El TC avala con un voto en contra a los candidatos de PSOE y PP para renovar el tribunal

El Pleno del Tribunal Constitucional ha dado su visto bueno a los candidatos propuestos por PSOE y PP para renovar la institución. Lo ha hecho de forma casi unánime, con un solo voto en contra en una votación de carácter secreto celebrada apenas horas después de que el Congreso diese también su visto bueno a los cuatro futuros miembros del Constitucional.

El tribunal de garantías avala así que tanto el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -propuestos por el PP-, como también los magistrados Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán, estos dos últimos a propuesta del PSOE, cumplen los requisitos para ejercer el cargo.

La votación, de carácter secreto, ha sido “pacífica”, apuntan fuentes de la institución, y apenas ha durado diez minutos, sin que se hayan producido intervenciones, en un sentido u en otro, sobre los méritos de los candidatos.

El Pleno del TC debía dar su plácet a los candidatos de conformidad con el artículo 10.1 i) de la Ley Orgánica que regula su funcionamiento, que le atribuye la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrado del Tribunal Constitucional. En consecuencia, han considerado que las propuestas de nombramiento “reúnen los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal”. Lo que el tribunal de garantías comunicará ahora al Congreso, a la Casa de S. M. el Rey, al Senado, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Juristas de reconocido prestigio con 15 años de experiencia

El artículo 159 de la Constitución estipula que los miembros del TC -designados para un mandato de nueve años- deben ser nombrados “entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional”.

Del mismo modo, obliga a que el cargo sea incompatible “con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil”.

Una vez juren o prometan sus cargos ante el Rey, los magistrados in pectore tomarán posesión en la sede del Tribunal Constitucional, previsiblemente a finales de la próxima semana.

Último Pleno con la actual composición

Éste ha sido el último Pleno que ha celebrado el Tribunal Constitucional con su composición actual, pues cuando los cuatro magistrados pactados por PSOE y PP tomen posesión abandonarán la institución tanto su presidente, el conservador Juan José González Rivas, como la vicepresidenta Encarnación Roca y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés, que dimitió de su cargo el pasado año tras ser procesado por un delito de violencia de género. El mandato de todos ellos había expirado en noviembre de 2019, pero la falta de acuerdo político para la renovación del tercio que corresponde al Congreso había impedido hasta ahora su renovación.

Esta renovación no alterará la mayoría conservadora en el Pleno del TC, pues no será hasta junio del próximo año -en esas fechas toca renovar al tercio de magistrados que corresponde al Gobierno y al CGPJ- cuando se producirá el vuelco en el equilibrio de fuerzas en favor del sector progresista. Pero para ello resulta, como informó LA RAZÓN, resulta indispensable que se desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (en funciones desde hace casi tres años).

Y es que la reforma impulsada por el Gobierno le impide llevar a cabo nombramientos cuando, como sucede ahora, su mandato ha expirado. Si la situación sigue enquistada, el CGPJ no podría por tanto nombrar a sus dos candidatos (que se repartirán PSOE y PP), lo que bloquearía la renovación de esos cuatro magistrados, que debe hacerse conjuntamente según las fuentes consultadas, que señalan que en caso contrario podría rechazar a los dos candidatos propuestos por el Gobierno si no vienen acompañados de los otros dos que atañe designar al órgano de gobierno de los jueces.

No en balde, el artículo 159.3 de la Carta Magna deja bien claro que los miembros del TC “se renovarán por terceras partes” cada tres años.