La mitad de los asesinatos de guardias civiles a manos de ETA, sin resolver

Desde que el 7 de junio de 1968 el etarra Txabi Etxebarrieta asesinara en la carretera de Aduna a Villabona (Guipúzcoa), de un disparo en la cabeza, al guardia civil de Tráfico José Antonio Pardines, de 25 años, el Instituto Armado estuvo a lo largo de más de cuatro décadas en el punto de mira de ETA. Fue, según pone de relieve Dignidad y Justicia (DyJ) en un escrito remitido al juez que investiga el atentado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) en 2002, «una clara y específica política continuada», impulsada por las sucesivas cúpulas de la banda terrorista, de «persecución, asesinatos selectivos y masacres contra la Guardia Civil». Hasta el punto de que en ese documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la asociación que preside Daniel Portero enumera 200 asesinatos de agentes del cuerpo a manos de ETA, 98 de los cuales –señalan– siguen impunes al no haber sido condenado ningún autor material por esos crímenes.

La asociación de víctimas –que ha emprendido en los últimos meses una ofensiva judicial para sentar en el banquillo a exdirigentes etarras por atentados cometidos bajo su mando– suma a esos dos centenares de asesinatos de guardias civiles que ha podido recopilar otros 19 familiares de agentes –15 menores de edad (la ultima, Silvia Martínez Santiago, de seis años, víctima precisamente de la explosión de un coche bomba en Santa Pola) y al menos cuatro esposas– que murieron a manos de los terroristas.

Dignidad y Justicia solicita al juez Manuel García Castellón –que investiga a seis exdirigentes de ETA por el atentado de Santa Pola– que solicite a la Guardia Civil y a la Policía un informe ampliatorio que corrobore en su caso esos 219 asesinatos de guardias civiles y familiares y lo amplíe también a personas asesinadas por su vinculación con el Instituto Armado (como el asesinato en 1983 de Cándido Cuña por el simple hecho de vender pan al cuartel). Para poder precisar así, expone el abogado de DyJ Miguel Ángel Rodríguez Arias, «el alcance real de tal persecución agregando todas las tentativas idóneas de asesinatos terroristas de hombres y mujeres de la Guardia Civil», tanto por medio de «asesinatos selectivos» como de «tentativas de masacre» como la que ETA intentó en la casa cuartel de Burgos en julio de 2009.

El último, en 2009

Fuentes de la propia asociación aventuran que ese informe policial ampliatorio puede disparar por encima de los 250 el número de asesinatos de guardias civiles, familiares y allegados y personas a las que ETA mató únicamente por su supuesta relación con el Instituto Armado (algunos de ellos señalados incluso como «chivatos»).

Lo cierto es que si el 44,4% (379) de los 853 asesinatos de ETA a lo largo de su cruenta historia criminal continúan sin resolver, ese porcentaje se eleva hasta casi el 50 por ciento en el caso de los atentados mortales contra guardias civiles, pues, según el listado elaborado por la asociación de víctimas, 98 de los 200 asesinatos de agentes de la Benemérita entre 1968 y 2009 (con el atentado en Calviá que el 30 de julio costó la vida a Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada) continúan todavía impunes. «No tenemos más medios para identificar a todas las víctimas», dicen.

La intención de la representación jurídica de DyJ es acreditar que, al margen de quién estuviera al frente de ETA, había una estrategia en las sucesivas Zuba o comités directivos que apuntaba en la misma dirección, por lo que el atentado de Santa Pola no fue un hecho aislado, sino «un inhumano episodio más» de esa consigna de atentar contra la Guardia Civil.

“Un odio cerval, criminal y persecutorio”

«Lo definitorio para ser asesinados esos 219 seres humanos –argumenta el letrado de DyJ– no era su identidad personal concreta, sino pertenecer al grupo humano perseguido de la Guardia Civil, al que había que aislar, acosar, exterminar, expulsar del territorio» (con campañas como «Halde Emendik», fuera de aquí en euskera).

Se trataba, denuncia, de un «odio cerval, criminal y persecutorio al más puro estilo Interhamwe (las milicias hutus del genocidio tutsi en Ruanda en 1994) e igualmente paramilitar». “Se asesina a media docena de niños hijos de guardias civiles y se celebra, como en la casa cuartel de Zaragoza”, señala el letrado en relación a una noticia de LA RAZÓN.

Una actuación que «no es jurídicamente irrelevante», expone Dignidad y Justicia, que hace referencia incluso a las «órdenes en blanco» de asesinar guardias civiles impartidas por la dirección de ETA. Alude, en sustento de esa política terrorista, a una sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de julio de 2003 que considera probado que Santiago Arróspide, «Santi Potros», ordenó atentar contra el entonces presidente del Tribunal Supremo y el fiscal general del Estado, así como contra «objetivos dejados a la elección de los miembros del comando, siempre que tales objetivos se encarnaran en personas pertenecientes a la Guardia Civil».

Es la propia Zuba, subraya el abogado de la acusación popular, la que independientemente de la identidad de las víctimas, las «acotaba» por su pertenecía al Instituto Armado.

La “principal actividad criminal de ETA”

«Asesinar a guardias civiles ha sido la principal actividad criminal de ETA», apuntan fuentes de la asociación, que aseguran en relación a las comparecencias de varios exjefes de la banda terrorista en la Audiencia Nacional –desmarcándose de los atentados– que «así como no es posible que los responsables de una empresa desconozcan la principal actividad de esa empresa» no resulta creíble que los entonces dirigentes de ETA no sepan nada de intentos de masacres como la explosión del coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola.

En el listado facilitado por Dignidad y Justicia a la Audiencia Nacional, 40 de esos asesinatos de agentes sin resolver se produjeron en los años 70 del pasado siglo y otros 42 en la década de los 80, sobre todo en los «años de plomo» de la banda terrorista. Entre otros, los atentados que costaron la vida a José Torralba López (16 de abril de 1980 en Irún), Santiago González de Paz (17 de octubre de 1981 en Santurce), José Reyes Corchado (15 de octubre de 1983 en Oñate), Fernando Amor Calvo (3 de agosto de 1985 en la localidad alavesa de Luyando) y José Antonio Ferri Pérez (21 de agosto de 1988 en Estella).

Otra decena de asesinatos sin resolver se cometieron en los 90. Por ejemplo, el de Benjamín Quintano Carrero (4 de abril de 1990 en Pasajes), el del guardia civil jubilado Francisco Díaz de Cerio (31 de enero de 1991 en Bilbao), el de Luis Aragó Guillén (16 de marzo de 1991 en San Sebastián) o el de Juvenal Villafañe García (16 de septiembre de 1993).

Tres más de esos crímenes terroristas sin autor conocido se cometieron entre los años 2002 y 2009, cuando el 20 de julio ETA mató por última vez en España en el atentado de Calviá. Las víctimas eran, también, guardias civiles.