La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) emitió en julio del pasado año un informe con datos reveladores sobre el asesinato de los dos periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile en Burkina Faso. Sobre eso trabaja desde hace meses el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, pero con escaso éxito para encontrar a los culpables de aquel atentado reivindicado por una filial de Al Qaeda. Según fuentes de la investigación, el principal problema es que el crimen necesita de mucha cooperación internacional para ser resuelto y, por el momento, peticiones como la de un testigo a Holanda todavía no han sido respondidas.

El instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno remitió una Orden Europea de Investigación (OEI) con una petición de información a Holanda que constaba de distintos extremos. Por un lado, saber si se podía localizar a un testigo del brutal ataque a los periodistas cuando se encontraban en el país realizando un documental contra la caza furtiva. Por el otro, si podían facilitar datos sobre la autopsia practicada al tercer europeo asesinado Rory Young. Aunque los medios se hicieron eco de su nacionalidad irlandesa, lo cierto es que su familia vivía en Holanda y allí viajó su cuerpo cuando fueron repatriados. Aunque el juez mantiene el diálogo con Eurojust (agencia de cooperación judicial entre los Estados de la Unión Europea) y recientemente han apremiado para recibir estos datos, por el momento no ha habido éxito.

El 30 de abril de 2021 un avión de las Fuerzas Armadas se hizo cargo de los tres fallecidos que aterrizaron en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la entonces ministra de Asuntos Exteriores Arantxa González Laya. Desde allí, Rory Young continuó su camino hasta sus familiares, mientras que Beriain y Fraile una vez en España, primero fueron trasladados para practicarles las autopsias que constan en el sumario y luego ya sus cuerpos se entregaron a las familias.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se hizo cargo del caso -órgano competente por terrorismo contra españoles en un país extranjero- de forma rápida porque solo tenía seis meses para las primeras pesquisas. En julio decidieron presentar una querella por terrorismo después de que informes de la Guardia Civil y la Policía atribuyeran el asesinato al Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda en Sahel. La INTERPOL había detectado mensajes de bots cercanos a los grupos yihadistas que señalaban que los periodistas habían sido asesinados por “ser cristianos” y añadían “ojalá hayan sido los nuestros”.

Lo cierto es que más allá de eso la investigación ha sufrido pocos avances en estos meses, según fuentes de la investigación que además se muestran algo pesimistas con lo que pueda conseguirse. Si la petición de información “no da sus frutos” no hay mucho más que hacer, dicen, y la causa estaría entonces abocada al archivo.

Lo que sucedió aquel mes de abril quedó reconstruido en los informes de los agentes. A las nueve de la mañana salió un convoy de la región de Natiaboani, en la provincia de Gourma (Burkina Faso). Además de los dos españoles, había agentes medioambientales y soldados burkineses. La expedición se dirigía hacia el parque nacional de Arli, en el límite con Benín, cuando fue asaltada por los yihadistas. Roberto Fraile resultó gravemente herido durante los ataques y los soldados del país africano instaron a Beriáin y a Young a huir porque se les acababa la munición. Querer quedarse al lado de su compañero fue la sentencia de muerte. Al día siguiente los encontraron a los tres sin vida. La seguridad en ese cinturón del Sahel se ido deteriorando en los últimos años como consecuencia de la actividad yihadista de organizaciones conectadas con el Estado Islámico o con Al Qaeda.

A lo largo de este año y medio, los periodistas que con su productora buscaban reflejar las actividades ilegales contra los animales en el país africano, han recibido numerosas muestras de afecto, cariño y admiración. Incluido el reconocimiento del Gobierno que les entregó las cruces a víctimas del terrorismo a título póstumo.