La Policía intentó localizar a Ghali por orden judicial un mes antes de su llegada

La Brigada de Información de la Policía intentó localizar a Brahim Ghali hasta un mes antes de que el líder del Frente Polisario entrara el pasado 18 de abril en nuestro país sin que se le exigiera someterse al preceptivo control de documentación. Así consta en un informe remitido por el comisario jefe de la Brigada de Información al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que el pasado febrero, tras reabrir un mes antes la querella del activista Fadel Breica contra Ghali por delitos de detención ilegal y torturas, había ordenado la identificación y localización de los denunciados, entre ellos el propio Ghali.

Ahora, una de las acusaciones populares personadas en la causa en la que un juez de Zaragoza investiga la entrada del líder polisario –que mantiene imputados a la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y al que fuera su jefe de gabinete– ha esgrimido ese informe para solicitar al juez que cite como testigo al comisario general de Información, Eugenio Pereiro.

En ese escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el letrado se queja de que la Audiencia Nacional informase el pasado 31 de agosto al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, de que respecto de Ghali no había dictado «ninguna medida cautelar ni requisitoria». Y es que la acusación hace hincapié en que el juez Lasala había solicitado expresamente por exhorto a la Audiencia unos días antes, el 8 de agosto, que le aclarase si en el marco de esas diligencias se había dictado alguna medida «aunque fuera de mera localización», indicando en ese caso la fecha.

“No ha podido ser identificado”

En el informe policial, remitido el 18 de marzo, un mes antes de la polémica llegada de Ghali, el jefe de Información traslada a la Audiencia el resultado de las «gestiones tendentes a satisfacer las demandas de localización» de los investigados.

Tras descartar reclamar esos datos a la delegación en España del Frente Polisario (precisamente por su dependencia jerárquica de la cúpula del Polisario, al frente de la cual se encuentra el propio Ghali), esas gestiones se limitaron a «consultas internas» en «bases de datos administrativas y policiales». En el informe se asegura que aunque «existen numerosas referencias» a Brahim Ghali «en fuentes abiertas» y se le señala como presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), «no ha podido ser identificado» y «se le ubica en Tinduf». No obstante, el mando policial traslada a Pedraz que la Brigada de Información «continúa con las gestiones policiales tendentes a la localización y plena identificación del total de los querellados».

Con estos datos, Urdiales alerta al juez Lasala de que «sí existió mandamiento de mera localización» respecto a Ghali y considera probado «sin ningún género de dudas» que el líder polisario llegó provisto de un pasaporte falso a nombre de Mohamed Benbatouche (que fue expedido en Argelia ese mismo día) porque «tuvo conocimiento» de que la Policía «a instancias del juez Pedraz practicaba diligencias de identificación y localización» y de esa forma intentó “burlar” a la Policía y la Guardia Civil “en caso de controles”.

De hecho, el que era en esas fechas jefe de gabinete de González Laya, el diplomático Camilo Villarino, aseguró al juez el pasado 13 de septiembre, durante su comparecencia como investigado, que la decisión de eximirle del control de documentación y aduana se tomó sobre la marcha el mismo día 18 y que Ghali y su hijo desconocían que no se les iba a reclamar esa identificación.

Cuatro intentos más de localizarlo entre 2013 y 2020

Pero para la acusación popular, de esta forma Ghali entró en España tras aterrizar su avión en la base aérea militar de Zaragoza “contraviniendo todos y cada uno de los preceptos de Schengen”. Para el dirigente polisario, subraya el letrado Urdiales en su escrito, “no supuso ningún obstáculo” proveerse a última hora de un pasaporte con identidad falsa pues “como antiguo embajador de la RASD en Argel era él quien se encargaba de tramitar los “pasaportes argelinos” de los que dotaba a los apátridas saharauis para viajar al extranjero”.

El pasado julio, la Audiencia Nacional informó al juez de Zaragoza de que cuando Ghali llegó a España existían en el citado tribunal dos causas contra él, aunque una de ellas estaba archivada y no se reabrió hasta un mes después, tras alertar uno de los querellantes de la presencia del líder polisario en nuestro país. Desde el Juzgado de Instrucción número 5, que dirige Santiago Pedraz, se trasladó a Lasala -tal y como informó este periódico- que en ninguno de esos dos procedimientos se había dictado “ni auto de prisión ni orden de detención” contra el líder de Frente Polisario “ni ninguna otra medida cautelar”, por lo que cuando llegó a España no estaba vigente ninguna orden de detención.

El tribunal sí precisó que en el marco de la querella presentada por genocidio y torturas por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) y tres víctimas se intentó sin éxito hasta en cuatro ocasiones localizar a Ghali. En febrero y noviembre de 2013 y en marzo de 2017 se solicitó información a la Comisaría Especial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional de si tenían conocimiento (como aseguraban los querellantes) de que Ghali “podría encontrarse en esos momentos en España”, en cuyo caso se identificase su domicilio para notificarle la denuncia.

Más tarde, ya en 2020, se volvió a pedir a la Policía (ahora con motivo de la denuncia del bloguero Fadel Breica) si los 24 querellados (entre ellos Ghali) “eran españoles o no” y si tenían residencia en nuestro país, con el objetivo de determinar la competencia del tribunal y acordar las diligencias solicitadas por la acusación. Después, el juez José de la Mata archivaría esa querella en octubre de ese año, encargándose Pedraz de reabrirla el pasado enero.

Ghali tiene desde enero de 2006 un DNI español en vigor que renovó por última vez en Talavera de la Reina (Toledo) en junio de 2016. Con anterioridad, dispuso desde diciembre de 1999 de un NIE (Número de Identidad de Extranjero).