Recurrido el carpetazo del Supremo a la querella por calumnias contra Belarra: es un “ataque brutal” a la Justicia

La Fundación Foro Libertad y Alternativa ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo (TS) de inadmitir a trámite la querella que presentó por calumnias contra la líder de Podemos, Ione Belarra, por acusar al alto tribunal de prevaricación tras la condena al diputado morado Alberto Rodríguez por dar una patada a un policía. Unas manifestaciones que la asociación denunciante considera un ataque de mala fe “brutal, “destructivo” e “infundado” contra la Justicia que afecta a su independencia y legitimidad y que zarandea la confianza ciudadana en el sistema judicial.

“Se trata de un ataque que, además de lesionar los derechos fundamentales de los magistrados concernidos, afecta a la legitimidad de la propia administración de justicia, su independencia y al sistema de equilibrio de poderes en el que se basa la democracia”. Para la institución, la ministra cometió un delito de calumnias contra autoridades y contra el Supremo al haber realizado “una imputación de un delito con conocimiento de la falsedad o temerario desprecio a la verdad”.

Además, hace hincapié en que “la extralimitación en el uso del derecho a la libertad de expresión contra un miembro de la administración de justicia por parte de un miembro del Gobierno pone en un peligro mayor derechos fundamentales y bienes esenciales del Estado democrático y de derecho”. “El asunto no es menor -señala-. En España nunca se había producido un ataque de estas características a miembros del poder judicial por parte de un miembro del Ejecutivo”, por lo que afirma que la inadmisión definitiva de la denuncia abriría “una puerta muy peligrosa para el equilibrio del sistema”.

La Sala Penal del Supremo decidió el pasado día 18, con el respaldo de la Fiscalía, no tramitar esa denuncia al considerar que pese a tratarse de manifestaciones “injustificadas y ofensivas”, están amparadas en la libertad de expresión porque Belarra se limitó “a exponer su pensamiento o una opinión sobre asuntos de interés general” en un contexto “eminentemente político”.

“Contexto de deslegitimación de la Justicia” desde Podemos

Pero la asociación querellante discrepa de esa conclusión y, en el recurso de súplica al que ha tenido acceso LA RAZÓN, defiende que la ministra de Derechos Sociales hizo esas manifestaciones “en un contexto dirigido a la deslegitimación de la Justicia desde el partido del que es secretaria general”. Además, añade, es miembro del Gobierno “y por lo tanto del poder ejecutivo que debe ser controlado por el poder judicial”.

“No se limitó a manifestar que no hubiera pruebas suficientes” para condenar a Alberto Rodríguez -recalca- sino que dijo que fue condenado “a pesar de las pruebas que de muestran que él no estuvo allí”, una afirmación “carente de cualquier soporte fáctico”.

«El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación», escribió la líder de Podemos en su cuenta de Twitter el pasado 22 de octubre tras conocer la condena al parlamentario morado por dar una patada a un policía durante una protesta en Tenerife en 2014.

La líder de Podemos -sostiene el letrado del foro querellante, Fernando García Capelo- “acusa directamente de prevaricación” y “no se limita a imputar hechos que pudieran de manera teórica ser constitutivos de un delito de prevaricación, sino que imputa de manera directa” a los magistrados del Tribunal Supremo y al propio tribunal la comisión del delito.

“Todo ello lo hace por escrito, con plena consciencia de sus afirmaciones, con conocimiento de la falsedad o, como mínimo, temerario desprecio a la verdad -insiste-. No solamente no es cierto lo que dice, sino que hay pruebas, que la querellada debía conocer, que acreditarían la falsedad o falta de sustento de las afirmaciones realizadas”.

El debate político no ampara cualquier acusación

La sentencia del Tribunal Supremo, subraya, “explicita claramente las pruebas existentes y los razonamientos jurídicos que llevan a su conclusión, sin que pueda en ningún caso entenderse o deducirse de los mismos, ni siquiera retorciendo la realidad, que haya ningún ánimo prevaricador” en la Sala.

Foro Libertad y Alternativa considera que el TS debe rectificar y admitir a trámite la querella “si no puede descartar” a priori “y de manera plena” que los hechos no sean constitutivos de delito. Asimismo, cuestiona que los comentarios de Belarra -que según destaca afectan a la legitimación e independencia del poder judicial- estén amparados por la libertad de expresión.

Si la libertad de expresión únicamente tiene como límite en el debate político el discurso de odio o la incitación a la violencia -argumenta el letrado de Foro Libertad y Alternativa- “llegaríamos al absurdo de que cualquier acusación, por abyecta, personal, malintencionada e infundada que fuera, quedaría legitimada si se produjera en el contexto del debate político, lo que resulta absurdo y lo absurdo no tiene cabida en derecho”.

“No es una crítica áspera o incómoda”

Para la asociación recurrente, aunque la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos coincide en que el debate sobre el funcionamiento de la justicia es de interés público, “el especial papel de ésta en la sociedad democrática hace que resulte necesaria su protección contra destructivos ataques infundados, como a nuestro juicio sería el presente caso”. “Está en juego, entre otras cosas, la confianza que el sistema judicial debe ofrecer al ciudadano en una sociedad democrática”, subraya.

“Permitir un brutal ataque a los miembros del poder judicial y al propio sistema de justicia, como el que aquí analizamos, realizado por una persona que es miembro del Gobierno de España, con una enorme difusión pública, genera un riesgo evidente de deslegitimación de la justicia”, hace hincapié Foro Libertad y Alternativa.

“No se trata de una crítica áspera o incómoda”, añade, ni de considerar que las pruebas no eran suficientes para la condena o esparcir meras sospechas, sino que la crítica “va mucho más allá” al afirmar “que había pruebas que acreditaban la inocencia del condenado, que los magistrados actuaban conscientemente contra lo dispuesto en la sentencia, que no buscaban hacer justicia, sino quitar un escaño a un diputado”.