El juez que investiga la “operación Kitchen” ha reclamado al Ministerio del Interior más información sobre los pagos con fondos reservados al chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, entre julio de 2013 y septiembre de 2015 en el marco de la supuesta operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP información comprometedora para el partido sobre la “caja B”.

Manuel García Castellón pone de relieve que las declaraciones prestadas por varios testigos que tenían responsabilidad en la gestión de los fondos reservados -en especial la del facultativo Miguel Ángel Bayo- han puesto de relieve “disfunciones e irregularidades en la gestión y control” de esos fondos que habrían permitido “su utilización ilícita propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales”.

Así consta en una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN en la que el magistrado de la Audiencia Nacional accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción en la que reclama a la Secretaría de Estado de Seguridad, a través de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que determine en qué “concepto o conceptos” se asignó según la normativa que regula el uso de esos fondos la compra de una pistola (700 euros) y de un ordenador (1.905 euros) a Ríos, en su condición de confidente policial.

Asimismo, el magistrado quiere saber si en Interior consta “una operación policial en la cual se incluya el abono de gastos reservados” con cargo a esos concepto “cualquier que haya sido su clasificación (pagos a colaboradores, actividades de investigación, adquisición de equipos y materiales, etc.)” entre las fechas reseñadas (cuando se produjeron los pagos al chófer de Bárcenas a razón de 2.000 euros mensuales).

García Castellón solicita además la información de la que disponga el ministerio que ahora dirige Fernando Grande-Marlaska respecto a si esos desembolsos “se justificaron como cantidades de información y no como cantidades de operaciones en los correspondientes documentos mensuales elevados desde la Dirección Adjunta Operativa”, a cuyo frente estaba Eugenio Pino, a la Secretaría de Estado de Seguridad.

Sin embargo, el instructor cree que una nueva citación para declarar de Pino, como pedía la Fiscalia, “no resulta necesaria en este momento”, aunque deja la puerta abierta si la información que remita Interior “pueda justificar su presencia” en sede judicial. García Castellón recuerda que el exnúmero dos de la Policía ya declaró como investigado el pasado día 14, cuando Anticorrupción “ya tenía conocimiento de las cuestiones que se exponen en la presente resolución”.

No se justificaban las operaciones policiales

Entre las “disfunciones” que la declaración de el policía jubilado habrían puesto de relieve, García Castellón señala que la documentación que remitía la DAO a la Secretaría de Estado que en esas fechas dirigía Francisco Martínez -investigado en esta causa al igual que el entonces ministro Jorge Fernández Díaz- “no se ajustaba siempre a la normativa legal que regulaba la gestión de esos fondos a partir de 1995”. Asimismo, constata que estos no se solicitaban “ni se justificaban en relación a operaciones policiales concretas”. El juez también advierte que en algunos casos desde la Secretaría de Estado de Interior “se libraban los fondos antes de comprobar la documentación que se remitía” desde la Dirección Adjunta Operativa.

García Castellón también ve irregular que mensualmente se abonaran al comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño (también investigado y cuyas declaraciones acarrearon la imputación de Francisco Martínez), montantes fijos de esos fondos reservados que “no estaban vinculados a ninguna necesidad operativa concreta. Unos fondos cuyo uso, añade en la resolución, “nunca fue justificado documentalmente”.

Esa “irregular entrega” de fondos reservados a García Castaño -que percibió en ocho pagos 50.000 euros en total entre julio de 2014 y mayo de 2015, aunque él niega que se destinaran a la “operación Kitchen”-, continúa el magistrado, “estaba verbalmente autorizada” por el DAO Eugenio Pino.

De ahí que la investigación haya arrojado indicios, concluye el instructor, de que para el pago del “cocinero” o “K2” (apodos con los que se conocía a Ríos) “se habrían utilizado fondos reservados del Ministerio del Interior”.