Los magistrados del TC pactados por PSOE y PP defienden que no aceptarán “instrucciones políticas”

La comisión de nombramientos del Congreso ha avalado la idoneidad para el cargo de los cuatro futuros magistrados del Tribunal Constitucional (TC) pactados por PP y PSOE entre duras críticas sobre su supuesta falta de imparcialidad, fundamentalmente del independentismo, Vox y Ciudadanos. De hecho, los representantes de estos dos últimos han abandonado la comparecencia para no participar en lo que han calificado como un “teatro”.

“Nadie cree que hoy estén aquí por sus méritos profesionales, sino por haber recibido una llamada de Ferraz o de Génova”, ha asegurado el portavoz del partido de Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, antes de dejar la sala. Con Vox y la formación naranja ausentes, el Congreso ha ratificado finalmente la idoneidad de los candidatos con 242 votos a favor, ninguno en contra y doce abstenciones.

Uno tras otro, los candidatos al TC -el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo y la magistrada Concepción Espejel, a propuesta del PP, y los también magistrados Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán- han rebatido que su designación a instancias de los dos principales partidos políticos vaya a condicionar su actuación en el tribunal de garantías.

Arnaldo, letrado de las Cortes, ha sido claro al respecto. “Nunca he recibido, cuando fui vocal del Consejo General del Poder Judicial, ninguna instrucción política de ningún partido y evidentemente ni la aceptaría ni la aceptaré”. “No estoy sujeto a ninguna dependencia. Me siento plenamente independiente, sin equipajes ni peajes que nunca aceptaría”, ha insistido el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, a quien el portavoz del PSOE, Odón Elorza, ha cuestionado por las grabaciones del “caso Lezo” y por su vinculación con el “caso Palma Arena” hace diez años.

“Nunca imaginé como profesor de Derecho Constitucional que me vería obligado a defender en sede parlamentaria el derecho a la presunción de inocencia”, se ha defendido al respecto antes de recordar que fue “exonerado”, por lo que le gustaría “ser tratado como tal”. “No fui considerado responsable, no fui acusado ni tratado como tal por el Ministerio Fiscal y las acusaciones. Cuando uno acude a un juzgado y es exonerado no puede convertirse en un eterno sospechoso”, ha recalcado.

Y en relación su participación en actos organizados por la Fundación FAES, Arnaldo ha mantenido que “eran debates abiertos y plurales, académicos y no políticos, con personas de distintas sensibilidades”, además de recordar que a lo largo de su periplo profesional ha participado “en más de 400 foros de debate de distinto signo”.

Espejel: “Mantendré siempre mi imparcialidad”

También ha defendido su independencia la actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. “Jamás he recibido ningún tipo de indicación, tampoco cuando estaba en el Consejo General del Poder Judicial -ha dicho Concepción Espejel-. He mantenido mi imparcialidad y la mantendré siempre”.

“Toda mi vida he ejercido la jurisdicción con imparcialidad, atendiendo exclusivamente a criterios jurídicos”, ha defendido. “Asumo el compromiso de desempeñar el cargo con toda lealtad y al servicio de los ciudadanos y de la Constitución”, ha recalcado.

Espejel ha hecho hincapié en dar una “respuesta enérgica” a la dudas expresadas por el diputado de JxCat Josep Bergés -muy crítico con el reparto de magistrados entre PSOE y PP- por haber sido apartada del “caso Gürtel”, según el parlamentario independentista por su “sus afinidades políticas”. “A mí se me apartó del procedimiento pero no por afinidad ideológica (con el PP) -ha matizado-, una cuestión que fue rechazada expresamente por el Pleno”. “Fui recusada exclusivamente por haber sido nombrada vocal del CGPJ por el Senado a propuesta del PP ante una posible apariencia de parcialidad”, ha recordado al tiempo que ha reseñado que accedió al Consejo “de la misma manera por la que accedieron entonces todos los miembros del CGPJ”.

La magistrada ha negado asimismo que se pueda dudar de su imparcialidad por una supuesta proximidad personal con la ex presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal, quien ser refirió a ella como “querida Concha” cuando recibió la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Un comentario que, ha explicado, la entonces presidenta autonómica se limitó a reproducir haciendo suyas las palabras del presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha. Pero esas palabras, ha insistido, “no demuestran ningún tipo de amistad, que además no tengo”.

Su trato con Cospedal, según ha explicado, fue el que “habitualmente tienen los magistrados con los que pueden contribuir a mejorar la situación de la Administración de Justicia en su territorio”. “He ido en numerosas ocasiones a hablar con ella y con otros presidentes de Castilla la Mancha”, pero siempre -ha precisado- para reclamar “más magistrados” o “edificios dignos”, o para intentar “mejorar los medios tecnológicos”.

Sáez: “Solo razones jurídicas”

También los candidatos del PSOE han intentado despejar cualquier sospecha de parcialidad en su futura actuación como magistrados del TC del hecho de haber sido propuestos a instancias del partido socialista. Inmaculada Montalbán, ex presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, se ha comprometido a desarrollar su labor “con imparcialidad e independencia de los demás poderes del Estado”.

Montalbán ha puesto de relieve su “empeño” personal “en ejercer mi magistratura del Tribunal Constitucional, caso de ser nombrada, con arreglo al espíritu de concordia de la Constitución y pleno sometimiento a su ley orgánica”.

Asimismo, el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez -también propuesto por el PSOE- ha defendido que “la relación que tiene el juez con la política siempre está mediada por la Constitución y por el Derecho” y sobre una supuesta “carga ideológica” ha mantenido: “Tenemos claro que en nuestra caja de herramientas solo están razones jurídicas”.

Y en cuanto a la resolución de asuntos de un “alto perfil político”, Sáez -que formó parte del tribunal de la Audiencia Nacional que absolvió al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, por lo que se ha ganado los elogios del diputado de JxCat- se ha mostrado favorable que el debate político “puede ser zanjado en pautas que solo obedezcan al mundo del derecho”, pese a reconocer que para los jueces siempre resulta “una cuestión de tensión permanente”.

Eso sí, el magistrado progresista ha señalado que “lo que tiene prohibido un juez no es tener una idea sobre la interrupción del embarazo o la forma de gobierno”, haciendo hincapié en que lo que debe constituir un “hábito” en su trabajo cotidiano es el “compromiso de independencia”.

Vox y Cs abandonan la comisión

Tanto el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, como el de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, abandonaron la comisión tras dejar patente su rechazo al sistema de elección de los cuatro futuribles magistrados del TC.

“Ninguno de los candidatos parecen imparciales”, ha asegurado Bal, quien ha denunciado que PSOE y PP “se reparten el Estado. Yo nombro a los míos y tú a los tuyos, pues de esa forma ponemos a amigos en las más altas instituciones”. “Seguiremos hablando de magistrados conservadores y magistrados progresistas, lo que supone un “desprestigio” para el tribunal”, ha añadido antes de anunciar que tras escuchar al primer candidato abandonaría la sala, como así hizo, porque las comparecencias “no sirven absolutamente para nada”.

Del mismo modo, Espinosa de los Monteros se ausentó tras dejar constancia de que “con independencia” de la trayectoria de los candidatos “nadie cree que hoy estén aquí por sus méritos profesionales, sino por haber recibido una llamada de Ferraz o de Génova. La duda es qué van a hacer cuando reciban la siguiente llamada”. El diputado del partido de Abascal ha subrayado que “desde la llegada de Pedro Sánchez al poder nunca las instituciones del Estado han sido tan duramente atacadas por un Gobierno que ha hecho del deterioro institucional”, ha dicho, una de sus líneas de actuación.

Incluso ha denunciado que el Gobierno ha cerrado el acuerdo con el PP para la renovación del TC porque “es necesario domarlo” después de que haya declarado inconstitucional los dos estados de alarma y el “cerrojazo” al Congreso a instancias de Vox. “Del PSOE y de Podemos no esperamos nada, del PP cada vez menos”, ha dicho a la vez que reprochaba a los populares que con este pacto “dan oxígeno a los separatistas y a un Gobierno que pisotea la Constitución”. “No es que Vox se quede solo, sino que solo queda Vox”, ha concluido.