Un nuevo frente judicial contra el rey Juan Carlos I se está decidiendo esta semana en Londres, después de que la empresaria Corinna Larsen lo denunciara a finales de 2020 por acoso. La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia Británico tiene que resolver si es competente o no para enjuiciar al monarca y, para ello, ha escuchado este lunes y martes a las partes. Los abogados del rey, a cuyos argumentos ha accedido LA RAZÓN, defienden su inmunidad porque dicen que sigue perteneciendo a la Casa Real y añaden que si el juez Matthew Nicklin -a cargo del caso- decidiera entrar en el fondo de la cuestión se produciría una situación de indefensión derivada de la imposibilidad para él de citar a agentes de los servicios de inteligencia españoles, a quienes Larsen sitúa como emisarios para vigilarla y presionarla.

La clave de lo que se está dirimiendo en la capital de Reino Unido se centra en una Ley de inmunidad de 1978 (State Immunity Act, SIA por sus siglas en inglés). En virtud del artículo 14 de esa ley parece claro que todos los hechos anteriores a 2014 , cuando Juan Carlos era todavía rey, quedarán excluidos del procedimiento, según indican fuentes de la defensa consultadas por este periódico. La incógnita está ahora en al artículo 20, que extiende esta inmunidad diplomática no solo al Jefe del Estado, sino a los miembros de su familia que forman parte de su «hogar» («household»).

En la causa hay incorporados dos informes periciales jurídicos españoles que tratan de arrojar luz al tribunal británico en este aspecto. El primero, fue elaborado por el abogado penalista José Antonio Choclán e indica que el padre de Felipe VI solo tiene un estatus honorario, con agradecimiento por sus años, pero que ya no es Casa Real. En el sentido contrario habla el segundo de los abogados y catedrático en Derecho Penal Bernardo Del Rosal, quien afirma que sigue siendo un representante de la Corona, casi como cualquiera de las hijas del actual rey.

Este martes fue el turno de la defensa de Larsen que afirma que Juan Carlos I envió agentes del servicio secreto español para espiarla e intimidarla mientras vivía en Londres después de que la relación se terminase. Alude cómo agentes del CNI supuestamente irrumpieron en su apartamento y dejaron un libro en su mesa de café sobre la muerte de la princesa Diana, alegando que fue orquestada por el MI6 y la CIA. La empresaria afirma que esto fue seguido por una llamada telefónica de un español desconocido que le dijo que «hay muchos túneles entre Niza y Mónaco» en alusión a donde ella tenía entonces una casa. Sus abogados han explicado por escrito que los agentes llevaron a cabo «allanamiento y daños criminales» que incluyeron «perforar un agujero en la ventana de su habitación mientras dormía por la noche en su casa en Shropshire el 21 de junio de 2017». En el centro de la disputa entre los ex amantes está la negativa de ella a devolver los obsequios, incluidos 65 millones de euros que el monarca pagó en una cuenta bancaria en el extranjero a su nombre en 2012, supuestamente utilizando fondos que le donó la realeza saudí como un soborno para conseguir negocios con España.

En esta línea, el monarca “niega con rotundidad” cualquiera de estas afirmaciones, pero va más allá y expone que, de ser así, no podría ejercer una defensa “adecuada” porque requeriría necesariamente citar a funcionarios que trabajan en áreas sensibles de la inteligencia nacional y esto no es posible según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

La empresaria busca ahora una indemnización -de la que no se ha especificado la cuantía- de «daños personales» por el «gran dolor mental, alarma, ansiedad, angustia, pérdida de bienestar, humillación y estigma moral» que supuestamente sufrió. Para James Lewis, abogado de la denunciante, el rey ya no forma parte de la Casa Real porque vive en Abu Dhabi. Para Daniel Bethlehem, letrado de la defensa sigue formando parte porque no vivir físicamente en el Palacio Real -y pone como ejemplo otras monarquías como la de Países Bajos, Suecia o Noruega-, ni depender de la asignación económica de Felipe VI no le aparta de su posición. De hecho, indica, sigue apareciendo en la página web y, además, el Gobierno español se hace cargo a día de hoy del operativo de seguridad que lo acompaña en Emiratos Árabes Unidos.

Las partes calculan que el juez no se pronunciará sobre la inmunidad hasta dentro de dos meses, momento en el que se sabrá si el pleito continúa o no en los tribunales británicos.