Mikel Albisu, «Mikel Antza», fue recibido ayer entre aplausos por un grupo de dirigentes de Sortu y EH Bildu a su llegada al Palacio de Justicia de San Sebastián, desde donde el ex dirigente de ETA declaró por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal en relación a su supuesta participación en el asesinato, en 1995, del concejal del PP Gregorio Ordóñez.

Para la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) –que ejerce la acusación popular en esta causa– se trata de un ejemplo más de la impunidad con la que la izquierda sigue enalteciendo a ex integrantes de la banda terrorista, pese al reciente anuncio del colectivo de presos de poner punto y final a los ongi etorri, con la consiguiente humillación para quienes han sufrido en primera persona los atentados de ETA.

Según fuentes de la asociación que preside Daniel Portero, Dignidad y Justicia tiene previsto denunciar por enaltecimiento del terrorismo en la Audiencia Nacional ese acto de apoyo a «Mikel Antza», que fue recibido con aplausos por la delegación abertzale, entre la que se encontraban el ex dirigente de la ilegalizada Batasuna Rufi Etxeberria, el ex integrante de la Mesa Nacional de HB José María Olarra, el dirigente de Sortu Haimar Altuna y Reyes Carrere, portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento donostiarra. Todos tras una pancarta que rezaba en euskera: «Solución y paz. Mikel Albisu con nosotros», informa Efe.

Según esas mismas fuentes, DyJ pedirá a la Audiencia Nacional que las Fuerzas de Seguridad identifiquen a todos los participantes en ese acto con el que Sortu quiso expresar su «apoyo y solidaridad» al ex dirigente de la banda terrorista.

El ex jefe etarra se desvincula del atentado

Tras su comparecencia, el juez Abascal acordó prohibir a Albisu –como le solicitaron Dignidad y Justicia, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el Partido Popular y la familia de Ordóñez, aunque no la Fiscalía– que abandone territorio nacional sin permiso judicial y retirarle el pasaporte (en caso de no tenerlo, como parece, no podrá renovárselo). Además, deberá facilitar un domicilio en nuestro país (como pidió el fiscal Pedro Rubira), así como un teléfono de contacto permanente donde pueda ser localizado. El juez le advierte de que si incumple cualquiera de estas medidas su libertad provisional podría revocarse y acordar su ingreso en prisión.

Sin embargo, el instructor rechazó adoptar otra de las medidas instada por las acusaciones, a excepción del Ministerio Público, y se negó a obligar al ex jefe etarra a comparecer cada 15 días en el juzgado.

Durante su comparecencia desde los juzgados de San Sebastián, el ex jefe del «aparato político» se limitó a leer un comunicado desvinculándose del atentado que terminó con la vida del presidente del PP de Guipúzcoa. Según fuentes jurídicas, el etarra insistió en que no tuvo «nada que ver» con el atentado y, tras recordar que ya ha pasado «veinte años en prisión» en Francia (donde fue condenado por asociación de malhechores), enmarcó la actuación judicial contra los ex responsables de ETA en una supuesta «persecución» y en lo que considera una política de «represión contra Euskal Herria».

Además, denunció que los indicios que le incriminan en el asesinato de Ordóñez –recogidos por la Guardia Civil en un informe– se obtuvieron a través de «manipulaciones» y se basan en declaraciones policiales obtenidas según él mediante «torturas» a presos de la banda terrorista.

El juez ve riesgo de fuga

En la resolución en la que acuerda la medida, Abascal subraya «el relevante papel» desempeñado por Mikel Albisu en ETA, y más concretamente en su comité ejecutivo, «en relación con las órdenes para asesinar» al en esas fechas teniente del alcalde de San Sebastián el 23 de enero de 1995.

Para el magistrado, no es irracional concluir que Albisu «quiera optar por eludir la acción de la justicia y ponerse fuera del alcance de este órgano instructor o del de enjuiciamiento» ante la «extraordinaria gravedad del delito que se le imputa» y las «elevadas penas» que puedan imponérsele en caso de condena.

Abascal señala que tras la caída de la cúpula etarra en Bidart (Francia) en 1992, el comité ejecutivo de la banda terrorista –al que perteneció Albisu entre mediados de 1994 y octubre de 2004, cuando fue detenido– tomó la decisión «de forma colegiada» de atentar contra militantes y dirigentes del PP y del PSOE, que a partir de julio de 1993 pasan a convertirse en objetivos «prioritarios».

El magistrado deja claro su presunta responsabilidad como integrante del comité ejecutivo, que en esas fechas «decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente el atentado». «No hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija», recalca.

Ahora, el magistrado tiene intención de llamar a declarar el próximo enero por estos mismos hechos al ex jefe de ETA Iñaki Gracia Arregi, «Iñaki de Rentería». Para interrogar a los también investigados Juan Luis Aguirre Lete «Isuntza», Julián Atxurra «Pototo» y José Javier Arizkuren Ruiz, «Kantauri», todos ellos en prisión, tendrá que esperar a que Francia dé su autorización, pues en su día fueron entregados por otras causas.