marcadas” por la propia cúpula de la banda criminal en Francia, “que elegía sus objetivos en función de la estrategia marcada en esos momentos”

El “comando” fue desarticulado en abril de 1990 tras la detención de Henri Parot (ya condenado por estos hechos), que acarreó asimismo el arresto de los restantes integrantes de la célula: Jean Parot, Jacques Esnal y Frederick Haramboure, condenados en Francia.

La orden: “Una acción terrorista de gran envergadura”

El fiscal sostiene que el comité ejecutivo integrado en esa fechas por “Josu Ternera”, Francisco Múgica Garmendia, “Pakito”, y José María Arregui (ya condenados) tomó la decisión de llevar a cabo “una acción terrorista de gran envergadura” como respuesta a la detención del dirigente de ETA Santiago Arróspide, “Santi Potros”, el 30 de septiembre de 1987 en Anglet (Francia).

A tal fin, continúa, en una reunión celebrada en el sur de Francia en fecha sin determinar “resolvieron que la acción la llevaría a efecto” el “comando Argala” y les ordenaron trasladarse a Zaragoza “para colocar un automóvil-bomba en el acuartelamiento de la Guardia Civil”, que albergaba “los domicilios y familiar de los miembros del Cuerpo destinados en aquél”.

“Adoptada la decisión por el comité ejecutivo”, mantiene el fiscal, “Pakito” entregó a Parot un croquis señalando el lugar donde estarían los explosivos a emplear, así como las llaves de dos vehículos que serían utilizados uno como coche-bomba y el otro para huir una vez cometido el atentado.

La AEGC pide 2.776 años de cárcel

El fiscal Rubira hace hincapié en que fue la “primera vez que ETA realizaba una acción terrorista contra una casa cuartel de la Guardia Civil que albergaba a las familias de los agentes mediante la utilización de un coche-bomba, cargado además con un volumen ingente de explosivos”. De hecho, recalca, se trató de “la mayor matanza llevada a cabo por la banda terrorista” a excepción del atentado de Hipercor perpetrado en Barcelona el 19 de junio de 1987, en el que fueron asesinadas 21 personas, y el de la plaza de la República Dominicana, en Madrid, en el que murieron doce personas el 14 de julio de 1986.

La acusación que ejerce la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y dos de las víctimas eleva a 2.776 años la petición de condena para Urrutikoetxea por estos hechos. En su escrito de acusación, el letrado Jorge Piedrafita le responsabiliza también de once asesinatos y de otros 96 en grado de tentativa “por dar la orden de cometer el brutal atentado”. El abogado mantiene que mantendrá “una acusación firme y vigilante para lograr justicia y resarcimiento a los guardias civiles y a sus familias, que padecieron la masacre terrorista más grave perpetrada en Aragón y que llevan muchos años esperando”.