Moncloa utiliza el Consejo de Ministros para atacar a Feijóo

Moncloa no suelta la presa. El pacto de Gobierno en Castilla y León, entre el PP y Vox, permite al Ejecutivo avanzar en su estrategia de desgaste del principal partido de la oposición. Ahora que la llegada de Alberto Núñez Feijóo se antojaba un revulsivo electoral, tras la crisis interna sufrida, el Ejecutivo busca revertir este impulso, debilitando la posición de los populares a cuenta de sus «pactos con la ultraderecha». Desde la víspera de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, tal como publicó este diario, ya se venía anticipando una hoja de ruta que se ha desplegado en toda su dimensión, una vez que el lunes se materializó el apoyo de Vox al presidente en funciones.

Fuentes socialistas en privado y portavoces autorizados en público han ido cimentando un discurso que contrapone la actitud del principal partido de la oposición en España con la de sus homólogos europeos, especialmente franceses, tras el «cordón sanitario» a Marine Le Pen anunciado para la segunda vuelta de los comicios en el país vecino. Sin embargo, el discurso que, en el fondo es el mismo, tuvo ayer un salto cualitativo en cuanto a la forma. El Gobierno ha utilizado la mesa del Consejo de Ministros, un altavoz institucional desde el que representan a todos los españoles, para proferir sus ataques al PP, con acusaciones de «traición» por sus pactos con quienes quieren «atentar contra el sistema democrático y constitucional».

Los socialistas mantienen que «es un mal día para la democracia» que Vox haya entrado en el primer gobierno autonómico de la mano del PP, pero no hicieron nada para evitarlo, cuando tuvieron la opción de prestar sus 28 abstenciones para ello. Ahora, desde el Gobierno advierten de que establecerán un control «ex post», fiscalizando la actividad legislativa del Gobierno de Castilla y León y amenazan con llevar a los tribunales cualquier retroceso en derechos que se intente impulsar por parte de Vox. Recuerdan cómo se recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia el intento de establecer un «pin parental» en materia educativa en Murcia.

El foco se sitúa especialmente en lo relativo a la violencia de género. En Moncloa consideran «muy grave» que el PP esté dispuesto a «poner en peligro» los derechos de las mujeres e «invisibilizar» un tipo de violencia específica que sufren por el mero hecho de serlo. En este sentido, la ministra de Justicia, Pilar Llop, pidió al PP un «cordón democrático» a Vox en este sentido, porque, en caso contrario, «traicionará» los derechos de mujeres y niños.