¿El 15-M de Sánchez?

El pasado verano un temor recorría Moncloa. Ya se había consumado la crisis de Gobierno que hizo caer tótems que parecían sagrados, la vacunación empezaba a marcar buen ritmo y se confirmaba la llegada de los ansiados fondos europeos. Todo parecía ir bien. O quizá no tanto. La sombra de un estallido social planeaba por los corrillos previos y posteriores a los Consejos de Ministros y la preocupación se colaba en las conversaciones de más alto nivel del Ejecutivo: abiertamente se aludía a los «chalecos amarillos» franceses y nadie quería sufrir en primera persona la tortura que acompañó durante semanas a Macron. Tomaba cuerpo la convicción de que las protestas, las exigencias en la calle de distintos colectivos irían aumentando los decibelios a medida que avanzara el otoño. Y como en una especie de ejercicio de profecía autocumplida, la tensión social, en efecto, está estallando. A lo largo de la última semana hemos visto barricadas y blindados en Cádiz, a los agricultores denunciando la «ruina» a la que se enfrentan por la subida de los costes de producción, a funcionarios de prisiones exigiendo mejora de condiciones laborales y aumento de salario, a policías y guardias apelando a frenar unos cambios en la Ley de Seguridad que aseguran que les dejarían indefensos en el ejercicio de su labor... y aún no se han activado del todo camioneros y pensionistas que amagan con endurecer sus movilizaciones. La tormenta perfecta. Una confluencia de activismo que se convierte en una verdadera prueba de fuego para Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición que presume de ser el más progresista de nuestra historia y que difícilmente puede asumir situarse al otro lado de la pancarta.

Escenario cambiante

El calendario de reivindicaciones se ha cruzado en el ecuador de la legislatura y amenaza con convertirse en el punto de inflexión que cambie el guion diseñado por Moncloa. Terminar los cuatro años de mandato con el aval de la recuperación económica, después de los estragos de una pandemia inesperada, sería el cartel electoral soñado por Sánchez, pero afrontar una tensión social en aumento lo pone cada vez más en peligro. Una situación de protesta y agitación que no se recordaba desde la que propició la Gran Recesión: aquella que iba tumbando gobiernos por el mundo y desestabilizando democracias. El escenario no es el mismo, sin duda, pero la complicación para los mandatarios se parece bastante y fuerza a improvisar estrategias ante un ambiente cambiante. Y que implica cada vez a más sectores sociales que son, al final, potenciales votantes. Además, a esa presión constante de la conflictividad social, se añade un desequilibrio más (el enésimo) en la frágil situación que atraviesa la coalición. A las discrepancias lógicas que se plantean sobre el modo de afrontar un mismo hecho por dos partidos distintos, se suma aquí que el minoritario, Unidas Podemos, enarbola la bandera de las reivindicaciones y se enfrenta, por tanto, a la dicotomía entre calle y despacho. Como primera muestra ya hemos visto esta semana a Yolanda Díaz cuestionar en público a Fernando Grande Marlaska y las tanquetas desplazadas a Cádiz. Pero hay una cuestión más profunda: la vicepresidenta y ministra de Trabajo es el nexo natural con los sindicatos. Su papel va más allá de la mera interlocución y queda en un casi imposible punto intermedio (algo parecido le ocurrió a Pablo Iglesias, que terminó zanjando la duda con su salida del Gobierno y de la política). La economía, que se ha colado como gran protagonista en el comienzo de la segunda mitad de la legislatura, será el medidor perfecto de la salud del Gobierno. Tras el pulso abierto por asuntos como la reforma laboral, las pensiones o el salario mínimo, el «casus belli» que haría saltar por los aires la coalición podría aparecer en la forma de una nueva versión del 15-M. Y quién sabe si hasta contaría con algún caballo de Troya sentado en el mismísimo Consejo de Ministros.