El PP visualizará la absorción de Cs con una convención nacional

La dirección del PP no cree que la Legislatura vaya a terminarse en unos meses, aunque sí están convencidos de que no aguantará hasta 2023. El 4-M ha hecho que en Génova se sientan con fuerza de pisar todavía más el acelerador de la oposición y de endurecer la presión sobre el Gobierno de Sánchez. No porque crean que en otoño vayan a ir a las urnas, sino porque en su estrategia se han fijado como objetivo no dejar ningún espacio a Vox para rentabilizar el malestar social con el «sanchismo».

Con Ciudadanos (Cs) diluido, el PP de Casado cree que ahora toca preparar la ofensiva para absorber a una parte del voto de Vox, y que esto les exige competir directamente por ese voto siguiendo el modelo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En Génova sí creen que el modelo Ayuso es extrapolable, si acaso «con otras formas», a nivel nacional porque entienden que sociológicamente ha cristalizado ya un malestar con el «sanchismo» que no tiene vuelta atrás. La euforia postelectoral les lleva a un análisis del contexto político en el que quieren convertir el «efecto Ayuso» en «efecto Casado», y entre los ideólogos que se mueven en el entorno del presidente nacional del PP hay coincidencia en que la fortaleza principal de Ayuso fue su contraposición «en todo» al Gobierno de coalición.

Si la premisa de partida es que para «todo el voto de centro derecha» la proximidad o connivencia con el «sanchismo» es tóxica, esto implica que Casado entiende que el camino para llegar a La Moncloa consiste en nublar la alternativa de Santiago Abascal en la oposición al «sanchismo».

La dirección popular corregirá errores de su primera etapa: aquel colocar en el centro a Vox, el no disimular en público la competencia o el hasta convertirles en posibles socios. Pero se siente más fuerte que entonces para marcar su criterio, al margen de las consideraciones y enmiendas de las direcciones regionales más centristas. En Génova proclaman hoy que el debate de si centro o derecha no tiene sentido cuando Madrid ha demostrado que la victoria viene de la capacidad de «noquear» al «sanchismo».

En la práctica esta revisión estratégica tiene consecuencias de relieve. La «debilidad» del Gobierno no anima, precisamente, la disposición al pacto del principal partido de la oposición con la renovación institucional pendiente (Consejo General del Poder Judicial, defensor del Pueblo y Tribunal Constitucional). El Gobierno ha sido amonestado por Europa, ha tenido que echar marcha atrás en la reforma –apadrinada por Pablo Iglesias– para cambiar las mayorías, y se encuentra en un callejón del que tiene difícil escapatoria por más que proclame a los cuatro vientos, como lleva haciendo desde hace meses, que el acuerdo con el PP está hecho y sólo falta publicarlo.

Las negociaciones se retoman, pero el PP lo hace desde una posición de máximos y sin voluntad de dar un paso atrás. En nada. De hecho, en la dirección de la estrategia de negociación sostienen que no prevén que haya avances a corto plazo y mantienen que no hay nada que hacer si el Gobierno no asume todos sus planteamientos. Es decir, que el PP está donde estaba antes de las elecciones de Madrid, aunque se haya quitado ya la presión del examen electoral.

De la misma manera que el estado de alarma se ha convertido en un capítulo de confrontación a nivel nacional, que trasciende incluso los intereses de las propias comunidades autónomas, el PP se arma para dar la batalla con los criterios de reparto de los fondos europeos. Es su vía de escape para combatir un otoño en el que la economía resistirá mejor de lo que llegaron a pensar en Génova. Para hacer oposición de una cuestión que es positiva para el ciudadano, a la cúpula popular le queda la vía de abanderar las dudas sobre la limpieza y oportunidad de ese reparto.

El mensaje más o menos explícito de la presunta corrupción y de la utilización partidaria de las ayudas europeas tendrá marcado su recorrido en función de si los fondos sirven realmente para crear empleo, es decir, que sus efectos se notan directamente en la calle. Si se diluyen en un proceso de aceleración de sistemas de digitalización de unas cuantas empresas, por ejemplo, sin que esto repercuta en el bolsillo del ciudadano, la bandera de Sánchez para borrar el desgaste de la gestión de la pandemia tendrá poca efectividad.

Si en los fondos el PP ya ve corrupción, de las reformas que exija Bruselas para recibir estos fondos tampoco quiere saber nada. El PP no estará para apoyar estos planes de ajuste, aunque vengan con el sello de Bruselas, porque entiende que es su principal oportunidad para terminar de inclinar de su parte a la mayoría de la opinión pública. Donde Vox esté haciendo oposición, allí estará también el PP, sin que la dependencia de sus Gobiernos autonómicos del partido de Abascal vaya a obligarles a buscar salidas intermedias.

Antes de la moción de censura, Casado y Abascal mantenían cordiales almuerzos, muy discretos, de manera habitual, hasta el punto de que incluso desde una de las partes se asegura que hasta pactaban las estrategias.

La censura, y lo que Abascal entendió como un ataque personal de Casado hacia él, dejan muy poco margen para que esta relación pueda revitalizarse. Sobre todo, por la negativa de la parte de Vox a aceptar la puesta en escena de Casado en aquel debate parlamentario.

El PP se siente alternativa, pero no «compra» el discurso de que ser alternativa exige «colaborar y facilitar» al «sanchismo» seguir en Moncloa. «El Gobierno no está liquidado, está herido, por supuesto, pero nosotros no podemos ayudarles a que recompongan la figura», explican en Génova. Los pactos tendrán que seguir esperando.