El TSJ fallará en menos de 48 horas si hay elecciones en Madrid

La batalla jurídica por el decreto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso de disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones anticipadas al 4 de mayo, y el registro de las mociones de censura presentadas por PSOE y Más Madrid ha comenzado. Y se ha iniciado en una doble dirección, tal como apuntaba ayer este diario. Por un lado, la Mesa de la Cámara autonómica recurrirá hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el decreto de la presidenta del Ejecutivo regional de disolución de la Asamblea y convocatoria electoral para el 4 de mayo, y, por otro lado, con la decisión del Grupo Popular de la Asamblea de impugnar el acuerdo de la Mesa de admitir a trámite las dos mociones de censura, al considerar que se presentaron después del registro del decreto y que por ello no debieron admitirse a trámite.

Si la Mesa no estima esa petición, el PP tiene abierta la vía de acudir al Tribunal Constitucional para recurrir en amparo por vulneración de derechos fundamentales. En este caso, serían dos los tribunales los que se tuviesen que pronunciar y decidir en último extremo si los madrileños tendrán una cita con las urnas dentro de menos de dos meses o si, por el contrario, Díaz Ayuso deberá afrontar una moción con la incógnita de la decisión de los diputados de Ciudadanos que podrían abrir el paso a Ángel Gabilondo para gobernar la Comunidad de Madrid.

En lo que se refiere al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, será la sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo la que resuelva el recurso de la Mesa contra el decreto de disolución de la Asamblea y convocatoria electoral. En el recurso se solicitará la medida cautelarísima de paralización de la ejecución del decreto hasta la resolución sobre el fondo del mismo. Los magistrados tienen un plazo de 48 horas desde el día siguiente a su presentación para resolver, que vencería la tarde del próximo martes, pero, según señalaron a LA RAZÓN fuentes próximas al TSJ de Madrid, es «muy probable» que no se agote. De esta forma, en principio, la decisión debería estar el martes por la tarde si se agotara ese plazo.

Fallo «claro y contundente»

Además, se espera que sea una decisión «clara» y «contundente» que pueda servir como referente para otras situaciones que se puedan plantear ante situaciones similares. Si se admitiese la medida cautelar de dejar en suspenso el decreto de Isabel Díaz Ayuso, «se vendría a asumir ya la respuestas al fondo de la cuestión». Si, por el contrario, no se admite, se tramitaría como un recurso más, dando traslado a los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid y Fiscalía para que presentaran alegaciones.

La resolución de este recurso no tiene una plazo fijado para su resolución y, además, contra la misma se puede interponer recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Junto a este escenario jurídico está también el que se puede abrir si la Mesa de la Asamblea no acepta la petición del Grupo Parlamentario Popular de anular sus acuerdos de admisión a trámite de las dos mociones de censura y de recurrir el decreto de Díaz Ayuso de acordar la disolución de la Asamblea, donde se recoge el adelanto electoral para el 4 de mayo, De no admitirse, el PP podría acudir al TC.

Para los populares, la decisión de la Mesa se adoptó en «fraude de Ley» y con la «inconfesable intención de burlar de manera fraudulenta el acuerdo de disolución firmado por la presidenta de la Comunidad de Madrid».

En el escrito de impugnación, firmado por Carlos Izquierdo Torres, secretario general del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, se destaca que las mociones de censura no pudieron ser admitidas a trámite por la sencilla razón que se registraron con posterioridad a que el decreto firmado por Díaz Ayuso se remitiese por vía telemática para su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. En concreto, esa remisión para la publicación en el Boletín oficial se realizó a las 12:20, mientras que las mociones de Más Madrid y PSOE se registraron a las 13:03 y 13:07, respectivamente.

Por este motivo se considera nulo el acuerdo de la Mesa, «totalmente contrario al Estatuto de Autonomía y al Reglamento de la Asamblea».

En cuanto a la presentación del recurso, el Grupo del PP en la Asamblea afirma que es «exclusivamente una maniobra más de dilación par parte de la Mesa de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid de aceptar la disolución del Parlamento», motivo por el que, se añade en el escrito de impugnación, «la Asamblea va en contra de sus propios actos».

De hecho, se afirma que la Mesa es «plenamente consciente de la validez» del decreto de disolución de la Asamblea y convocatoria electoral , «al ser anterior al registro de las mociones de censura» presentadas.

«Rebeldía institucional»

Por ello, al admitirlas a trámite y tomar la decisión de recurrir el decreto de Ayuso ante el TSJ de Madrid, la Mesa de la Asamblea entró en «rebeldía institucional, ya que resulta inaudito que con maniobras en claro fraude de Ley se pretenda anular la disolución –de la Asamblea–, incurriendo en un irresponsable cuestionamiento de la legítima prerrogativa de disolución que el Estatuto de Autonomía atribuye al presidente de la Comunidad de Madrid».

En la Asamblea de Madrid ayer se vivieron momentos de tensión y situaciones inéditas. El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad (Cs) convocó a la Mesa de la Diputación Permanente a las 11 de la mañana para analizar el decreto firmado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que disolvía la Cámara y convocaba elecciones cuando no han pasado ni dos años desde la última convocatoria electoral.

El que Trinidad convocara a la Mesa de la Diputación Permanente y no de la Mesa de la Asamblea implicaba ya de por sí el reconocimiento expreso de que la Cámara se daba por disuelta, ya que es el órgano al que le correspondería tomar decisiones al convocarse elecciones, lo que, por extensión, implicaría que se da validez al decreto de Ayuso frente a las mociones de censura de PSOE y Más Madrid.

Más tarde, la Mesa, con los votos en contra de PP y Vox votaba a favor del recurso del TSJ, una maniobra que causó extrañeza porque por un lado la Cámara admitía el decreto de Ayuso pero por otro acudía a los tribunales en contra del mismo. Los populares creen que todo esto se ha hecho «para salvar cualquier tipo de responsabilidad jurídica que pudiera tener consecuencias para el presidente de la Cámara», asegura el diputado Pedro Muñoz Abrines. Y es que desde la Puerta del Sol ya advirtieron Trinidad que los acuerdos de la Cámara no eran válidos y que no se podía convocar nada en el día de ayer. En caso contrario, podría estar incurriéndose en prevaricación, lo que generaría una crisis institucional sin precedentes.