Presión al CGPJ: «Solo les falta encerrarnos en la Capilla Sixtina hasta que haya acuerdo»

El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asume que con la designación del ex ministro Juan Carlos Campo y de la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, el Gobierno de Pedro Sánchez busca redoblar la presión sobre el órgano de gobierno de los jueces para que designe a los otros dos magistrados del TC pendientes de relevo desde el pasado junio. Y más después de que ayer, como informó LA RAZÓN, el Tribunal Constitucional (TC) rechazase la pretensión de tres magistrados progresistas –el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y sus compañeros Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán– de valorar ya la idoneidad de los dos candidatos del Gobierno sin esperar a que el CGPJ designe a los otros dos.

«Solo les falta encerrarnos en la Capilla Sixtina hasta que haya acuerdo» (en referencia a los maratoniano cónclaves de cardenales en el Vaticano para la elección de un nuevo Papa), aseguran fuentes del bloque mayoritario respecto a la presión para que elijan cuanto antes a los dos magistrados del TC. La premura por cerrar el acuerdo hizo incluso que el presidente en funciones del CGPJ, el progresista Rafael Mozo, intentase sin éxito adelantar el Pleno al día 13 o al día 15 de diciembre «porque había que nombrar ya», señalan esas mismas fuentes, que añaden que se llegó a plantear la posibilidad de celebrar un Pleno extraordinario este mismo viernes.

«Cuanto más plenos se convoquen sin que haya consenso más presión, es evidente –asumen–. Pero nosotros somos impermeables a esas presiones», hasta el punto de que aseguran que es poco probable que se celebre un Pleno antes del 22 para votar a los candidatos.

A la espera del resultado de esas negociaciones, el TC se negó ayer a entrar a valorar los requisitos de las dos apuestas del Gobierno para el TC (que sean juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional).

El TC frena el Pleno que pedían tres jueces progresistas

Ocho magistrados –incluidos el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y los progresistas Juan Antonio Xiol, vicepresidente de la institución, y María Luisa Balaguer– se opusieron a esa valoración en solitario de los candidatos del Gobierno y coincidieron en esperar al Pleno que celebrará el Consejo del Poder Judicial el próximo día 22 para votar a sus candidatos.

Pero lo cierto es que lo más probable es que tampoco en esa reunión –en una jornada de jolgorios, botellas de cava y renovadas decepciones por el Gordo de la Lotería– es previsible que haya fumata blanca.

Porque al igual que la reforma exprés del delito de sedición hizo saltar por los aires las negociaciones para renovar el CGPJ (que el próximo 4 cumplirá cuatro años en funciones), los nombramientos del Ejecutivo para el Constitucional no han hecho sino empeorar los pronósticos de una pronta designación del CGPJ que agilice el relevo en el TC, que garantiza una mayoría progresista. «Estos nombramientos suponen una politización a ultranza», afirman desde el sector conservador, para el que el Gobierno contribuye así a la «degradación de las instituciones».

«Bandrés lo tiene muy difícil»

De hecho, la reunión de ayer de los cuatro vocales comisionados para sellar el acuerdo se ha trasladado a la jornada de hoy (tras la celebración de la Comisión Permanente), después de que los consejeros conservadores solicitasen más tiempo para evaluar el impacto de la elección del ex ministro Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez, los dos con un marcado perfil político.

Anoche, los vocales conservadores se reunieron para afrontar el nuevo cara a cara de los negociadores. El sector progresista sigue defendiendo la candidatura del magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, que supone un escollo para el bloque mayoritario porque le consideran una apuesta «gubernamental». Y ahora, argumentan, resulta más necesaria que nunca una elección idónea. «Lo que tratábamos de evitar era esto», apuntan en relación a los dos nombramientos del Gobierno.

En esa línea, fuentes del sector conservador radiografían el estado actual de las negociaciones. Por un lado, aseguran que «Bandrés lo tiene muy difícil. Cuanto más se empeñen más difícil va a resultar todo, porque siguen queriendo un cambio de cromos». Por otro, se comprometen a que «el 22 vamos a votar» y recalcan que lo harán «con total libertad de voto». Por último, dejan claro que «de momento no vamos a adelantar nombres. De aquí al 22 tenemos tiempo».

Si el día 22 no hay nombramiento, es más que previsible que magistrados progresistas del TC redoblen su petición de un Pleno no jurisdiccional para avalar a los candidatos del Ejecutivo. De recibir el plácet del Constitucional, se produciría una situación insólita, pues solo cuando nació el TC y el CGPJ no estaba aún constituido el tribunal de garantías echó a andar en 1980 sin los dos magistrados designados por el Consejo, aunque no dictó sentencias hasta completar su composición.