La Audiencia Nacional rectifica y no condicionará la devolución del móvil del ex ministro Jorge Fernández Díaz a un informe policial sobre una posible investigación adicional una vez se ha constatado que no almacena los sms sobre la “operación Kitchen” que le atribuye el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

El abogado de Fernández Díaz se quejó al tribunal de que la decisión del secretario judicial de García Castellón de pedir el pasado 23 de febrero a la unidad de Asuntos Internos “un pronunciamiento sobre posibles diligencias” a practicar antes de devolver al ex titular de Interior el móvil excedía de sus competencias y suponía avalar una investigación “sin límites” que excedía lo acordado por el instructor.

Ahora, el letrado de la Administración de Justicia da la razón al letrado Jesús Mandri -quien se quejó de que esa diligencia era “improcedente e inútil”- y admite que su decisión fue más allá de sus competencias, ya que según denunció el investigado no le correspondía entrar en cuestiones que pudiesen comprometer la dirección material del proceso”.

Por este motivo, considera “manifiesto” que se excedió “al admitir la intervención” policial extramuros de la decisión del instructor respecto a las diligencias a practicar en ese teléfono movil.

En conclusión, y dado que reconoce que fue “manifiestamente excesivo” condicionar a la decisión policial la devolución del móvil al ex ministro, el secretario judicial acuerda dejar “sin efecto ni valor alguno” esa resolución, “debiendo estarse, en tanto no se acuerde otra cosa”, a lo que determinó García Castellón respecto al examen del teléfono de Fernández Díaz y su posterior devolución.

“Investigación prospectiva”

La defensa del ex titular de Interior se quejó de que su cliente era objeto de una “investigación prospectiva” al dejar el juzgado en manos de Asuntos Internos la devolución del celular, lo que en su opinión vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de seguridad jurídica.

La defensa de Fernández Díaz argumentó que el papel del letrado de la Administración de Justicia debe ceñirse a “impulsar el procedimiento conforme a los trámites procesales regulados en la ley o conforme a las decisión previamente adoptadas por el juez”.

Pero para el letrado esa decisión iba mucho más allá, al impulsar una investigación “genérica” del teléfono móvil del ex ministro “sin límites ni fines concretos”, vulnerando el derecho fundamental a la intimidad pues el terminal, advertía, “puede contener información muy sensible que no guarda relación alguna con los hechos que son objeto de investigación en esta causa”.

El ex ministro entregó su móvil al instructor tras un requerimiento de García Castellón el pasado noviembre. El objetivo era comprobar si en la memoria del dispositivo se almacenaban los sms que, según el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, le habría enviado en 2013 en relación a la “operación Kitchen” (el supuesto espionaje a Luis Bárcenas para sustraerle documentación comprometedora para el PP), unos mensajes cuya autoría niega Fernández Díaz.

Francisco Martínez protocolizó esos mensajes en dos actas notariales en Mahón y Madrid en 2019. Tras examinarse el móvil en el juzgado el pasado 22 de enero, se comprobó que no existían esos mensajes en su memoria interna. De hecho, el propio Fernández Díaz ya había advertido que no conserva el terminal que usaba en esas fechas y que éste se trataba del siguiente móvil que utilizó.