El Gobierno tiene ya el camino allanado para lograr aprobar los presupuestos de 2023 en tiempo y forma: en total, cuenta ahora mismo con el apoyo garantizado de 175 diputados y con la abstención del parlamentario del BNG. Por tanto, como mucho, podrían votar 174 diputados en contra, aunque eso se antoja ya muy complicado teniendo en cuenta que es previsible que Esquerra y Teruel Existe acaben en el bloque del “sí” o de la abstención porque hay avances en las negociaciones. En concreto, los 174 apoyos corresponden a 120 del PSOE, 33 de Podemos, seis del PNV, cinco de Bildu, cuatro del PDeCat, dos de Coalición Canaria, dos de Más País, uno de Compromís y uno de PRC, y un último escaño de la diputada que abandonó Podemos, Meri Pita.

Lejos de las negociaciones “in extremis” en 2020 y 2021, el grupos Socialista en el Congreso no ha llegado con la lengua fuera a la votación final. El Gobierno se presentará con los deberes hechos al Congreso, cediendo sobremanera a las exigencias que llegan de quienes le sostienen en Moncloa. Muchas de las peticiones, de hecho, son ya banderas históricas para los socios, y ello ha definido buena parte de la relación de tira y afloja del Ejecutivo con sus socios durante la legislatura.

Los presupuestos han quedadonuevamente marcados por las cesiones del Gobierno con Bildu, que con el balance de entregas -ya materiales- se convierten de facto en el socio preferente de la coalición, dejando -de nuevo- en un segundo plano al PNV. Bildu se apropia de las competencias de Tráfico, que ostenta la Guardia Civil en Navarra. ERC se convierte también en el otro gran beneficiado, con la reforma del delito de sedición incluida y con un acuerdo para controlar parcialmente la ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña, aunque no ha confirmado su apoyo todavía.

Una de las renuncias del Ejecutivo es muy gráfica: la transferencia de las competencias de tráfico de Navarra antes del 31 de marzo de 2023. Y ese punto ha desatado el rechazo de todo el bloque de la derecha política española, de colectivos de la Benemérita e, incluso, del PNV. Los nacionalistas vascos han mostrado su indignación con esta cesión porque era un acuerdo que el Gobierno había contraído con ellos para la investidura de Pedro Sánchez en 2019 y que, finalmente, se lo ha apropiado Bildu.

Y es la segunda vez que ocurre en menos de una semana: el jueves pasado, el PSOE acordó con Bildu la “participación” de las haciendas forales en la gestión del impuesto a la banca, eléctricas y grandes patrimonios, lo que enfadó también al PNV porque también acusó a los independentistas vascos de apropiarse de su enmienda. Por tanto, la relación entre los nacionalistas vascos y el Gobierno empieza a deteriorarse mientras se fortalece con Bildu a medida que va acabando la legislatura. Y eso que Pedro Sánchez renegaba al principio de su mandato de acuerdos con Bildu. En paralelo, estos pactos de PSOE y Bildu pueden interpretarse como un preámbulo de futuros acuerdos en el País Vasco y Navarra o como un toque de atención al PNV por aceptar una reunión con el PP de Alberto Núñez Feijóo.

Sánchez reivindicó este acuerdo desde el Senado donde aseguró que “las cosas de tráfico se podrán ejercer de manera coordinada. Hemos basado nuestro trabajo en el diálogo, el acuerdo y trabajamos por mejorar la estructura territorial convencido de que será así más útil”, dijo. Si bien, tampoco es todo tan sencillo: porque asumir las competencias de tráfico también le exigirá a la Policía Foral de Navarra un tiempo de transición para estar capacitada para poder ejercerlas. Un tiempo que pueden ser años.

En total, además de la transferencia de tráfico, hay otros nueve pactos más con Bildu sobre distintas materias, que van desde temas de calado político (Memoria) a sociales (vivienda, pensiones y sanidad).

ERC logra, tal y como adelantó este diario, un mecanismo para que la Generalitat pase a controlar parte de las inversiones presupuestadas en Cataluña. En concreto, según una enmienda de ERC aceptada por el Gobierno, el Estado transferirá a la Generalitat “los fondos para realizar obras en infraestructuras claves en Cataluña en el ámbito ferroviario y de carreteras, por un valor total de cerca de 900 millones de euros”. Y los republicanos lo reivindican como un “espacio de soberanía” conquistado, según las palabras del negociador en materia presupuestaria de ERC, Joan Margall. Con este mecanismo, según explican desde ERC, Generalitat y Estado se sentarán a negociar inversión a inversión (es decir, el Govern pasa a tener capacidad de decidir dónde se invierte el dinero estatal) y luego es el gobierno catalán quien recibe el dinero de Madrid y ejecuta y adjudica.

El otro gran acuerdo del día del Gobierno en materia presupuestaria es con el PDeCat, que consiste en ampliar la gratuidad del transporte a las líneas de autobús de ámbito nacional.De momento, quedan excluidas las líneas autonómicas y locales. El coste, según ha expresado el diputado Ferran Bel, será de 30 millones de euros y se alargará durante todo 2023 (podría entrar en funcionamiento ya arrancado el año). De esta manera, según ha explicado, se beneficiarán de la gratuidad también algunas poblaciones que no pueden disfrutar de las líneas de Cercanías, que es gratuito: por ejemplo, en una ruta entre Barcelona y Madrid, si el autobús para en Igualdad o Lleida, beneficiará a los habitantes de ambas ciudades, que no tienen Cercanías.

Los abertzales son los que más rédito sacan a estos últimos presupuestos, por encima del PNV, pero también de Unidas Podemos, socio minoritario del PSOE en Moncloa. Y es que la limitación de la subida del alquiler hasta el 31 de diciembre de 2023 es una de las medidas claves por las que luchaban los morados, pero que ha conseguido Bildu. Podemos trató hasta el último minuto tensionar la negociación presupuestaria para que incluyera el compromiso de desatascar la ley de vivienda que sigue parada en el Congreso por las condiciones de máximos del grupo confederal en materia de desahucios y alquileres. Moncloa se negó a volver a renegociar una ley que ya había salido de Moncloa. Además, los morados no han podido evitar el aumento de un 25,8% en gasto militar respecto al año pasado ni tampoco han sido imprescindibles a la hora de negociar los Presupuestos, como en otras ocasiones si fue necesaria su intervención para desatascar acuerdos con ERC y Bildu.