A las cinco causas reabiertas en los últimos meses en la Audiencia Nacional contra exjefes de ETA por su supuesta responsabilidad en atentados cometidos bajo su mando se les puede unir en las próximas fechas una más: la masacre que intentó llevar a cabo la banda terrorista el 21 de septiembre de 2008 con la explosión de un coche-bomba junto al cuartel de la Ertzaintza de Ondarroa (Vizcaya).

Por el atentado –en el que no hubo víctimas mortales, pero sí 18 heridos (trece de ellos agentes de la Policía vasca) y daños materiales por valor de 4,8 millones de euros– ya fueron condenados en 2013 a casi 300 años de prisión los dos autores materiales: Ibon Iparraguirre y Asier Badiola. Pero el pasado marzo, Dignidad y Justicia (DyJ) se querelló contra cuatro de los cinco etarras (el quinto, Francisco Javier López Peña, «Thierry», falleció en 2013) como supuestos autores mediatos del atentado por su «responsabilidad por el mando» que ostentaban en la cúpula de ETA.

La querella –sobre la cuya admisión a trámite debe pronunciarse ahora el magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal– supondrá según las fuentes consultadas la reapertura de una nueva investigación contra ex dirigentes de la banda terrorista por autoría mediata sustentada en su dominio de la organización. Se sumará así a las que ya instruyen distintos jueces del tribunal por los asesinatos de Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco y los atentados de la T-4 de Barajas (que puso fin a la tregua de ETA), de la casa cuartel de Zaragoza en 1987 y el que tuvo lugar en Santa Pola (Alicante) en agosto de 2002.

“Autores detrás del autor”

En este caso, la denuncia de la asociación que preside Daniel Portero se dirige contra Garikoitz Aspiazu, «Txeroki»; Aitzol Iriondo, «Gurbitz»; Mikel Carrera Sarobe, «Ata»; y Ainhoa Ozaeta. Salvo esta última, que fue responsable de las finanzas de la banda y de la gestión del «impuesto revolucionario» –y que en la actualidad cumple condena en Francia–, los otros tres querellados fueron procesados en 2015 por lesa humanidad y la Audiencia Nacional ha puesto en marcha los trámites, como adelantó ayer LA RAZÓN, para reclamar a Francia su entrega temporal para ser juzgados.

En la querella, el abogado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias los señala como «auténticos autores detrás del autor» al considerar «incontestables» los hechos probados que «acreditan la expresa y directa participación» de la propia ZUBA (comité ejecutivo de ETA) en este atentado.

De hecho, recuerda el letrado en su exposición, en la sentencia que condenó a los dos autores materiales se da por probado que uno de ellos, Asier Badiola, se vio en Francia el 21 de agosto de 2008 con «Txeroki», quien le trasladó que pondría a disposición del «comando» un coche bomba «totalmente preparado» (con 100 kilos de amonal «reforzado con alto explosivo» para causar el mayor daño posible) que debían recoger, como así hicieron, en un parking del polideportivo de Escoriaza (Guipúzcoa). Un vehículo con las llaves puestas que reconocerían por «una barra de pan en el salpicadero». El entonces jefe «militar» de ETA le señaló, además, que debían atentar contra la Ertzaintza, «debiendo ser ellos quienes habrían de concretar el objetivo».

«Eran la voluntad de ETA»

«Ellos eran el ZUBA, ellos conjuntamente eran ETA personificada, eran la voluntad de ETA», subraya en su querella Dignidad y Justicia, para quien los dos autores materiales eran «dos meros peones ejecutores» de un atentado cuya última responsabilidad recaía en los integrantes del comité ejecutivo de la banda. Una cúpula, señala, «con dominio absoluto de la organización», caracterizada por una «férrea cadena de mando que emanaba desde la puerta de la ZUBA hasta el último militante de base» «Ellos eran ETA. Y todos los demás miembros les servían a ellos», recalca.

En la querella también se alude a la reivindicación del atentado (el 5 de noviembre de 2008 a través del diario Gara) por parte de la cúpula «para dejar fuera de toda duda que la ejecución del mismo fue la exacta manifestación» de esa voluntad de «los hombres de atrás» que ocupaban la dirección de ETA.

«Los miembros de la ZUBA ostentaban a todos los efectos y de la forma más completa –argumenta– el gobierno y pleno dominio de la organización armada» y de «las acciones y atentados perpetrados bajo su mando». Eran por tanto, añade, «los únicos que realmente podían haber revocado, en cualquier momento, la decisión de continuar con el atentado».

DyJ insta a la Audiencia Nacional a citar a declarar a los querellados y a reclamar a Policía y Guardia Civil un informe sobre «la composición nombre a nombre de toda la estructura de mando» de ETA en el momento del atentado.