El juez ratifica que López Madrid debe ir a juicio por contratar a Villarejo para “hostigar” a la doctora Pinto

El juez de la Audiencia Nacional sigue defendiendo que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo al empresario Javier López Madrid por un delito de cohecho por contratar al ex comisario José Manuel Villarejo, cuando aún estaba en activo, para que supuestamente hostigara a la doctora María Elisa Pinto, con la que mantenía un conflicto personal, para evitar que lo denunciara.

El magistrado confirma su decisión de procesar a López Madrid y rechaza el recurso de reforma interpuesto por la defensa de Madrid contra esa resolución. El pasado 27 de julio, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional propuso juzgar por estos hechos no solo al empresario y a Villarejo, sino al socio de este último, Rafael Redondo, ante los indicios de que en 2013 y 2014 Villarejo realizó seguimientos a la doctora y utilizó supuestamente medios policiales con el fin de desacreditarla, que finalmente denunció a López Madrid por acoso y amenazas.

Pinto y López Madrid se cruzaron denuncias acusándose mutuamente de acoso en los juzgados de instrucción de Madrid y precisamente el principal reproche de la defensa del empresario al instructor era que en su resolución no había tenido en cuenta la investigación llevada a cabo en el Juzgado de Instrucción número 26 de Plaza Castilla, en cuya investigación se ha acreditado -según mantienen sus abogados en el recurso ahora desestimado- que “precisamente fue María Elisa Pinto quien amenazó, coaccionó y extorsionó a mi representado, articulando un plan tendente a lograr la impunidad”. De ahí que López Madrid argumentase que no se habían practicado diligencias que considera imprescindibles.

Sin embargo, García Castellón hace hincapié en que “en este juzgado no se investiga el supuesto acoso” a la doctora Pinto, sino que las diligencias “se ciñen a la existencia de un delito de cohecho” (la contratación de Villarejo cuando era comisario en activo).

“Poderoso indicio”

El magistrado considera “un poderoso indicio de la relación existente” entre el empresario y Villarejo la conversación intervenida en la que esta último asegura el 26 de enero de 2017 que reclamará una compensación por su trabajo en relación a este asunto: “Cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito... ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un embolao y ni me has llamado para decirme... Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios”. Para el magistrado, esa conversación “pone de relieve que sí que se produjo un encargo y una prestación de servicios por parte de un comisario en activo”.

De ahí que reitere que en esta pieza 24 del “caso Tándem” no se trata de dilucidar “quién inició la situación de acoso” ni si se produjo por ambas partes ni sus consecuencias, “incluso físicas” (la doctora afirma que Villarejo le asestó una puñalada en plena calle). Incluso en el caso de que se probase que la doctora Pinto acosó a López Madrid -añade-, “ello resultaría independiente de si se se ha llevado a cabo” por parte del empresario “un delito de cohecho activo” (por la contratación de Villarejo).

Por tanto, el instructor del “caso Tándem” sostiene que “no es necesario llevar a cabo nuevas diligencias de investigación” y que la documentación que aportó la defensa de López Madrid en relación a ese supuesto acoso de la doctora hacia su cliente no guarda relación con este procedimiento (incluso recuerda que ya fueron desechados en su momento).

La defensa de López Madrid: el cierre de la causa es “prematuro”

La defensa del empresario aseguraba en su recurso que García Castellón había acordado su procesamiento “utilizando lo que sirve para imputar” y omitiendo “de forma deliberada lo que obliga a exculpar” a su cliente, tratándole como “una marioneta”. Sus abogados consideran que cerrar la investigación sin tener en cuenta las actuaciones del juzgado donde se instruye su denuncia contra Pinto “resulta extemporáneo por prematuro, vulnerando el contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva” de López Madrid.

Pero García Castellón no piensa lo mismo. Según el relato del instructor, Villarejo habría accedido a información privada de la doctora Pinto sin autorización e incluso intentó interferir en la investigación policial, “manipulándola y realizando actuaciones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento” de la que iba a formar parte el propio comisario, que antes de que se llevase a cabo aseguró (según consta en las intervenciones telefónicas incorporadas a las diligencias abiertas en un juzgado de Madrid tras la denuncia de Pinto): “Hay que preparar la declaración una vez que me identifique, porque será así”.

García Castellón también señalaba la relación del empresario con distintos policías durante la investigación de los hechos que denunció la doctora Pinto. Villarejo presentó a López Madrid al comisario Enrique García Castaño y, además, López Madrid -asegura- tuvo una “estrecha relación” con el inspector que instruyó la denuncia, hasta el punto -señaló en su auto de pase a procedimiento abreviado- de que el agente “envió varios correos electrónicos comunicándole el estado de la investigación y recibiendo instrucciones” (entre el 16 de octubre y el 23 de noviembre de 2015).

La intención del empresario al contratar a Villarejo en septiembre de 2013 era -subrayó el juez- “que le ayudase a finalizar un asunto personal” relacionado con la doctora Pinto. Y tras acudir en diciembre de ese mismo año con Redondo al despacho de la doctora para decirle que “le dejase en paz, que parase y que la Policía iría a verla”, ya en 2014, Villarejo “se dedicó a hostigar” a la doctora “e intentó impedir que denunciase” a López Madrid por acoso. Una vez presentada la denuncia (siempre según el relato del instructor), recurrió a medios policiales “para desacreditarla”, “manipulando” incluso la investigación.