Los jueces reclaman al Gobierno que desmonte la “falacia” de que las condenas del “procés” son “políticas”

Tres de las cuatro asociaciones judiciales -la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- reclaman al Gobierno que impida que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa apruebe el próximo lunes una resolución que cuestiona las condenas por sedición a los líderes independentistas. En la resolución, aprobada por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea, se apuesta además por conceder el indulto a los condenados y por retirar las órdenes de extradición contra Carles Puigdemont y los ex consellers huidos.

En un comunicado, las tres asociaciones -a las que no se ha sumado la progresista Juezas y Jueces para la Democracia- califican de “falacia” que se mantenga que los líderes soberanistas fueron condenados “por manifestaciones vertidas en el ejercicio de sus funciones”. Los jueces se quejan de que el polémico documento presente “la actuación de determinadas personas condenadas por delito de sedición como una mera discordancia política abordable desde el ámbito del debate político”, obviando que con su conducta atentaron contra “la paz pública, la seguridad ciudadana y la recta administración de fondos públicos”.

El proyecto de resolución asegura que “varios políticos catalanes de alto rango fueron procesados y finalmente condenados a largas penas de prisión por sedición y otros delitos, entre otros, por declaraciones realizadas en ejercicio de sus mandatos políticos, en apoyo del referéndum inconstitucional sobre la independencia de Cataluña”. Afirmaciones que, según las asociaciones judiciales, “ponen en entredicho la objetividad y transparencia del Poder Judicial en España y su compromiso de garantizar la libertad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”.

Tras criticar que en el documento se equipare la situación de España y Turquía, “países cuyos regímenes políticos y situación del estado de derecho y garantías democráticas difieren de manera rotunda”, las asociaciones firmantes critican que el proyecto “asume y hace suyas unas posiciones que son las que, desde el inicio del proceso, sostuvieron los políticos catalanes condenados como parte de la campaña de desprestigio a los órganos judiciales españoles, en previsión de la condena que vislumbraban segura”.

No se vulneró su derecho a la libertad de expresión

Estas asociaciones subrayan además que las afirmaciones que se vierten en el documento ignoran “los hechos probados que se establecen en la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con escrupuloso respeto a todas y cada una de las garantías de un proceso justo” y que, recuerdan, ha sido refrendada por el Tribunal Constitucional, que avaló que no se vulneró el derecho a la libertad de expresión e ideológica de los condenados, algo que “da por supuesto en el proyecto de declaración”.

“En España los órganos judiciales no están al servicio de unos intereses del poder ejecutivo para reprimir las libertades públicas, como se desliza en el texto”, hacen hincapié. Los tribunales españoles -añaden- constituyen muy al contrario “la más eficaz garantía de las libertades y aseguran la convivencia pacífica de los ciudadanos en el marco de la legalidad”.

La realidad de la situación judicial en nuestro país -señalan- viene determinada por los organismos internacionales “encargados de testar la calidad democrática de las instituciones”. Así, recuerdan que el informe GRECO concluye que “no cabe duda de la independencia e imparcialidad de los jueces en el desempeño de sus funciones” y que en el último Democracy Index de la Unidad de Inteligencia de “The Economist”, España aparece “entre los sistemas democráticos más avanzados del mundo”.

Por último, se refiere a que España ocupa la posición 21ª entre 126 países según el índice Rule of Law de World Justice Project, organización civil que trabaja para analizar y promover el Estado de Derecho en todo el mundo.

Perjudica la imagen de la Justicia

Con estos datos, denuncia, “poner en cuestión la calidad de la democracia en España y la labor de los tribunales y su defensa de los derechos fundamentales, insinuando una complicidad en la persecución ideológica de sus ciudadanos, constituye una falacia que debe ser reparada, evitando que se consoliden declaraciones sin fundamento que perjudican la imagen de la Justicia y de la propia percepción de España como Estado de plenas garantías”.

Con ese objetivo reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que “despliegue los instrumentos diplomáticos en su mano para impedir la aprobación del proyecto de declaración en los términos en que aparece redactado, por resultar injustos y afrentosos” para el Poder Judicial.

Asimismo, instan a los partidos políticos con representación en la Asamblea del Consejo de Europa a que en el debate sobre el polémico texto “expongan con claridad que la declaración se aparta radicalmente de la realidad del funcionamiento de los órganos judiciales en España”.

Y en cuanto garante de la independencia judicial, piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se pronuncie oficialmente sobre su contenido, “denunciando públicamente las falsedades e inexactitudes que el mismo contiene para evitar una declaración que, si bien carece de eficacia ejecutiva, lesiona el prestigio del Poder Judicial y la necesaria confianza en su recto funcionamiento cara a los ciudadanos”.

Apuesta por desistir de reclamar a Puigdemont

En su proyecto de resolución, el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea insta a España a “considerar la posibilidad de indultar o liberar de prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017 y las manifestaciones masivas pacíficas relacionadas” y a valorar también “la posibilidad de abandonar los procedimientos de extradición contra políticos catalanes que viven en el extranjero y que son buscados por los mismos motivos”. Y es que lamenta que las autoridades españolas continúen “persiguiendo la extradición de políticos catalanes residentes en otros países europeos, a pesar de varios reveses en los tribunales de Alemania, Bélgica y Reino Unido”.

Y en cuanto a las condenas por sedición, mantiene -pese a los hechos que consideró probados el Tribunal Supremo en la sentencia- que “es indiscutible que ninguno de los políticos en cuestión pidió la violencia” y que “cientos de miles de manifestantes acudieron sin que se produjeran incidentes violentos”. Para el comité firmante es satisfactorio “que las disposiciones penales sobre rebelión y sedición hayan sido objeto de un intenso debate en el ámbito político y jurídico en España” puesto que, subraya, “fueron promulgados en respuesta a los frecuentes intentos de toma de posesión militar en el pasado”, por lo que “se expresaron dudas sobre su aplicación a los organizadores de manifestaciones pacíficas”.

De hecho, apremia a España “reformar las disposiciones penales sobre rebelión y sedición de tal manera que no puedan interpretarse de modo que anulen la despenalización de la organización de un referéndum ilegal”.