Pedraz da carpetazo de nuevo a la investigación por genocidio contra Ghali

Apenas unos días después de que la Sala de lo Penal le obligase a reabrir la causa por genocidio contra Brahim Ghali al negarle la competencia para archivar la causa, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha vuelto a dar carpetazo a la investigación. Esta vez, el magistrado no acuerda el sobreseimiento de las actuaciones, sino que como le indicó la instancia superior se limita a cerrar el procedimiento sin procesar al líder del Frente Polisario al considerar que los hechos por los que la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh) y varias víctimas se querellaron contra él por delitos de terrorismo, torturas y detención ilegal, entre otros, han prescrito.

La Sala obligó al juez Pedraz a reabrir la causa al concluir que al tratarse de una denuncia por genocidio y otros delitos graves no podía tramitarse como procedimiento abreviado, sino que debió hacerse como sumario, en cuyo caso la decisión sobre el sobreseimiento solo puede tomarla la propia Sala, y no el instructor.

El magistrado insiste en que los hechos objeto de la querella abarcan desde el año 1974 hasta 1990, por lo que ya estarían prescritos de acuerdo con el Código Penal de 1973, que sería el aplicable al resultar la normativa penal más favorable.

En todo caso, precisa Pedraz, los comportamientos reseñados en la denuncia “no integran todos los elementos del delito de genocidio”, por lo que aunque no estuvieran prescritos no aprecia indicio alguno de que Ghali cometiese ese delito. Como ya hizo al archivar la causa, se remite a la valoración de las declaraciones prestadas en la causa y señala de nuevo las “contradicciones” apuntadas por la defensa en relación a la supuesta participación de Ghali en las supuestas torturas y detenciones ilegales en los campamentos de Tinduf (Argelia).

Resta credibilidad a los testigos

De hecho, vuelve a reiterar que el relato de hechos adolece de “una insuficiencia manifiesta de detalles relevantes sobre circunstancias de lugar y tiempo de los hechos” y en relación a la presunta participación de Ghali y la “descripción del cargo que ocupaba”, entre otros extremos. “Todo ello -concluye- resta credibilidad a los testimonios prestados e impide mantener la imputación contra el querellado”.

La querella imputa a Ghali y a otros 27 dirigentes del Frente Polisario y de los servicios de seguridad argelinos (contra estos el juez no acordó el archivo de la investigación) delitos de genocidio, asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones. Asadedh y los tres particulares denunciantes (ahora ya son siete)identifican a 89 víctimas de esas supuestas torturas, aunque la lista -advierten- es “desesperadamente extensa”. Todos ellos residían en Al Aaiún (Sahara Occidental) en el momento de interponerse las acciones judiciales.

Los querellantes denunciaban “el trato sufrido por los prisioneros de guerra así como por los propios ciudadanos saharauis, especialmente por los de origen español, en manos del Frente Polisario” y calificaban lo ocurrido en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia) como “uno de los casos más escandalosos de los últimos 30 años de violación de derechos humanos en el Magreb”.