La Fiscalía se opone a investigar a Ione Belarra por acusar al Supremo de prevaricación

La Fiscalía no ve motivos para investigar por un posible delito de calumnias a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por acusar al Tribunal Supremo de prevaricación por condenar al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez a un mes y 15 días de cárcel –que se conmutó por una multa ya pagada– y otros tantos de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, que supuso la pérdida de su escaño.

El Ministerio Público, que en su día no denunció los hechos, rechaza así -según ha adelantado El Mundo y han confirmado a este periódico fuentes jurídicas- que el Supremo admita a trámite la querella interpuesta por la asociación Foro Libertad y Alternativa contra Belarra, a quien atribuye un delito de calumnias contra el Alto Tribunal y otros cinco contra los magistrados que firmaron la sentencia. Ahora, será la Sala Penal del alto tribunal la que decida si tramita o no esa denuncia.

El posicionamiento de la Fiscalía del Tribunal Supremo -que enmarca las palabras de Belarra en el derecho a la libertad de expresión, reforzado en el caso de los parlamentarios cuando actúan en el ejercicio de su cargo- se produce solo unas horas después de la toma de posesión de la nueva teniente fiscal del alto tribunal, Mª Ángeles Sánchez Conde.

Libertad y Alternativa defiende en su denuncia el “sólido” fundamento jurídico de la sentencia que condenó a Alberto Rodríguez por dar una patada a un policía durante una protesta en Tenerife contra el ministro Wert y defiende que en la resolución no se aprecia “indicio alguno, por leve que fuera, de prevaricación”.

Para la asociación querellante, la ministra tenía “sobrado conocimiento de la falsedad de la imputación” y le achaca que actuase “desprecio extremo y temerario hacia la verdad”, acusándoles públicamente “y con grosera falsedad de haber cometido un delito de prevaricación”, algo que -subrayaba- afecta “a la legitimidad de las resoluciones judiciales y, en definitiva, a uno de los poderes del Estado”.

El letrado Fernando García Capelo, vicepresidente de Foro Libertad y Alternativa, enmarcaba los ataques de Belarra en una supuesta campaña de Podemos para “deslegitimar de manera genérica la Justicia”.

El CGPJ cree no le ampara la libertad de expresión

A diferencia de lo que mantiene la Fiscalía, para la asociación las manifestaciones de la ministra morada “exceden ampliamente” el derecho a la libertad de expresión. “No se trata de que realice una crítica severa, incluso áspera, a una decisión judicial, sino que directamente acusa al Tribunal Supremo y a los magistrados que dictan la sentencia y hacen ejecutar lo juzgado, de prevaricación, sin más matices”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya criticó duramente las palabras de la líder de Podemos, porque en opinión de su Comisión Permanente “más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable”.

El órgano de gobierno de los jueces hizo un llamamiento a los cargos públicos para que “no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho, recordándoles que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial”.