Illa impone la inacción a las autonomías pese al pico de Covid

Apáñenselas. No es literal, pero es lo que vino a decir ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a los consejeros autonómicos, en una reunión que tenía como primer punto del orden del día el grito de auxilio de las comunidades para que se les faciliten nuevos instrumentos para aumentar las restricciones y la limitación de movimientos por la nueva explosión de la pandemia.

«Hay que tener paciencia». Esto sí es literal de las palabras del ministro. Ayer se notificaron 41.576 nuevos positivos, la cifra más alta de la pandemia, y la incidencia acumulada sigue aumentando, situándose en 736,23 frente a los 714 del martes.

Pero el ministro paró la revuelta de la mayoría de las comunidades, con la ayuda del efecto de las presiones de Moncloa sobre algunos de sus gobiernos autonómicos para que se plegasen a la unidad de inacción.

«Con los contagios disparados y los hospitales saturados, miramos para otro lado y ni siquiera nos dejan actuar a las comunidades». La reflexión de unos de los asistentes al consejo telemático provoca una pregunta inmediata: ¿Por qué? Y no hay mucha más explicación que la política: no querer reconocer que erraron cuando establecieron este estado de alarma y el miedo a perder el control total sobre la situación. Además de la campaña catalana, circunstancia no menor, con el ministro, como candidato del PSC a la Generalitat, haciendo equilibrios con las responsabilidades que acumula.

La secuencia del Consejo Interterritorial de Salud fue la siguiente, según confirmaron varios asistentes a la reunión. El ministro comenzó diciéndoles que el arsenal de medidas que tenemos a disposición es suficiente. Y despejó el balón con aquello de que están dispuestos a escuchar las sugerencias de nuevas medidas. Las escuchó, para después dejarlo todo como está.

La posición de la Junta de Castilla y León de promover este sábado la ampliación del toque de queda, decisión recurrida por el Gobierno de Sánchez, tuvo un amplio respaldo. El País Vasco pidió expresamente ese adelanto del toque de queda a las ocho de la tarde. Cataluña reclamó más herramientas, sin mencionar el adelanto del toque de queda. Galicia sí lo demandó. También Andalucía reclamó más herramientas y modificar el Real Decreto de estado de alarma para adelantar el toque de queda y permitir el confinamiento domiciliario.

Asturias planteó incluso que podría ser útil adelantar el toque de queda a las seis de la tarde. Cantabria no lo pidió, pero sí señaló que, si el Estado decide conceder esta posibilidad, su Gobierno estaría dispuesto a implementarla.

La Comunidad Valenciana se sumó a la exigencia de adelantar el toque de queda. También Castilla-La Mancha y Baleares. Las tres tienen Gobierno socialista, como también lo hay en Asturias.

La Rioja, Aragón, Canarias, Navarra, Melilla y Extremadura no pidieron nuevas medidas. En el debate interno llamó especialmente la atención la postura de Extremadura, con un Gobierno del PSOE que se enfrenta a una situación límite porque las UCI ya igualan el máximo del pasado mes de abril. Pese a que esté batiendo récords de contagios, pesó más la confrontación nacional, y su posición fue cargar contra Castilla y León, gobierno del PP, con el mismo discurso con el que había presionado el ministro de Sanidad a la Junta de Castilla y León cuando decidió adelantar el toque de queda.

Así, como ya trasladó el delegado del Gobierno al Ejecutivo de Mañueco, vía privada, Extremadura también les acusó de falta de lealtad porque es preciso «unidad de acción». Unidad de acción para estarse quietos y esperar a que pase la ola.

Madrid sí que pidió herramientas adicionales y modificar el decreto del estado de alarma, aunque su representante no mencionó expresamente el toque de queda. El martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se descolgó con unas declaraciones en las que se posicionaba frontalmente en contra de flexibilizar el toque de queda, como reclaman las otras comunidades del PP. «Conmigo que no cuenten para arruinar a la hostelería», aseveró.

El consejero de salud de Murcia no se conectó en toda la tarde. Pero poco después de que se saltase su turno se conoció su dimisión como consecuencia de la polémica generada al conocerse que se había vacunado antes que otros colectivos prioritarios, según adelantó «La Verdad de Murcia».

El ministro concluyó el Consejo diciendo que se estudiarán las medidas propuestas, pero que parece que las que hay son suficientes. Paciencia, por tanto. La respuesta de las comunidades la dio el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, anfitrión de la reunión telemática del Consejo Interterritorial. «No se puede hacer más desde las competencias que tenemos asignadas».

Cierto es que el ministro reconoció que los datos no son buenos, pero para sujetar las bridas autonómicas defendió que «estamos acercándonos a una estabilización de la curva».

El debate sobre la modificación del estado de alarma y la revisión de este marco de lucha contra la pandemia coincide con el contexto electoral catalán. Desde el punto de vista estratégico, a Moncloa y a Illa les conviene no someterse al desgaste de nuevos debates parlamentarios, ni a la tarea de reconstruir una difícil mayoría, que podría hacer falta de aceptarse la demanda de que se facilite flexibilizar el margen para el confinamiento domiciliario.

Las decisiones no las toma Illa, salen de Moncloa, pero como cara más visible de la lucha contra la pandemia, una vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha retirado del escenario salvo si hay buenas noticias que contar, todos los reveses en la política para combatir el virus caen directamente sobre la espalda del ministro-candidato.