Audios del comisario José Manuel Villarejo, confesiones de Corinna Larsen, avisos de la inteligencia financiera y regularizaciones fiscales millonarias. Todo este cóctel bañó los 39 meses que la Fiscalía siguió de cerca más de cinco años de actividades del monarca. El Ministerio Público plasmó que nunca fue su intención una “indagación con alcance general, de la conducta, las actividades o el patrimonio” del Rey Don Juan Carlos. Pero lo cierto es que pasaron por revisión dos fundaciones (Lucum, constituida en Panamá y Zagatzka, desde Suiza), decenas de movimientos bancarios con unas tarjetas con las que el Rey Juan Carlos I viajó por todo el mundo, o el cobro de unos 65 millones de euros en comisiones. La conclusión de la investigación liderada por el entonces fiscal jefe del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos y el de Anticorrupción Alejandro Luzón fue la misma para las tres ramificaciones que brotaron durante los cuatro años: el archivo. Si bien dejaron claro que no interponían querella no porque no vieran delito sino porque Juan Carlos I era inviolable cuando se produjeron, porque se habían saldado los pagos y porque algunos prescrito.

“Si bien la investigación [..] no permite, a juicio de la Fiscalía, ejercitar acción penal alguna contra S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón, [..], básicamente, la insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad del Jefe del Estado o la regularización fiscal, es relevante señalar que la actuación de la Fiscalía ha permitido recuperar para las arcas públicas 5.095.148 euros”, sentenció el decreto de archivo.

Aquí estuvo uno de los puntos más controvertidos y reprochados al Ministerio fiscal que dirige Dolores Delgado. Si avisaron al Rey -como lo hicieron en varias ocasiones a través de su abogado Javier Sánchez-Junco a medida que abrían líneas de investigación- de que estaba bajo el foco de la causa, no podía presentarse las regularizaciones. Así lo dice la ley: uno puede ponerse al día con Hacienda siempre y cuando no haya un aviso de investigación en marcha. La Fiscalía se defiende. Entienden que dar traslado a Juan Carlos de lo que estaba pasando correspondía a su derecho a una defensa justa, pero no hubo “conocimiento formal”, es decir, no le advirtieron de qué se trataba y él regularizó por su cuenta. “Ni en los decretos de incoación de ambas diligencias de investigación ni en las respectivas notificaciones se hacía referencia a los hechos a los que se contraen las declaraciones tributaria”. El Rey logró mediante un crowfunding de sus íntimos reunir el dinero suficiente para saldar sus deudas con el erario público. Don Juan Carlos nunca tuvo que testificar en ninguna de las tres causas.

El tren del AVE a La Meca

Surgió en 2018 a raíz de que en la causa de Villarejo que se indagaba en la Audiencia Nacional aparecieran unos audios en los que Larsen hablaba de una comisión de Arabia Saudí al Rey por haber intercedido para que la obra faraónica del tren a la Meca se la quedara un consorcio con empresas españolas. El fiscal Anticorrupción Luzón pidió que le enviaran la grabación comenzó a tirar de este hilo en secreto.

Se trasladaron a Londres a escuchar lo que la antigua amiga del monarca tenía que decir y fueron pidiendo información a Suiza -lugar al que llegó la comisión de los más de 64 millones de euros- de forma paralela a la investigación que abrió allí también el fiscal de Ginebra Yves Bertossa. Fue en la estructura de la Fundación Lucum -fundada por Arturo Fasana y Dante Canonica- donde el Rey recibió los dólares del monarca asiático.

Tanto en España como en Ginebra llegaron a la misma conclusión: sin la colaboración de Arabia Saudí era imposible acreditar que la “donación” tuviera base punible. De hecho, el último fleco de esta causa acaba de resolverse hace una semana cuando Anticorrupción archivó también las pesquisas que mantenía vivas sobre las empresas españolas que se encargaron de la macro-obra.

Tarjetas y viajes

Los agentes del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) pusieron la chincheta en una fundación en la que, para sorpresa de los investigadores, Juan Carlos aparecía como uno de los beneficiarios. Otros actores entraron en esta escena. En concreto un empresario mexicano Allen Sanginés Krause que enviaba dinero a un coronel español del ejército del aire de la confianza del Borbón. Nicolás Murga Mendoza recibió transferencias entre 2014 y 2019. La Fiscalía quería demostrar si se trataba de una suerte de testaferro porque el dinero iba a parar a viajes y gastos para el Rey y “familiares o allegados del mismo”.

En el núcleo de esta investigación se llegó a: la fundación Zagatzka. El titular era el primo Álvaro de Orleáns, aunque fue montada por los gestores de Lucum. La Fiscalía se demoró mucho en este punto porque los datos pedidos a Suiza no terminaban de llegar. Este fue el argumento esgrimido durante los últimos meses en los que el archivo parecía inminente pero no terminaba de llegar. De hecho, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, responsable de firmar los decretos de prórrogas de estos casos, recibió críticas. Al final, mismo resultado.

Paraíso fiscal

La inteligencia financiera estuvo también detrás de la tercera de las líneas de la Fiscalía: un trust empresarial en la isla de Jersey que podría tener relación con una cuenta en Andorra de una persona con vínculos con el monarca. Se trata de una estructura creada por Manuel Prado y Colón de Carvajal con un importe inicial superior a los 10 millones de euros. The JRM 2004 Trust tenía como finalidad apoyar a Don Juan Carlos “en caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar”. Por eso, el Rey era “único beneficiario”.

La Fiscalía concluyó que estos trust (hubo uno anterior constituido por el historiador Joaquín Romero Maura) se alimentaron de donaciones realizadas entre los años cincuenta y setenta por distintas personas para apoyar al entonces príncipe. Pero aquí tampoco “concurren indicios que permitan dirigir reproche penal contra S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón”