El Gobierno necesita desbloquear el CGPJ si quiere un TC de mayoría «progresista»

El primer gran acuerdo entre PSOE y PP no cambiará por ahora el sistema de mayorías entre el bloque conservador y el progresista en el Tribunal Constitucional (TC). Aunque a partir del momento en que tomen posesión los nuevos miembros del TC (previsiblemente la segunda semana de noviembre) el margen entre unos y otros se estrecha, los magistrados del sector conservador aún son mayoría, seis frente a cinco (pues uno de los sustituidos, Fernando Valdés, dimitió de su cargo tras ser procesado por violencia de género, una plaza que con la renovación recuperará de facto el sector progresista), a la espera de que el magistrado Alfredo Montoya se recupere de sus problemas de salud tras sufrir un ictus el pasado agosto, pues su reincorporación al tribunal de garantías aumentará a siete la representación conservadora en el Pleno.

Pero ese escenario puede cambiar en junio del próximo año. En esas fechas el mandato de otros cuatro magistrados toca a su fin. Y tres de ellos están adscritos al bloque conservador: Antonio Narváez y Pedro González Trevijano (que fueron elegidos a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy) y Santiago Martínez Vares (que lo fue a instancias del CGPJ). El otro integrante del Pleno que dejará su puesto será el progresista Juan Antonio Xiol (también designado por la cuota del Consejo).

Esos relevos voltearán la mayoría conservadora en el TC, pues la renovación de ese tercio de magistrados corresponde a partes iguales al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (a razón de dos cada uno). La entrada de tres progresistas (los dos a propuesta del Ejecutivo y otro más a través de la cuota socialista en el Consejo) cambiará las tornas y dejará al sector conservador en minoría, al sumar el bloque progresista siete magistrados.

Pero para que eso suceda, es imprescindible la renovación del Consejo General del Poder Judicial, enquistada desde hace tres años y verdadero caballo de batalla en las negociaciones entre PSOE y PP en la renovación de las instituciones. Y es que tras la reforma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para forzar el relevo en el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ no puede realizar nombramientos, por lo que estaría imposibilitado para proponer a los dos magistrados del TC que le corresponde por ley.

En manos del Pleno

Según las fuentes jurídicas consultadas, esa carencia impediría al Ejecutivo llevar adelante la propuesta de nombramiento de los otros dos magistrados, que sería suficiente para recuperar la mayoría progresista en el Pleno. «Si solamente se renovasen los dos magistrados a instancias del Gobierno, el Pleno podría rechazarlos al plantear un problema de inconstitucionalidad», apuntan esas mismas fuentes, que hacen hincapié en que el mandato constitucional «obliga a renovar el tercio entero, no solo dos miembros».

De ahí que, al margen de la presión de las instituciones europeas, desbloquear cuanto antes la renovación del Consejo General del Poder Judicial sea ahora mismo una prioridad del Gobierno, pues es la llave que propiciará un tribunal de garantías de mayoría progresista, cuestión nada baladí teniendo en cuenta que, entre otras cuestiones peliagudas, sus magistrados deben pronunciarse en los próximos meses sobre el recurso del PP contra la ley del aborto, que lleva ya once años sobre la mesa del TC, o sobre la constitucionalidad de la ley de eutanasia. Además, el Pleno debe debatir también el próximo año los recursos de inconstitucionalidad de PP y Vox contra la reforma que maniata al CGPJ cuando se encuentra en funciones.

Ese cambio de tornas es lo que motiva que el Gobierno prefiera la designación de un presidente de corto recorrido a elegir entre los cuatro magistrados cuyo mandato vence en junio de 2022, entre los que González Trevijano parece partir con más posibilidades. De ese modo, dentro de ocho meses, ya con mayoría, el Ejecutivo se garantizaría un presidente progresista al menos hasta 2026, cuando toque renovar al tercio del Pleno que corresponde al Senado (con cada renovación, el Pleno debe votar a su presidente).