Podemos pone en jaque la mayoría de la coalición

El Gobierno de coalición vive sus horas más bajas. El estallido social en la calle, con movilizaciones de los sectores más afectados por las consecuencias de la guerra en Ucrania, se suma a la manera en que se desenvuelve Pedro Sánchez y sus ministros sin contar con sus socios dentro y fuera de la coalición. La imagen de soledad que se percibió el pasado miércoles en la sesión de control al Gobierno, en la que el presidente se vio cercado a izquierda y derecha por los partidos de la oposición –algunos, aliados habituales–, aumenta una debilidad que se certifica en la estricta aritmética parlamentaria. Aunque el Ejecutivo actúe, según se quejan sus socios, como si tuviera mayoría absoluta, el escenario no podría estar más lejos de esta realidad. Incluso podría decirse que los apoyos de la coalición son menguantes, con Podemos como núcleo central de esta fuga, al haber perdido dos diputados en apenas cuatro meses. Al acta sin cubrir de Alberto Rodríguez, desde que el 22 de diciembre se le retirara tras la sentencia del Supremo que le inhabilitó 45 días para ejercer el sufragio pasivo, se suma ahora la de la otra parlamentaria canaria de Podemos, Meri Pita, que, por discrepancias con la dirección, pasará a integrarse en el Grupo Mixto.

Un movimiento que no sorprendió a los morados, que ya vienen advirtiendo sus señales desde hace tiempo. Sin embargo, su «huida» al Grupo Mixto vuelve a poner en evidencia las grietas dentro de Podemos, que no termina de despegarse de la imagen de formación dividida y apegada a los personalismos políticos, que ya era atribuida a la era liderada por Pablo Iglesias. Esta es la idea que vienen denunciando los cargos públicos que en la última etapa han abandonado el partido, a pesar de la transformación que ha tratado de dar Ione Belarra, en un intento de abrir el partido a la militancia. Y es que la diputada canaria ha cru «deriva orgánica del partido» por sus «manipulaciones», «sectarismos» y por dejar de ser «democrática y plurinacional» entre otras acusaciones, según la carta enviada por Pita al grupo parlamentario a la que tuvo acceso Epe.es. Por su parte, desde Podemos explican que la diputada llevaba dos meses sin donar parte de su sueldo, como exige el Código Ético morado y ponen en duda la utilidad de que ésta se pase al Grupo Mixto, donde no podrá presentar iniciativas parlamentarias sin el aval del líder de Foro Asturias.

«Tránsfuga»

En el plano político, los de Belarra son conscientes de que la pérdida de sus dos diputados afectará a la fuerza del bloque de investidura, y es por ello que reclaman a la diputada que devuelva el acta al partido y «a los 140.000 canarios que votaron a Unidas Podemos» y la tachan de «tránsfuga». Aunque, transmiten que la diputada les ha prometido que no hará de «ariete» contra el Gobierno en las sucesivas votaciones y que acatará la disciplina de voto. Ante este nuevo revés, el espacio confederal trata de quitarle importancia y pone el foco en la apuesta por «cuidar» el bloque progresista para evitar que la agenda legislativa peligre. Un aviso directo al PSOE ante, según los socios, sus intentos de «acercarse al PP», lo cual llevaría implícito el «no» de los aliados tradicionales.

En el sector socialista del Gobierno se observa esta aritmética menguante con la debida lejanía –por tratarse de sus socios–, pero con obvia preocupación. No se comprende que Podemos no haya sustituido todavía a Rodríguez, algo que en Podemos replican que no se encuentra en sus manos, sino que depende de la siguiente candidata a diputada en la lista de Podemos, Patricia Mesa, que no responde a sus llamadas ni tampoco a las reclamaciones de la Junta Electoral Central, en un intento de mantener «secuestrado» el escaño hasta que se resuelvan los recursos jurídicos de Alberto Rodríguez.

Tras la traumática votación de la reforma laboral, que salió adelante por apenas un voto, debido al equívoco del diputado del PP Alberto Casero, se abrió el debate de su sustitución. En la coalición advierten de que «no pueden permitirse» este goteo de escaños, dado lo ajustado de las mayorías. En el horizonte, las próximas semanas está la aprobación del decreto que alumbrará el martes el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias de la guerra, un texto aún por rematar y al que el Gobierno apenas ha logrado adhesiones por la inconcreción de las medidas que ha trasladado al resto de partidos. No hay temor en Moncloa a que no salga adelante, porque creen que, una vez concretado el plan, será lo suficientemente ambicioso como para lograr un apoyo suficiente, aunque no unánime, como aspiraban en un inicio.

El escenario a futuro de la coalición tampoco es alentador. Con Canarias como epicentro del terremoto. Dentro de la exigua mayoría de la investidura, una de los pilares seguros era el voto de Nueva Canarias. Sin embargo, la formación tiene sus días contados en el Congreso ya que se quedará sin representación a partir de julio, en favor de Coalición Canaria. Ambas formaciones nacionalistas rubricaron un pacto el 10-N para concurrir en coalición y retener el escaño que NC había perdido el 28-A en favor de Cs. El número uno de la lista fue Pedro Quevedo y en segundo lugar figuraba la líder de Coalición Canaria, María Fernández. Quevedo mantendría el acta durante dos años y medio, y entonces sería reemplazado por Fernández. La fecha prevista es julio 2022.