Apenas unos días después de producirse la brutal explosión del Cuartel de Intervención Rápida de Nkuantoma, que ha provocado casi un centenar de muertos en Bata, la ciudad más poblada de la parte continental de Guinea Ecuatorial, la Fiscalía española ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega Serrano, que envíe al banquillo de los acusados a los presuntos traficantes de armas Vladimir Kokorev Kokorev, Julia Meleeva Maleeva, Igor Kokorev Maleeva, y a sus testaferros, según consta en un escrito al que ha tenido al que ha tenido acceso de forma parcial LA RAZÓN.

Precisamente en un auto de 9 de marzo de 2020, al que también ha tenido acceso este diario, la magistrada reclamaba a las autoridades de Panamá que incluyeran el tráfico de armas entre los delitos por los que se había acordado inicialmente la extradición de Vladimir Kokorev, Julia Maleeva e Igor Kokorev; que eran los de blanqueo de capitales procedentes de la malversación de caudales públicos “de la cuenta del petróleo de Guinea Ecuatorial”, especifica la resolución, que recuerda que los investigados ya fueron extraditados y entregados a España.

“Múltiples delitos de blanqueo”

En el mismo sentido, el representante del Ministerio Fiscal, que inició la investigación de los hechos en 2009 tras una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España contra altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial por el presunto blanqueo de 26,4 millones de euros, concluye en su escrito que “existe una apariencia razonable y suficiente de que Vladimir Kokorev, Julia Maleeva, Igor Kokorev” y otras personas han participado, “de forma penalmente relevante, en múltiples delitos de blanqueo de capitales”.

Para el fiscal estos indicios delictivos que ha descubierto con su investigación “son suficientes, variados y con suficiente carga incriminatoria como para que se pueda acordar, por la magistrada instructora, continuar el proceso por los cauces del procedimiento abreviado”. En este sentido, el escrito de la Fiscalía también apunta que los presuntos traficantes de armas “utilizaron testaferros para garantizar su impunidad pues no figuran en ninguna de las operaciones sospechosas”.

En las distintas entradas y registros de varios domicilios de Las Palmas y Madrid que formalmente figuraban a nombre de las empresas “pantalla” Phase lnvest, Blue Prolife, Premium Trust, pero que en realidad eran propiedad de los Kokorev, los agentes encargados del caso se incautaron de múltiple documentación, así como de dispositivos electrónicos. Y con estas pruebas y la información recibida en las comisiones rogatorias reclamadas a varios países, la instructora acordó el 23 de junio de 2016 ampliar la investigación a un nuevo delito precedente al blanqueo de capitales, como era el tráfico ilegal de armas.

“Como consecuencia de ello, el blanqueo de capitales no solo se investigaba por los fondos procedentes de la malversación de caudales públicos, sino también del trafico ilegal de armas”, destaca la juez, que recuerda que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria le indicó que para poder enjuiciar a los investigados por el delito de trafico de armas debía solicitar a las autoridades de Panamá la ampliación de la extradición de acuerdo con el tratado vigente entre ambos países.

“Se ha podido averiguar”, completa la juez, que los Kokorev utilizaron “un entramado societario, de múltiples sociedades, más de 45, para poder convertir en legal el dinero procedente de sus actividades ilícitas, en concreto de las ganancias obtenidas como consecuencia de inflar los costes de la compraventa de armamento militar a los fondos públicos del Estado de Guinea Ecuatorial”.

Y para lograr sus objetivos, “con la colaboración de otras personas, altos funcionarios del estamento militar del país africano, se elaboraban contratos aparentando ser legales, de venta y reparación de buques a Guinea Ecuatorial, cuando realmente lo que ocultaban esos contratos eran armamento militar”, completa la magistrada.

En concreto, los Kokorev giraron facturas al Estado de Guinea Ecuatorial “con un importante sobrecoste al real que debió haberse facturado, cuyas ganancias era ocultadas en el múltiple entramado societario, así como para el pago de dádivas a autoridades y funcionarios, desviando de esta forma los fondos de la cuenta del petróleo del Tesoro de Guinea Ecuatorial, para lo que estaba previsto”, prosigue la resolución.

En el sector naval

Esta compraventa de armas con sobrecoste estaba “enmascarada simulándose operaciones mercantiles en el sector naval”. Por lo tanto, esa actividad ilícita precedente tenia su origen en dos fuentes delictivas, según la juez. Una, la compraventa de armamento militar, de forma ilícita, y por otro lado, la venta de ese armamento por un precio superior al Estado de Guinea: “Por lo que en este caso tendríamos como ilícitos precedentes el tráfico ilegal de armas y la malversación de caudales públicos”, sostiene la magistrada.

Esta familia rusa ocultó estas ganancias “obtenidas ilícitamente” poniéndolas “en el mercado legal”, utilizando para ello el mencionado entramado empresarial. Estas sociedades eran controladas por los sospechosos, que eran titulares de las mismas, “aunque utilizaban a testaferros para ocultar a los verdaderos dueños: la familia Kokorev-Maleeva”, concluye la juez.

Estos testaferros se encontraban al frente de sociedades constituidas en paraísos fiscales, como por ejemplo fue el caso de las firmas denominadas lntracostal Trading Services o en territorios “off shore” como SJ Marine Company Ltd, Unimar Ltd.

Hombres y mujeres “pantalla”

La instructora identifica en el auto a alguno de esos hombres y mujeres que actuaban como “pantalla” de los Kokorev. Eran Vladimir Stefanov, apoderado de la empresa lntracostal Trading Servíces S,A., quien actuó como comprador de armamento y equipamiento militar; Natalya Safronova, que intervino en la compraventa de armamento militar a nombre de lntracostal Trading Services S.A.; Histo Petrov Bilhyumov, que participó en la compra de armamento militar a nombre de la sociedad SJ Marine Company Ltd; y Vladimir Evdokymov, quien incluso fue condenado en Ucrania por trafico ilegal de armas.

“La utilización de estas sociedades era para simular ficticios contratos navales en los que ocultar sus ventas de armamentos militares y el sobrecoste de ellos y poder mover ese dinero obtenido por múltiples países, como Estados Unidos, España, Dinamarca, Suiza, Hungría y Guinea Ecuatorial”, prosigue la instructora. Y para ello utilizaban cuentas bancarias en distintos países, con las que adquirieron múltiples propiedades, tanto en España, -en concreto en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria-, como en el Reino Unido y Estados Unidos.

La compraventa de armamento militar por parte de los sospechosos y su intermediación con la dictadura de Obiang se inició con la empresa Kalunga Company entre los años 1999 a 2005. También utilizaron la firma Internacional Shipping Advisor S.A., en la que Vladimir Kokorev aparecía junto a Yulia Maleeva Meleeva como apoderados. A partir de 2005 recurrieron a testaferros para utilizar las empresas lntracostal Trading Services S.A y SJ Marine Company Ltd: “Son múltiples los contratos de compraventa de armamento militar que se han incautado en los registros realizados y examen de los soportes informáticos de los investigados”, concluye la magistrada, que ahora deberá decidir si sienta en el banquillo de los acusados a los Kokorev por tráfico ilegal de armas con Guinea Ecuatorial.